VALÈNCIA. (EP). La portavoz del Consell, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que el último de los 'populares' que le denunció "está en la cárcel por ladrón". Así se ha pronunciado en relación con la denuncia que le ha interpuesto el PPCV ante Fiscalía por supuesto fraccionamiento de contratos y pagos por la vía del enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.
"Blasco --exconseller de Solidaridad-- robó el dinero de la cooperación, del terremoto de Haití y fue el último que se querelló contra mí por una cuestión en la que teníamos razón nosotros. Y está en la cárcel", ha recalcado la consellera, quien ha precisado que cuando empezó a denunciar casos de presunta corrupción en el PP "casi nos trataban de locos, nos humillaban" aunque ahora se ha visto que "nos quedamos cortos porque es de una magnitud tremenda".
Oltra se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que no es la primera vez que le denuncian desde el PPCV, una acción que atribuye a un intento de los 'populares' para "tapar su corrupción". Fiscalía ha abierto diligencias tras recibir la denuncia, que se refiere a servicios de limpieza de centros sociales, entre otros servicios.
En este caso, ha considerado que el PPCV está denunciando "algo que es perfectamente legal" y ha indicado que la denuncia "está basada en hechos falsos que no se corresponden con la realidad". "Dicen que hemos pagado facturas después de acabar un contrato. Y es especialmente doloroso porque de los 43 millones de que hablan, la mayor parte es de residencias de ancianos", ha indicado Oltra.
La portavoz del Consell ha recordado que una ramificación del caso Brugal en la Comunitat investiga el hecho de que "montaron todo un sistema de residencias de accesibilidad" para "dar a sus amigos plazas de residencias privadas" y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró parte de este sistema ilegal.
"En ese momento, con esa sentencia se nos quedan 2.158 ancianos sin plaza al decir el TSJCV que ese contrato no vale porque estaba hecho para los amigos", ha dicho, y se ha preguntado "qué opción tenía entonces". Por ello, empezaron "un nuevo contrato, legal, con concurso publico con 45 empresas presentadas y ha tardado año y medio en acabar". En este periodo de tiempo, ha ido pagando "las facturas de los ancianos que teníamos en las residencias. Dicen que es enriquecimiento injusto, pero es una figura legal porque es un servicio que no puedes dejar de prestar", ha defendido.
Preguntada por la posible similitud de este caso con la acusación de Francisco Granados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que conocía la supuesta financiación irregular del PP, lo ha rechazado. "En absoluto. No es lo mismo un caso de corrupción que investiga la Fiscalía de oficio" con la denuncia del PPCV contra ella "para tapar sus miserias", ha proseguido.
"No tiene nada que ver la investigación del Canal de Isabel II, la Púnica, las escuchas policiales, los emails y documentos que apuntan a un caso gravísimo de corrupción y, dentro de eso, una declaración del señor Granados que apunta a la señora Cifuentes, que una denuncia del PP por prácticas que son legales", ha dicho, para insistir en que no se encuentra en la misma situación que la presidenta madrileña.
A su juicio, "es indecente la denuncia que ha puesto el PP y saben que es la manera de generar un estado de opinión por el cual todo es lo mismo". "Y no, esto no es lo mismo y no es ni remotamente parecido, no tiene nada que ver", ha subrayado.