Las entidades financieras están informando a sus clientes de lo que cuesta un servicio de asesoramiento y gestión de carteras -a través de las cartas que les están haciendo llegar- gracias a la directiva europea
ALICANTE. La aplicación de la normativa MiFID II está teniendo sus efectos en la relación comercial que desarrollan los profesionales del sector financiero con sus clientes, impactando en las reglas de juego y en la propia conciencia de todos los players del sector. En estos días, los clientes están recibiendo, bien por correo postal o bien por otros medios online, el informe anual de comisiones y gastos. Es decir, definitivamente pueden vislumbrar y analizar lo que cuesta un servicio de asesoramiento y gestión de carteras. Es cierto que parte de esta información ya la conocían, sobre todo en el caso de la gestión activa de carteras de fondos, pero ahora, al recibir el desglose integral de gastos y comisiones, son informados de forma concisa y clara sobre el coste completo que implica la relación comercial.
Esta nueva realidad no es nada negativa, sino más bien todo lo contrario. Precisamente, el objetivo que persigue el regulador es que haya total transparencia para que cada cliente pueda juzgar si el precio compensa el servicio/retorno/profesionalidad. Así ocurre en muchos ámbitos del mundo de los servicios donde el coste es explícito: una minuta, una consulta, un proyecto, etc. y eso es lo que viene ahora a implantarse también en el mundo de la gestión patrimonial. La claridad y la transparencia es buena, per se, porque iguala la relación entre ambas partes.
En el mundo del asesoramiento independiente, estas reglas de juego están ya asentadas en las relaciones con los clientes, que saben y conocen al máximo nivel de detalle lo que les supone el asesoramiento y gestión lo que permite que puedan valorar y juzgar la labor del profesional o de la casa de una manera objetiva, sin condicionantes de ningún tipo. Porque no hay más.
Si consideran adecuado el servicio que reciben y el resultado obtenido no hay que realizar más preguntas porque el resto de los factores ya los conocen. De este modo, también se logra la segunda gran intención del regulador con los cambios normativos: evitar los famosos conflictos de interés. No prima ninguna otra meta que dar el mejor servicio y el mejor resultado y sólo se juzga en base a ello.
Tiempo queda para que esta implantación sea definitiva y se extienda de una manera más generalizada, pero esto pone de manifiesto la gran duda que ha surgido en el interior de muchos profesionales de banca privada. ¿Entenderán los clientes que esto tiene un coste?, ¿lo pagarán? Pues de una forma u otra, este coste ya existe y, si se transmite y se acuerda con el interlocutor, posiblemente la relación sea más fructífera y eficiente a largo plazo porque las bases habrán quedado definidas desde el principio.
En este nuevo escenario la labor del asesor financiero es crucial, si interacción con el cliente implica traducir su situación y perfil a una cartera y ésta evoluciona con los mercados, donde el servicio del profesional se medirá en términos cuantitativos, pero también cualitativos. Y si todo ello va acompañado de máxima transparencia, mejor que mejor.
Héctor García Quintanilla es Asesor Patrimonial de Diaphanum en Alicante