VALÈNCIA. Este miércoles se dio el pistoletazo de salida de las negociaciones en el Ayuntamiento de València para acordar las bases generales que regirán los procesos de consolidación y estabilización de casi un millar de plazas -931, exactamente- ocupadas por interinos en el consistorio, en algunos casos desde hace más de tres décadas. El proceso se produce para aterrizar el último Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobado por el Gobierno central para limitar el abuso de los interinos en la administración, tanto estatal, autonómica como municipal.
Así pues, tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles de la pasada semana, la concejalía de Personal, que dirige Luisa Notario, y los diferentes sindicatos representados en la Mesa General de Negociación consistorial se pusieron manos a la obra, y este miércoles tuvo lugar el primer encuentro de un calendario que pretende tener una conclusión a mediados del mes de septiembre, según ha podido saber este diario.
El decreto aprobado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez precisa que las plazas que serán objeto de estabilización son aquellas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas por interinos ininterrumpidamente al menos tres años antes al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, marca un calendario según el cual las ofertas de empleo para la estabilización de plazas deberán publicarse antes de que acabe este año, para convocarse los procesos selectivos antes de que acabe el año que viene, y que puedan ser resueltos antes de 2025.
Se trata, así pues, de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas. Y se hará, generalmente, a través de procesos de concurso-oposición en los que la parte del concurso podrá contar hasta un 40% de la nota final. Así pues, los interinos de larga duración deberán presentarse a estos procesos y aquellos que no lo superen podrán percibir una compensación económica de veinte días por año de servicio.
Además, los interinos que no superen el proceso selectivo para la estabilización de plazas, podrán también ser incluidos en bolsas de trabajo específicas o podrán ser integrados en bolsas que ya existen. En este caso, el decreto se refiere a aquellos candidatos que, habiéndose presentado al proceso y sin haberlo superado, "sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente".
Así pues, todos estos asuntos deberán negociarse entre la concejalía de Personal y los sindicatos. Por ejemplo, cuánto cuentan los méritos en los procesos selectivos, cuál es el temario, cómo es el examen, cómo se realizará la integración de los no aprobados en bolsas de trabajo y cuánta puntuación será "suficiente" para ello. En el Ayuntamiento de València, hay 1.496 interinos, pero en un principio estas convocatorias afectarán a 931 plazas, ocupadas por interinos desde antes de 2018 -al menos tres años-. Con todo, según explica la edil de Personal, se intentará buscar una solución al resto, que quedan fuera del decreto.
En la concejalía entienden el "desasosiego y la angustia" que genera en muchos empleados temporales del consistorio enfrentarse a este proceso. Sin embargo, Notario señaló que "el espíritu unánime de la Mesa General de Negociación ha sido tener un proceso de diálogo y negociación para llegar a un acuerdo que garantice realizar procesos en igualdad de oportunidades para todo el personal interino y que favorezca la retención del talento, la experiencia y la profesionalidad para garantizar una administración pública eficiente".
La edil dijo, en este sentido, que se hará siempre "aplicando las condiciones más favorables que nos permita la legislación para acabar en la situación de interinidad que sufren algunos desde hace décadas". Notario también destacó que el decreto del Gobierno pone "en una situación complicada" a los ayuntamientos en cuanto a la gestión de los procesos en el calendario marcado "después del incumplimiento sistemático" por parte del Ministerio de Política Territorial, que hasta hace poco dirigía Miquel Iceta, que ha "demorado sin justificación la regulación necesaria", a juicio de la edil de Personal.
En este sentido, tanto sindicatos como Notario señalaron la "urgente necesidad" de suprimir "cualquier tasa de reposición" en la Ley de Presupuestos que limite la posibilidad de los ayuntamientos para "ejecutar una adecuada planificación de sus plantillas y poder dejar la contratación temporal como una herramienta residual". El sindicato CSIF informó a sus integrantes que su intención es "llevar al máximo las previsiones del Real Decreto Ley para conseguir el mejor acuerdo posible".
