VALÈNCIA (EFE). Los mercados de proximidad implantados por el anterior Gobierno local de València han enfrentado este jueves en Les Corts Valencianes a los grupos de la oposición, que los han defendido, con el PP y Vox, que los han criticado por "competencia desleal" y por "falta de controles".
La comisión parlamentaria de Agricultura ha debatido una propuesta de Compromís -que no se ha aprobado- que pedía no demorar el trámite para declarar como bien de interés cultural inmaterial la Tira de Contar, como aprobó el pleno del Ayuntamiento de València en abril, y rechazar la retirada de los mercados de la huerta.
La diputada de Compromís Paula Espinosa ha reivindicado que la Tira de Contar es una figura que existe desde el siglo XII y permite que los agricultores puedan venden su propia producción al día siguiente de recolectarla, mientras que ha ofrecido quitar el punto sobre los mercados de proximidad en aras del consenso.
El diputado de Vox José Muñoz ha indicado que la Tira de Contar tiene un bagaje y hay que acelerar su declaración como BIC, pero ha acusado a Compromís de defender unos mercados de proximidad que "ninguno de los agricultores de la Tira de Contar quiere", porque son "competencia desleal" y no se certifica la trazabilidad y seguridad de los productos que se venden.
Asimismo, el diputado del PP José Forés ha indicado que la Tira de Contar es una institución "única en el mundo" y un "testimonio vivo" de la historia y tradiciones, que cuenta con un espacio en Mercavalencia y utilizan 300 agricultores, pero no se puede "interferir" en su declaración como BIC, un procedimiento regulado por ley.
Forés ha acusado a Compromís de "imponer" los mercados de la huerta y crear un "enfrentamiento" con los mercados tradicionales, que consideraban que les perjudicaban, a lo que Espinosa ha replicado que expliquen a las 300 personas que trabajan en la Tira de Contar por qué no apoyan la propuesta para que se declare BIC.
La diputada socialista Ana Belsaduch ha respaldado la iniciativa de Compromís sobre un privilegio que otorgó Jaume I en el siglo XII; ha calificado de "despropósito monumental" que se diga que los agricultores no cumplen los controles fitosanitarios; y ha reivindicado que se puedan vender y comprar directamente estos productos.