Carmen Montón. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, hizo caso omiso de la advertencia de la Abogacía de la Generalitat sobre la ilegalidad de la convocatoria de acción concertada de asistencia oncológica, pero se cubrió las espaldas con un escrito de respuesta al informe no vinculante firmado por un alto cargo de la Conselleria.
Como publicó el sábado Valencia Plaza, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) acordó a última hora no firmar el contrato que tenía adjudicado al ser la única entidad que se presentó a la convocatoria de acción concertada. La decisión la tomó el Patronato, en medio de una importante división interna, tras haber tenido conocimiento del informe de la Abogacía.
Según ha podido constatar este periódico, el informe preceptivo pero no vinculante de la Abogacía de la Generalitat, de fecha 22 de mayo, fue respondido con un escrito de "Consideraciones y observaciones", fechado el 29 de mayo y firmado por el subdirector general de Recursos Económicos, José Luis Sanchis Oliver, con el visto bueno del director general de Recursos Humanos y Económicos, Justo Herrera.
Los dos altos cargos son economistas. Sanchis, exalcalde de Benimodo por el PSPV, es funcionario de carrera y, salvo en el período en que fue alcalde (2003-2011), siempre ha trabajado en el área económica de la Generalitat.
En el escrito, el subdirector general anuncia que todas las observaciones de la Abogacía respecto a que el tipo de convocatoria debería ser un concurso público y no una acción concertada "no se tienen en consideración", y lo argumenta remitiéndose a la directiva europea que posibilitó la ley valenciana sobre acción concertada, aprobada el pasado mes de marzo, y a la propia ley y su decreto de desarrollo.
Tras ese escrito, la Conselleria aprobó el 31 de mayo la convocatoria de acción concertada para la asistencia sanitaria integral oncológica, a la que, al contrario que en los concursos públicos, solo se podían presentar entidades sin ánimo de lucro. La convocatoria se publicó el 12 de junio en el DOGV.
Ya en julio, y tras reclamar dos veces a la Conselleria el expediente completo, la Intervención General de la Generalitat emitió otro contundente informe que revela varias carencias de la convocatoria impulsada por la consellera Montón, entre ellas, la misma que la Abogacía respecto a que debió realizarse un concurso público en lugar de una convocatoria de acción concertada.
Según ha podido saber Valencia Plaza, el informe, firmado por el viceinterventor general para la administración sanitaria, Miguel Úbeda, señala numerosos errores formales y deficiencias en el expediente, como la falta de un informe preceptivo que acredite la óptima utilización de los recursos propios, el deficiente cálculo del coste de la prestación, la falta de imputación presupuestaria del gasto o el porcentaje excesivo de subcontratación.
La Intervención llega a plantear un cambio en la ley valenciana, que no exige autorización previa del Consell en un expediente de gasto tan relevante, valorado en 53,7 millones de euros anuales por un período de hasta diez años.
