VALÈNCIA. (EP) La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha sostenido este miércoles que el debate sobre la ampliación norte del Puerto de València y la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental estaría "ya resuelto" desde "hace tiempo" si el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ejerciera sus funciones como tal y no como "promotor" de la empresa que proyecta esa ampliación.
Así lo ha indicado en rueda de prensa al ser preguntada, por una parte, sobre las recientes declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien señaló que la decisión de si la ampliación del puerto de València necesita o no una nueva DIA para sustituir a la actual de 2007 corresponde a la propia APV y que su departamento no interviene "como una especie de Fiscalía o de autoridad policial que vigile" y, por otra, sobre un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que avala que el proyecto cumple la legislación medioambiental de la Unión Europea.
Mollà ha recalcado que la conselleria que dirige no tiene la competencia de dar luz verde o no al proyecto pero ha subrayado que sí forma parte del proceso al ser "órgano ambiental interesado, interpelado y con derecho de opinar porque para eso se nos pide informes vinculantes cuando hay una tramitación de una DIA a nivel estatal".
En todo caso, ha hecho hincapié en que lo que en realidad dice la Comisión de Peticiones que es "la DIA actual sobre el proyecto en sí, en apariencia, en su día se dijo que no tendría afección sobre la Red Natura de La Albufera". "Pero la Comisión deja muy claro que no conoce los extremos del nuevo proyecto", ha insistido, porque "no los conocemos todavía todos".
Así, se ha mostrado "convencida" de que cuando haya una aprobación definitiva del proyecto de ampliación y se conozcan todos sus extremos, "Europa estará muy interesada en opinar si está amparado por la DIA de 2007 o si todos los cambios normativos, entre ellos los introducidos también por la CE, están recogidos en la DIA de 2007 sobre la afección de La Albufera".
Mollà ha expresado su desacuerdo sobre las declaraciones de la ministra y ha puesto como ejemplo la celebración de un juicio. "Dijo que no puede ser fiscal y que la APV debe decidir sus actuaciones. Si lo pensáramos como un juicio, las personas debemos saber si queremos cometer o no un delito; pero si lo cometemos, tiene que haber un fiscal. Pues lo veo igual", ha expuesto.
En esta línea, se ha preguntado, dado que han decidido que la APV "sea el promotor y órgano sustantivo", qué pasaría si decidiera "saltarse la legislación". "¿Ya tendría la última palabra?; ¿No habría caso, ni juez, ni sentencia ni fiscal?", ha interpelado.
"La ministra sabe que es el órgano ambiental; sabe que la disposición adicional novena de la Ley de Evaluación Ambiental dice literalmente que el órgano ambiental del Estado es quien certifica que un proyecto no tiene afecciones a una Red Natura y, por tanto, estoy esperando que Ribera firme un certificado como órgano ambiental interpelado y según la ley estatal, que diga que la actuación proyectada por Aurelio Martínez no tiene afección en La Albufera ni en el ámbito del Port, que no es solo terrestre sino también marino", ha señalado.
En este punto, ha manifestado que cree que "hace mucho tiempo" que este tema "se tenía que haber resuelto si el presidente de la APV hubiera decidido ejercer sus funciones de presidente de la APV y no de promotor de la empresa que proyecta la ampliación".
"Si hubiera sido presidente de la APV seguramente ya hubiera hecho una nueva DIA, porque seguro que estaría muy ocupado en saber que el Puerto no puede ser agresivo con La Albufera, que es la joya ambiental por excelencia de los valencianos y de la UE porque la protección de la Red Natura la convierte en una de las grandes joyas ambientales a nivel europeo", ha concluido.