Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EFE/Eduardo Sobreviela). Este miércoles se cumple un mes desde que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, desató con su anuncio de suprimir el Impuesto de Patrimonio en su comunidad una batalla fiscal y política que se saldó con un puñado de rebajas de ámbito estatal y autonómico, y la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas.
Moreno aprovechó un desayuno informativo en Madrid el 19 de septiembre para anunciar una bonificación del 100 % en el Impuesto de Patrimonio con la intención de evitar la fuga de los contribuyentes que más pagan y conseguir el regreso de los que ya habían salido y la llegada de otros nuevos que acabasen incrementando la recaudación total a través del IRPF y otros impuestos.
Al día siguiente, además, hizo un llamamiento directo a los empresarios catalanes: "En Cataluña hay impuesto de sucesiones, aquí no; en Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España".
La guerra había comenzado y uno de los primeros en contraatacar fue el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que a título "personal" se mostró partidario de una mayor centralización fiscal para evitar el "despropósito" de la competencia tributaria entre comunidades, que había iniciado Madrid años antes y que, efectivamente, se extendería en las semanas siguientes.
Otros miembros del Gobierno y del PSOE se posicionaron a la vez contra la iniciativa de Moreno, contra las rebajas "masivas" de impuestos que se planteaban desde el PP y contra una hipotética "recentralización" -en palabra que en realidad nunca mencionó Escrivá, como él mismo trató de aclarar- e intentaron dirigir sus fuerzas hacía una "armonización" fiscal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó, además, a evitar una competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas porque, cuando la periferia compite en este ámbito con Madrid, avisó, siempre pierde la periferia.
Las reacciones llegaron de inmediato desde las comunidades autónomas, en unos casos lógicamente a favor, como el presidente gallego, Alfonso Rueda, que en todo caso aseguró que Galicia continuará con su "propia senda" fiscal; y en otros en contra, como el valenciano Ximo Puig, partidario de "continuar en la línea de fortalecer el Estado social a través de una aportación que tenga que ver con la Constitución", es decir, en función de las posibilidades.
En Cataluña, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, rechazó entrar en "subastas populistas" de rebajas de impuestos y pidió al presidente andaluz que "deje a Cataluña en paz", en medio de una carrera fiscal que el PSOE calificó de "destructiva" y el PP de "sana".
Tras las palabras llegaron enseguida los hechos: primero Murcia aprobó una rebaja del 4,1 % en el tramo autonómico del IRPF por la que unos 330.000 contribuyentes, más de la mitad de los 600.000 que hay en la Región, dejarán de pagar entre 8,5 y 10 millones de euros en su declaración de 2022.
Galicia anunció la duplicación -del 25 al 50 %- de su bonificación al impuesto de patrimonio y a continuación que deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, lo que supondrá un "ahorro" en la próxima declaración de la renta de 46 millones de euros para las rentas medias y bajas, menores de 35.000 euros.
El primer ejecutivo socialista en sumarse a la carrera fiscal fue el valenciano, cuyo presidente, Ximo Puig, anunció en el debate sobre el estado de la comunidad tres medidas fiscales "de calado" dirigidas a quienes cobran menos de 60.000 euros, pero sin "regalos fiscales a las fortunas", que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso como ejemplo al Gobierno de lo que debía "copiar".
También en su debate sobre el estado de la región, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció días después un paquete de deducciones en el IRPF para las rentas de hasta 30.000 euros, por la adquisición de libros de texto o por el abono de los centros de educación infantil, entre otros.
El siguiente fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que adelantó una propuesta para poner en marcha la mayor bajada de la historia de las tasas y precios públicos para aliviar la carga de las familias.
Y el círculo lo cerró Madrid, pionera en las rebajas fiscales, al aprobar la semana pasada, con los votos del PP y Vox y el rechazo de la izquierda, ampliar la bonificación del 25 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, en lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denominó un nuevo paso para "generar prosperidad en un marco de libertad económica".
Finalmente, el colofón lo puso el Gobierno al plantear un "impuesto de solidaridad" para recaudar 1.500 millones de euros de las grandes fortunas, que afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.
Este nuevo impuesto forma parte de un bloque de medidas que incluye la ampliación de la reducción por los rendimientos del trabajo en el IRPF a rentas de 18.000 a 21.000 euros, el aumento de la tributación de las rentas de capital en el IRPF, la rebaja del impuesto de sociedades a las pymes que facturan menos de un millón de euros y la bajada del 10 al 4 % del IVA de los productos de higiene íntima femenina.
Algo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han advertido de que tendrá la correspondiente respuesta judicial por invadir sus competencias.
