El Reglamento de la Cámara establece que, para formar grupo parlamentario en el Congreso se requiere tener más de 15 diputados, o bien un mínimo de cinco escaños más el 5% de los votos del conjunto de España o el 15% en las circunscripciones donde se haya concurrido.
El PSOE, el PP, Vox y Sumar se han constituido por la vía rápida, ya que cuentan con más de 15 diputados, mientras que el PNV y Bildu hicieron lo propio al haber superado el 15% en todas las circunscripciones donde se presentaron.
Pero Esquerra Republicana y Junts, con sus siete diputados cada uno, no llegan al 15% en todas las circunscripciones, sólo en dos, y ni siquiera alcanzan ese porcentaje en el conjunto de Cataluña, por lo que necesitaba ayuda para su constitución como grupo propio.
Seis diputados de ida y vuelta
Al final, el PSOE y Sumar optaron por prestarles diputados para superar esa media del 15% en Cataluña. Así, Sumar cedió a ERC dos diputados de En Comú --el de Tarragona, Félix Alonso, y la de Girona, Jùlia Boada--, mientras que el PSOE tuvo que elevar el préstamo a Junts hasta cuatro escaños del PSC --los dos de Girona, Marc Lamuá y Blanca Cercas, y los de Tarragona, Andreu Martín y Valle Mellado--, porque los de Carles Puigdemont se quedaron mas lejos del 15% el 23 de julio.
Así, el grupo de Junts se registró con once diputados (siete independentistas y los cuatro del PSC), y el de ERC con nueve (siete más dos). Cuando se termine los trámites, los de En Comú y del PSC se adscribirán a los grupos de origen.
La autorización del grupo propio era una exigencia preliminar de los independentistas para poder hablar de la investidura de Pedro Sánchez y fue uno de los motivos que llevaron a ERC y Junts a apoyar a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, ya que así se aseguraban un mayoría de PSOE y Sumar frente al PP.
El visto bueno a la operación lo ha dado este lunes por la tarde la Mesa del Congreso gracias a esa mayoría que forman el PSOE y Sumar, que son precisamente los que han prestado los diputados. El PP, por su parte, ha votado en contra al considerar que ese trasvase de porcentajes es un "fraude de ley" que altera el reglamento y la voluntad expresada en las urnas por los electores.
La vía de la cesión de diputados se ha utilizado en legislaturas precedentes, como cuando UPN se sumaba a CC para que los canarios tuvieran grupo o cuando Foro ayudó a UPyD a llegar al 5% nacional. Desde el PSOE esgrimen esos antecedentes y una sentencia del Constitucional de 1995 donde se avalaba que la exigencia del 15% no se aplicase en todas las provincias, sino como media en el conjunto de las circunscripciones.
No solo se mueven escaños, también se divide el voto
Pero desde el PP recuerdan que esos préstamos sólo implicaban movimiento temporal de escaños, pero no dividían el porcentaje de voto de una formación política, como ocurre ahora con Sumar y el PSOE. Por eso, subrayan que, además del "fraude" del reglamento se produce una "distorsión" de los resultados electorales del 23J, ya que los votos de Sumar en dos provincias se regalan a ERC y los del PSC en otras dos se atribuyen a Junts.
Y subrayan que el artículo 23.2 del Reglamento establece que "en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido", cuando ahora va a haber diputados de Sumar en dos grupos parlamentarios (Sumar y ERC), y del PSOE en otros dos (Socialista y el de Junts). Precisamente ese artículo es el que esgrime Vox para pedir que se revoque la autorización de la Mesa.
Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones; mientras que dentro del Grupo Mixto hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.
En las sesiones de control, tener grupo propio posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones para poder debatir semanalmente con al Gobierno, así como ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos; en cambio, en el Grupo Mixto todo ese 'pedazo de tarta' debe distribuirse a partes iguales.
Ventajas de tener grupo propio
En el plano económico, tener grupo permite acceder a dos tipos de subvención: la que otorga el Congreso a cada grupo --364.160,64 euros al año (30.346,72 al mes) la pasada legislatura-- y la que da el Estado por el envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña (mailing).
Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigan grupo propio tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos. Junts, por ejemplo, se quedó fuera de los debates y los planes de cobertura de RTVE en la campaña del 23J porque hace cuatro años no logró grupo propio, sino que lo estuvo compartiendo con PDeCAT, BNG, Compromís y Más País.
El PP se han opuesto también, por falta de inequidad, a otra de las decisiones de la mayoría, la de adjudicar dos portavoces adjuntos a los grupos parlamentarios pequeños, entre ellos los hipotéticos socios de Pedro Sánchez como ERC, Junts, PNV y Bildu.
Conforme al reparto establecido los grupos mayoritarios (PP y PSOE) tendrán cinco portavoces adjuntos, los medianos (Vox y Sumar) contarán con tres, y los de menos de diez escaños pasarán a tener dos adjuntos más el titular. Y eso ya puede sentar un precedente para cuando haya que repartir las portavocías en las distintas comisiones.
Nueve grupos
Así las cosas, y aunque se puedan presentar recursos contra esta decisión de la Mesa, la decimoquinta legislatura va a arrancar con nueve grupos parlamentarios en el Congreso: PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el Mixto, donde irán a parar los tres diputados que no se adscriban a ningún grupo (UPN, CC y BNG).
Y a partir de aquí ya se podrán empezar a tomar otras decisiones importantes para el funcionamiento de la Cámara como organizar el reparto de escaños en el hemiciclo, constituir la Junta de Portavoces y aprobar un calendario de sesiones plenarias, pasos necesarios para arrancar la legislatura. De entrada, el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo ya tiene fecha fijada (26 y 27 de septiembre).