VALÈNCIA (EP). La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado, tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".
"Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí", ha señalado este miércoles Montero, que ha asistido al acto de presentación de la Estrategia contra la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Ante esta situación, la ministra ha manifestado que, en cumplimiento de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, van a "reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia": "Confiamos en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores".
Para la responsable de Igualdad, el problema "es que hay jueces que están incumpliendo la ley" y Naciones Unidas ya ha "alertado de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente".
Esta supuesta interpretación errónea de la ley por parte de los jueces, se trabaja, según ha apuntado Montero, "con formación obligatoria". "Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque puede desproteger a las mujeres. Lo que vamos a hacer es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales", ha precisado.
Finalmente, ha afirmado que si la ley 'solo sí es sí' se cumple "todas las mujeres van a estar protegidas". "Vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que ese machismo no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley", ha insistido.
La delegada de Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, no considera necesario una modificación o puntualización a la ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí' porque, a su juicio no sería una solución al problema jurídico que se está denunciando por la reducción de condenas a violadores.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Rosell ha explicado que cambiar ahora la normativa --que lleva en vigor algo más de un mes-- sería "jurídicamente una barbaridad" porque "agravar ahora las penas respecto a la sentencias anteriores no tienen ninguna virtualidad".
Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no se ha cerrado a modificar la norma, que ha defendido al tiempo que ha apelado a la sensibilidad de los jueves. "Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía, que unifiquen criterios y, a partir de ahí veremos qué pasos dar", ha explicado el presidente del Ejecutivo en una comparecencia ante los medios de comunicación en Bali después de la clausura de la Cumbre del G-20.
Por su parte, Rosell considera "obvio" que si se pregunta "en un pasillo a cualquier cargo político" sobre este tema responda que es posible estudiarlo, pero ha apuntado que "jurídicamente" una modificación "no es una solución". "Y además no es una solución porque el problema no existe", ha declarado, antes de señalar que tanto el legislativo, como el ejecutivo "han hecho los deberes".
A su juicio, lo que ahora hace falta es que "el judicial interprete la y se forme conforme a los estándares internacionales y conforme a lo que recomendó la CEDAW diciendo que la justicia parcial y la justicia machista crea cultura de a impunidad".
Sobre "la voluntad del legislador" ha hablado también la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha indicado que en los informes del CGPJ, el Ministerio Fiscal o el Consejo de Estado, "nadie advertía de esta situación", sino "más bien de lo contrario". En concreto, según ha indicado Rodríguez, el CGPJ "advertía de que elevar los máximos podía suponer que se elevasen la penas".