FOTO: Rober Solsona - Europa Press VALÈNCIA. (EP) La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha advertido al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y a los miembros del consejo de administración, sobre la responsabilidad personal de "cualquier actuación que contravenga las medidas cautelares aprobadas por el Consell", en relación a la ampliación norte del Puerto de València y la posible afectación al Parque Natural de La Albufera.
Así se lo ha hecho llegar por carta, en contestación, a su vez, a la respuesta de Martínez a otra misiva que ella misma le remitió hace unas semanas y en la que el presidente de la APV le hace constar que la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 observaba que el Puerto de València se encuentra a una "distancia suficiente" como para que las obras de la futura terminal norte no afecten a La Albufera.
Mollà le replica ahora que las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de La Albufera, "impiden la ampliación" del Puerto mientras dure la actualización, que la ampliación zonal en la revisión PORN, cuyo alcance puede crecer, impide descartar la afectación derivada del canal de acceso y dragados previstos, y traslada el escrito "a todos los miembros del consejo de administración".
La consellera recuerda en la carta los términos de las medidas cautelares que establecen la "prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido", a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos.
El escrito, remitido asimismo a todos los miembros del consejo de administración, deja así constancia de que "cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella".
La carta recuerda que la actualización del PORN tiene por objeto la ampliación zonal cuyo alcance "no se conocerá hasta que no concluya el procedimiento de revisión, con una duración máxima de tres años".
En este sentido, señala que no cabe descartar la afectación derivada de obras como el canal de acceso y dragados previstos en tanto que se desconocen los extremos de la nueva extensión territorial que ya incluye, por ejemplo, la zona marina próxima a litoral del Parque Natural.
"La APV no puede concluir que no se verá afectado un territorio que permanece abierto a incluir nuevas zonas y prolongar su tamaño", subraya Mollà.
La ampliación se adecúa, además, a la necesidad de incorporar lo establecido en la Ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad.
Esta norma, en su artículo 29.2, indica que si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, "las normas reguladoras y mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado". Esta obligación "facilita la comprensión de la protección y favorece la seguridad jurídica".
