Imagen de archivo. Foto: JUAN MEDINAVALÈNCIA (EP). La migración irregular en España por vía marítima y terrestre ha subido, con un total de 56.852 inmigrantes, un 82,1% en 2023 con respecto al año anterior, cuando llegaron 31.219 personas de forma irregular (25.633 personas más), según el balance quinquenal del Ministerio del Interior, publicado este miércoles 3 de enero.
Esta subida se debe especialmente al récord absoluto de llegadas irregulares a las Islas Canarias, donde llegaron 39.910 inmigrantes, lo que supone un 154,5% más que en 2022, cuando llegaron 15.682 personas de manera irregular (24.228 más).
Aunque también han aumentado las llegadas a la Península y Baleares por vía marítima, la subida no ha sido tan pronunciada como en las Islas Canarias. En concreto, en 2023 llegaron un total de 15.435 personas de manera irregular a la Península y Baleares, un 19,1% más que en 2022, cuando llegaron 12.995 inmigrantes (2.480 más).
De este modo, 2023 se ha convertido en el segundo año con más llegadas de forma irregular a España, después de 2018, cuando se registraron 64.298. Sin embargo, ha sido el primero en el que han arribado mayor número de personas a Canarias, superando incluso a 2006, con la conocida 'crisis de los cayucos' (31.678).
Los 55.618 inmigrantes que llegaron a España en 2023 por vía marítima arribaron en 1.817 embarcaciones, lo que supone un 6,6% más que en 2022 (1.704 embarcaciones).
No obstante, aunque el número de inmigrantes llegado a la Península y Baleares aumentó (de 12.995 en 2022 a 15.435 en 2023), el número de embarcaciones que llegaron se redujo en un 10,2% (de 1.292 en 2022 a 1.160 en 2023).
Por lo tanto, el aumento total del número de embarcaciones que llegaron a España se debe a los cayucos que llegaron a las Islas Canarias, donde arribaron 610 embarcaciones en 2023, un 74,3% que en 2022, cuando llegaron 350 embarcaciones.
Por su parte, las llegadas a Ceuta por vía marítima se redujeron un 46%, pasando de 124 llegadas en 2022 a 67 llegadas en 2023, mientras que las llegadas a Melilla aumentaron en un 21,9% (de 169 en 2022 a 206 en 2023).
Por vía terrestre, el total de inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla se redujo en un 46,1%, ya que en 2022 llegaron 2.289 personas de manera irregular por vía terrestre y en 2023 las llegadas se han reducido a 1.234 (1.055 menos).
Tras conocerse estos datos, fuentes del Ministerio del Interior han recordado que sólo en dos meses, entre el 18 de octubre y el 18 diciembre de 2023, el despliegue de la Guardia Civil en Senegal, en colaboración de las fuerzas de seguridad senegalesas, interceptó en Senegal y Gambia más de 7.200 personas y 59 embarcaciones en dirección a Canarias, lo que supone que "casi un 50% de la presión migratoria de salida de estos dos países se ha frenado en origen".
Desde el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska defienden que la migración "es un fenómeno de enorme complejidad en el que influyen numerosos factores" y destacan que la presión migratoria "seguirá existiendo" en todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, como se observa también en Italia, en Grecia o en Chipre. La inestabilidad política y social en muchas zonas de África, el incremento exponencial de la población y la falta de recursos son elementos estructurales que, según apunta Interior, "no se solucionan de un día para otro".
Para hacer frente a esta situación, recalca que España impulsa desde hace cinco años una política migratoria basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas, una acción que, según asegura el Ministerio, "está funcionando y evita en origen el 40% de las salidas irregulares".
Asimismo, Interior ha puesto en valor el reciente Pacto Migratorio europeo firmado bajo la presidencia española de la Unión Europea, que "construye una mejor Europa, más fuerte y solidaria". Precisamente, subraya que se trata de un acuerdo "extraordinariamente positivo, que da instrumentos a la Unión Europea para favorecer una migración segura, ordenada y regular".
El pacto incorpora, explícitamente y por primera vez, fórmulas obligatorias de solidaridad con los Estados de primera entrada de la migración, como España, los más afectados por la presión migratoria en las fronteras exteriores de la UE.
