Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La participación de Rafael Monterde, gerente de las fundaciones Inndea y Crea, en el presunto saqueo de las ayudas públicas a las ONG, a falta de que el juzgado determine el grado de implicación, ha provocado un vendaval político. València en Comú, el partido del que depende esta área en el Ayuntamiento de Valencia, ha sido el primero en dejarlo caer. En un comunicado, la formación morada ha exigido a su portavoz que, de confirmarse las sospechas publicadas, se destituya a Monterde "de su responsabilidad pública".
También los grupos municipales de PP y Ciudadanos han exigido que se convoque al patronato de las fundaciones de forma urgente. Esta misma mañana, Monterde ha ofrecido su versión en un comunicado. En el texto, un repaso a su trayectoria, asegura que cuando fue "consciente de la presunta comisión de delitos", informó, aunque "de forma discreta a medios de comunicación, responsables políticos y técnicos de determinadas ONGs". Fue tan discreto que nadie pareció enterarse y la red del exconseller Blasco continuó operando.
En cuanto a los supuestos responsables políticos conocedores de esta situación, EU ha salido al paso de estas declaraciones para asegurar que las palabras del gerente de InnDea y CREA son falsas. "Nuestra organización, siempre que ha tenido conocimiento de algún delito, ha transmitido toda la información a la justicia". En el mismo comunicado, la formación no descarta emprender acciones legales contra Monterde por sus declaraciones.
Según los correos que se han hecho públicos, Monterde alcanzó un nivel de complicidad inquietante con los integrantes de la red, mientras la investigación estaba en marcha. Se ocupaba de intervenir en los criterios de valoración para que los proyectos que la Generalitat descartaba recibieran dinero público. E incluso hacía recomendaciones sobre cómo gestionar la mala reputación de la conselleria tras estallar el escándalo.
"Me vi obligado a desarrollar progresivamente una actitud de compadreo para generar confianza y no despertar sospechas, especialmente cuando los medios con los que contacté comenzaron a publicar sobre posibles irregularidades. Ello explica el tono de algunas de las comunicaciones que mantuve con personas investigadas en la causa, especialmente con Marc Llinares, quien era responsable del trabajo que me fue encargado originalmente. En algunos casos, incluso tuve que emplear términos peyorativos sobre actores del sector que cuentan con todo mi respeto por su trabajo", justifica.
En la nómica de procesados se encuentra la plana mayor de la anterior Conselleria de Inmigración: , además del ex conseller Rafael Blasco, Marc Llinares (jefe de área), Tina Sanjuán (secretaria general); José María Felip (director general), el empresario encarcelado César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, y también una funcionaria de la Generalitat y empleados de Tauroni.
Monterde concluye su alegato aludiendo a que es "consciente de que dicho tono puede resultar molesto e incluso ofensivo". "Quiero pedir disculpas públicas por ello, pero no tuve más remedio que emplearlo si quería seguir cerca de lo que parecía estar pasando", explica.
