Montero ve "margen" de mejora recaudatoria y quiere "en breve" una reforma de financiación

VALÈNCIA (EP) La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que mantiene "intacta" su hoja de ruta para los Presupuestos de 2021 pese a la pandemia, que tratarán de ser una "base" para la recuperación y "relanzar" la economía hacia un crecimiento "más sostenible e inclusivo".

Asimismo, contemplarán el refuerzo del sistema sanitario público y un incremento "importante" de la inversión en política social, en paralelo a la modificación "a la mayor brevedad posible" del sistema de financiación autonómico y local con "resultados concretos".

Así lo ha a avanzado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y sobre la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tras los efectos de la crisis del Covid-19, en la que ha avisado de que los próximos meses serán "complejos y decisivos" para la recuperación, por lo que ha ofrecido su "mano tendida" al diálogo a las formaciones y ha pedido "lealtad institucional" y "política útil".

Montero ha explicado que no es posible mantener el proyecto de Presupuestos para 2020 ya que los objetivos de estabilidad han sido "sustancialmente modificados", con una previsión de déficit del 10,34% del PIB y una ratio de deuda del 115,5% del PIB este año por la covid, por lo que en un escenario de prórroga presupuestaria, se están monitorizando las partidas de gasto y se proyectan ya las cuentas públicas de 2021.

En este sentido, ha defendido que la salida de la crisis "no puede ser la misma que la anterior", rechazando la "política de austeridad", sino que tiene que pasar por el crecimiento económico "sostenible e inclusivo", con una ambiciosa agenda social para "recuperar derechos perdidos, fortalecer el estado de bienestar y ganar cohesión social y territorial".

En consecuencia, los nuevos Presupuestos se configurarán para relanzar la economía y hacer la "más competitiva y sostenible", siendo las cuentas de la "reconstrucción" que se centrarán en reforzar el sistema sanitario público para tener la "garantía" de poder afrontar pandemias futuras, así como proteger a los colectivos vulnerables y sentar las bases para la recuperación económica, junto a la Comisión de Reconstrucción del Congreso, ante una previsión de desplome del PIB del 9,2% este año y repunte del 6,8% en 2021.

Sobre las nuevas cuentas públicas ha adelantado que incorporarán los objetivos de desarrollo sostenible, un informe de impacto de género, otro de política de infancia, juventud y familia y avanzará en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al tiempo que incorporará las conclusiones de la AIReF sobre la racionalización del gasto público y el estudio sobre beneficios fiscales.

Incluirán un "significativo crecimiento" de la inversión en política social, para mejorar la dependencia la lucha contra la pobreza, el sistema de becas o el acceso a vivienda, así como para violencia de género y reducción de la desigualdad.

Asimismo, ha indicado que en el marco de la Comisión de Reconstrucción del Congreso se han iniciado los trabajos incidiendo en la innovación y la reindustrialización, en sectores como turismo y automoción, y ha recordado que el Gobierno ha remitido el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Igualmente, ha valorado la propuesta de la Comisión Europea de un fondo de reconstrucción de 750.000 millones al ir "en la línea" de los planteamientos del Gobierno, estableciendo que dos de cada tres euros (500.000 euros) lo recibirán los Estados miembros en forma de transferencias, contemplando además el impacto "asimétrico" de la pandemia, por lo que espera que la propuesta "prospere, se perfeccione y se apruebe en el menor plazo de tiempo posible".

En materia fiscal, ha insistido en que se avanzará en la equiparación "progresiva" de los niveles de tributación de España a la media de los países europeos, ya que la proporción de ingresos públicos en relación al PIB es del 39,2%, siete puntos por debajo de la media de la eurozona (46,5%).

"Es obvio que contamos con un claro margen de mejora de la recaudación", ha apostillado Montero, recordando que España es el quinto país con menos ingresos públicos sobre PIB de la Eurozona, por delante solo de Malta, Letonia, Lituania o Irlanda. De hecho, Montero se ha referido a las cifras "preocupanates" de reducción de la recaudación por el impacto de la covid, que se prevé un desplome del 5,5%, con 27.500 millones menos, con caídas en Sociedades (-8,7%), Impuestos Especiales (-6,7%), IVA (-5,2%) o IRPF (-2,4%).

Igualmente, ha adelantado un aumento del gasto público que aproxime la ratio del 41,7% del PIB actual de España a la media de gato en la Eurozona que alcanzó el 47% en 2018, superando el 50% en Francia o Finlandia.

Ley de lucha contra el fraude

Como propuestas concretas espera que pueda ver la luz "en breve" los nuevos impuestos en tramitación parlamentaria de las tasas 'Google' y 'Tobin' y ha avanzado que el Gobierno está a la espera del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude (transposición de directiva europea) para iniciar su tramitación.

A este respecto, ha recordado que se prohibirán las amnistías fiscales y ha asegurado que se incrementarán los recursos humanos de la Agencia Tributaria y se acometerán actuaciones para facilitar los cumplimientos tributarios de los contribuyentes. En febrero se puso en marcha el proyecto piloto del borrador del IVA y Hacienda mantiene su previsión de facilitar los datos fiscales en la declaración del Impuesto de Sociedades, en línea con el IRPF, así como crear asistentes digitales.

Reforma de financiación autonómica

En cuanto a la financiación autonómica y local, Montero ha explicado que sigue siendo objetivo del Ministerio reformar el sistema de financiación autonómica y también el local, "con la mayor brevedad posible". Con respecto al primero, ha reiterado que su departamento apuesta por simplificar los fondos del sistema, que se distribuyen entre las CCAA, y por estudiar la armonización de los tributos cedidos.

Sobre las entidades locales, ha defendido la reforma de su financiación y también de sus competencias para que asuman algunas en manos ahora del Estado y de las autonomías, ha dicho. "Estamos dispuestos a hablar de esto, si las formaciones políticas lo ven conveniente, porque los ayuntamientos están llamados a desempeñar un papel distinto sobre la movilidad, la sostenibilidad, las políticas sociales, de conciliación, la configuración de servicios próximos a los ciudadanos", ha añadido.

Además, ha reiterado su intención de flexibilizar la regla de gasto y de estudiar la posibilidad de dotar a los ayuntamientos de recursos orientados a la recuperación social, servicios públicos, transportes urbanos o prestaciones.

Ha indicado que para evaluar los efectos de la pandemia el Ministerio ha solicitado la remisión de un formulario para detallar los gastos asociados a la covid en CCAA y ayuntamientos. Concretamente, ha cifrado en 136.000 millones de euros las medidas aprobadas por el Ejecutivo para paliar el impacto del Covid, a los que se suman los 16.000 millones del fondo no reembolsable para las CCAA, con un primer pago en julio.

En total, Montero ha cuantificado en 32.000 millones el conjunto de medidas para las CCAA, incluyendo los 7.907 millones por las entregas a cuenta, el fondo social extraordinario de 300 millones, los 25 para becas comedor, el uso de 3.200 millones no ejecutados de fondos Feder, los 4.152 millones para compensar la desviación de déficit y otros 100 para violencia de género.