Carmen Montón. Foto: GVAVALENCIA. La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, tiene con las resonancias magnéticas otro problema que resolver de forma urgente, después del informe de la Intervención General que califica de ilegal el contrato de Eresa con el Hospital General de Valencia, tal como desveló este miércoles Valencia Plaza.
Según ese informe, incorporado a la Cuenta General 2015 de la Generalitat, la actividad de la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) en el Hospital General no tiene soporte legal al menos desde 2012, por lo que "todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho".
Las reacciones a la publicación de Valencia Plaza no se hicieron esperar. Desde Compromís, la diputada autonómica Isaura Navarro exigió a la Conselleria que la situación de ilegalidad se resuelva de "manera inmediata". "Nos tenemos que librar del servicio de resonancias que Eresa ofrece en el sistema sanitario valenciano e integrar este servicio en la propia conselleria para conseguir un servicio cien por cien público y de calidad", añadió.
No obstante, la solución no es tan sencilla, según explicaron fuentes de Sanidad, ya que Eresa presta un servicio que no se puede desmantelar de la noche a la mañana. Concretamente, se encarga de las pruebas de TAC, resonancias magnéticas y cámara gamma para tratamientos oncológicos, con sus propias máquinas y sus radiólogos.
"Hay una situación nueva y se va a estudiar cómo resolver la situación nueva cuanto antes, siempre manteniendo el servicio", aseguraron estas fuentes. Para ello, la Conselleria citará a representantes de la firma que actualmente preside Lorena Saus y dirige Eduardo Rodríguez Urcelay, con el fin de negociar su salida sin que se resienta el servicio.
Uno de los problemas a los que se enfrenta Sanidad es el presupuestario, ya que sustituir la máquinas de Eresa por aparatos propios -o comprárselos, que sería una opción- supondrá inversiones millonarias. Además, en caso de adquirirse nuevos, los fabricantes tardan meses en servirlos.
El asunto del pago a Eresa sin soporte legal en el contrato no parece complicado, porque los servicios que facture hasta que deje de prestarlos se pueden abonar mediante un expediente de enriquecimiento injusto, según las mismas fuentes.
Foto: GUILLERMO LUCASEl contrato del Hospital General que la Intervención considera que no tiene soporte legal vencía en 2018, igual que el contrato de la Conselleria con Erescanner Salud UTE -controlada por Eresa- para el servicio de resonancias magnéticas en casi todos los hospitales públicos valencianos, servicio que Montón también quiere que vuelva a ser público.
El informe de la Intervención General desvela otra irregularidad que ya ha sido corregida por la Conselleria. Según el interventor, en 2009 se firmó una nueva adenda a los contratos iniciales entre Eresa y el General. Esta adenda introdujo modificaciones en las prestaciones, precios, revisión y su facturación, estableciendo que desde el 1 de noviembre de 2008 la facturación por los servicios de TAC, resonancia magnética y servicios complementarios se remitiría al Consorcio del Hospital General, a su nombre, y con el NIF del mismo. "Sin embargo hasta el ejercicio actual, el Consorcio no ha registrado en su contabilidad facturas por dichos servicios", señala la Intervención.
Fuentes de Sanidad confirmaron que hasta noviembre de 2015 fue la Conselleria y no el Consorcio -formado al 50% por la Generalitat y la Diputación de Valencia- la que pagaba las facturas de Eresa, a pesar de que en el contrato firmado por Sergio Blasco figuraba que la empresa debía facturar al Consorcio. La situación se corrigió en noviembre y ahora es el Consorcio el que paga, a cambio de una mayor aportación de la Conselleria a su presupuesto.
