VALÈNCIA (EFE). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves un "impuesto de solidaridad" para fortunas de más de 3 millones de euros, deducible en el impuesto de patrimonio y que afectará a 23.000 contribuyentes, un 0,1 % del total.
En rueda de prensa para presentar el paquete de medidas fiscales del Gobierno, Montero ha detallado que el nuevo impuesto, que estará en vigor durante los ejercicios 2023 y 2024, tiene un potencial de recaudación de 1.500 millones de euros.
El nuevo tributo afectará a 23.000 contribuyentes, un 0,1 % del total, y tendrá tres tramos: un tipo del 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5 millones; 2,1 % para patrimonios de entre 5 y 10 millones, y 3,5 % para patrimonios de más de 10 millones de euros.
Al ser deducible en el impuesto de patrimonio, ha aclarado Montero, apenas tendrá incidencia en los contribuyentes que ya abonan este impuesto, es decir, aquellos cuyas comunidades autónomas no lo han bonificado -como Madrid, que lo bonifica en su totalidad-.
Este impuesto -que, al ser de nueva creación, necesita una ley propia- es "provisional", ha añadido Montero, que espera que en dos años las comunidades autónomas logren un acuerdo sobre su modelo de financiación que aclare el futuro del impuesto de patrimonio. El tributo tendrá que concertarse con las diputaciones forales, ha aclarado la ministra, algo que no ocurrirá con el resto de cambios, que afectan a impuestos cedidos.
Montero ha anunciado además que el Gobierno ampliará la reducción por los rendimientos del trabajo en el IRPF a rentas de 18.000 a 21.000 euros, en tanto que elevará el mínimo exento de tributación de 14.000 a 15.000 euros.
La ministra ha explicado que el 50 % de los trabajadores se beneficiará de la ampliación de la reducción del IRPF, ya que el salario mediano es de 21.000 euros.
El impacto para los contribuyentes será de 1.881 millones de ahorro en dos años, mientras que para un trabajador sin descendientes que gana 18.000 euros anuales se calcula un ahorro fiscal de 746 euros al año, con lo que tributaría un 40 % menos.
"Protegemos al 50 % de trabajadores de nuestro país con una medida que tiene para ellos un alto impacto, 746 euros frente a los veintitantos que aporta cualquier deflactación, y que además es selectiva porque solo y exclusivamente beneficia a las personas que tenemos que proteger", ha afirmado la ministra.
Montero ha subrayado que las deflactaciones están contraindicadas por todos los organismos internacionales, porque "el IRPF se comporta como una escalera, si se reduce el tamaño del primer peldaño, el conjunto de la escalera se reduce".
"Cuando se deflacta se beneficia también a las rentas por encima de los 60.000 euros", ha añadido en referencia a la decisión de la Junta de Andalucía de deflactar el IRPF para las rentas menores a 60.000 euros.
Asimismo, se aprobará en el IRPF una rebaja adicional del 5 % en el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se elevará del 5 al 7 % la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directas simplificada para autónomos.
Hacienda estima que se beneficiarán a 577.688 autónomos en la rebaja de módulos y 956.462 autónomos en el régimen de estimación directa simplificada, con un impacto conjunto de ambas medidas de 184 millones de ahorro para los contribuyentes.
El gravamen para las rentas de capital entre 200.000 y 300.000 euros subirá un punto, hasta el 27 %, mientras que para las rentas superiores a 300.000 euros se elevará dos puntos, hasta el 28 %.
El objetivo, ha explicado Montero, es reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, con un incremento de la recaudación estimado de 204 millones en los dos próximos ejercicios y con 17.814 contribuyentes afectados.
Por otro lado, la ministra de Hacienda ha desvelado una bajada del impuesto de sociedades al 23 % para las pymes que facturan menos de un millón de euros y una limitación temporal de la deducciones de pérdidas de ejercicios anteriores que pueden aplicarse los grandes grupos empresariales.
Montero ha detallado que la bajada en dos puntos del tipo del impuesto de sociedades que facturan menos de un millón de euros beneficiará a 407.000 empresas y les permitirá ahorrar 292 millones de euros.
En cambio, los grandes grupos consolidados solo podrán deducirse el 50 % de sus pérdidas en 2023 -podrán aplicar el resto en 2024-, lo que permitirá incrementar la recaudación en 2.439 millones de euros en 2023 y 2024, y solo afectará a 3.609 empresas, un 0,2 % del total.
El paquete fiscal del Gobierno, según ha expresado la ministra, reportará unos ingresos fiscales netos de 3.144 millones de euros en los dos próximos años, logrando "un modelo más justo" de sociedad en palabras de Montero.
La titular de Hacienda ha insistido en que esta es "una propuesta conjunta" de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición y "forma parte del acuerdo presupuestario" que espera cerrar en breve.
El paquete de medidas fiscales también prevé la bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina, que pasa del 10 % al 4 %, como ya se había anunciado.
A su vez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este jueves, a través de su cuenta de Twitter, que su grupo, Unidas Podemos, ha alcanzado un acuerdo en fiscalidad con sus socios de Gobierno, PSOE, "después de muchos esfuerzos".
Díaz confía en que el nuevo paquete fiscal sirva para "hacer un país más justo y solidario", con medidas que exigirán "un esfuerzo a quienes más tienen". En su hilo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha explicado las medidas que estaba anunciando en rueda de prensa la ministra de Hacienda.
Díaz ha destacado el impuesto a las grandes fortunas para aquellos con patrimonios netos de más de tres millones de euros, y ha matizado que "será compatible con el impuesto de patrimonio". "Evitará el 'dumping' fiscal que propugna el PP", ha agregado.
El acuerdo también incrementa "la progresividad del IRPF en una doble dirección". Así, tributarán más las rentas del capital mayores de 200.000 y 300.000 euros. "Tiene que pagar más quien más tiene", ha defendido Díaz.
La otra dirección en la progresividad del IRPF es "reducir el peso de las rentas del trabajo", de forma que las rentas a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF.
"Beneficiará al 50% de los contribuyentes, especialmente a los que menos cobran, porque hasta los 15.000€ no pagará nada vinculado a las rentas del trabajo", añade Díaz.
La vicepresidenta segunda cita, también, el aumento de la tributación de las grandes empresas en sociedades, para acabar "con agujeros fiscales", y también reducirán la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los autónomos del 25% al 23%.
El Gobierno ha completado las medidas fiscales con una rebaja del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, que "son productos esenciales y no lujos". También se bajará el IVA de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.
Desde el lado empresarial, una de las primeras reacciones ha sido la del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien cree electoralista y "un auténtico error" el denominado "impuesto de solidaridad" anunciado este jueves por el Gobierno. Además, ha defendido que en "un país diverso" como España cada comunidad autónoma pueda decidir sobre "la pequeña parte" de los tributos en los que tendría competencia, y ha advertido de que "armonizar es centralizar".
En todo caso, Garamendi ha rechazado entrar a evaluar la propuesta concreta que ha presentado hoy la ministra, María Jesús Montero, hasta conocerla mejor. El máximo representante de la CEOE, en declaraciones a los periodistas en el BEC de Barakaldo, donde se ha celebrado XXI Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), ha reiterado, a falta de analizar el planteamiento de Montero, que "es un auténtico error lo que está haciendo el Gobierno" porque cree que lo primero que hay que abordar es la deflactación de las tarifas.
A su juicio, este es más "un debate electoral" ante un tema económico "serio". Además, ha advertido de que este tipo de medidas del Gobierno "no ayudan a que alguien quiera venir a invertir, cuando se cambian las normas cada tres días".