VALÈNCIA. La consellera de Hacieda del Gobierno valenciano, Ruth Merino, cargó este jueves contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el BOE confirmase la noticia, adelantada por Valencia Plaza, de que el Gobierno retrasará hasta septiembre el pago de los más de 5.000 euros que debe a las Comunidades Autónomas tras la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. De esa cantidad, casi 520 millones corresponden a la Generalitat.
"La desvergüenza de la ministra y vicepresidenta Montero para mentir y hacer política con la financiación de las CCAA no tiene límites", señaló Merino en declaraciones remitidas a este periódico. "La ministra se irá de vacaciones sin pagar a los valencianos la actualización pendiente de las entregas a cuenta", añadió.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves el real decreto ley por el que se actualizan las entregas a cuenta del sistema de financiación, con lo que a partir de julio se pagará lo que estaba acordado en 2024 y no las cantidades de 2023, como se ha hecho durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, el dinero dejado de percibir en este primer semestre no se abonará a las CCAA ahora, sino "a partir de septiembre", según consta en el decreto.
"Además de presumir de una supuesta mejora de la financiación que no es más que desbloquear la llegada de unos fondos que los valencianos deberían estar recibiendo desde el 1 de enero, ahora nos enteramos por el BOE de que Montero aún va a seguir reteniendo esos fondos algunos meses más", lamentó la consellera.
El retraso del Gobierno no tiene justificación, ya que es un dinero que se ha recaudado y pertenece por ley a las CCAA. De hecho, ya se habría transferido si se hubiesen aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2024. La retención de ese dinero perjudica a todas las CCAA, pero especialmente a la valenciana, que adolece de una falta de liquidez crónica debido a la infrafinanciación. De hecho, la Generalitat ha tenido que pedir anticipos al Gobierno que Montero sí ha concedido, lo que hace aún más inexplicable su decisión de retrasar el pago de lo que debe.
"Nada menos que nueve meses piensa la ministra retener el dinero de la sanidad, la educación y los servicios sociales que podría haber enviado por real decreto-ley desde el primer día", subrayó Merino, que concluyó: "Insisto, nueve meses sin cumplir con su obligación con las CCAA a costa de asfixiarlas financieramente sin ningún reparo, porque la ministra podría haberlo evitado".
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