Cristóbal Montoro, en su última visita electoral a Valencia. Foto: MARGA FERRERVALENCIA. Cristóbal Montoro quiere que el Ayuntamiento de Valencia cierre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque en 2011 y 2012 fue deficitaria. La extravagante petición del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones llegó por carta dirigida al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, el pasado 21 de julio y forma parte de un envío masivo de escritos a alcaldes de toda España en los que les recuerda su obligación de liquidar sus entidades dependientes que sean deficitarias.
La exigencia de Montoro no sólo es absurda, ya que supondría la supresión de un servicio público que utilizan a diario decenas de miles de personas -88 millones de viajeros en 2015-, sino que es injusta para una ciudad a la que de forma reiterada el Gobierno central viene negando un contrato programa para subvencionar el transporte como el que tienen las grandes áreas metropolitanas de Madrid (126 millones de euros recibió del Estado este año) y Barcelona (98 millones).
La petición de un contrato programa con el que paliar el déficit del servicio la planteó Rita Barberá cuando era alcaldesa y también la actual líder del PP valenciano, Isabel Bonig, quien acudió a Madrid a reclamar a Montoro este acuerdo cuando era consellera de Infraestructuras, sin éxito. Recientemente se ha creado la Autoridad Metropolitana del Transporte entre la Generalitat y los ayuntamientos para volver a reclamar esa ayuda al Ministerio.
El director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, dio probablemente la clave del error de Montoro al afirmar este martes que el Ministerio está enviando "cartas tipo", que "no tienen en cuenta lo específico de cada uno de los municipios y de sus empresas públicas". Este sería el motivo por el que se solicita el cierre de empresas como la EMT, que gestiona un servicio público básico, deficitario por naturaleza al cubrir rutas y horarios que no pueden ser rentables.
La carta del ministro en funciones conmina al Consistorio a que en el plazo de 15 días naturales -el plazo acaba este viernes- envíe información sobre la extinción de la empresa, sin dar lugar a otra salida para la EMT. De hecho, según la misiva, la empresa debería estar en proceso de liquidación desde el 1 de diciembre de 2015.
La respuesta de Ribó, que rechaza de plano la pretensión de Montoro, va más allá y afirma que la EMT tuvo pérdidas en 2011 -cerca de 1,4 millones de euros- pero registró un resultado de explotación positivo al año siguiente -1,1 millones de euros-, por lo que la empresa no estaría en el supuesto de liquidación que establece la ley, cuya condición es que haya tenido pérdidas en los ejercicios 2011 y 2012.
Carta del Ministerio a Joan Ribó. La carta de Ribó al Ministerio se apoya en un Informe de Intervención de Contabilidad y Presupuestos del Ayuntamiento. En ella también rechaza el cierre de otro ente, el Consell Agrari Municipal, instando al ministro "a informarse algo mejor de lo que pide", puesto que no se trata de una empresa que desarrolle actividades económicas, sino de un organismo autónomo municipal, con lo que no está sujeto a la Ley de Racionalización de la Administración Local que el propio Montoro propició en 2013, "y que está diseñada para ahogar a los ayuntamientos haciéndoles pagar los despropósitos de su gestión".
En un comunicado, Ribó encomendó a Montoro a que "aprenda cómo estamos gestionando la economía y la hacienda de Valencia, con una deuda que este año conseguimos resituar hasta niveles de 2005; con un periodo de pago a proveedores que ha pasado de tardar más de 60 días a ocho; con un superávit de cerca de150 millones de euros que hemos conseguido en este ejercicio, y con un remanente de tesorería que llega a los 21 millones de euros".
Ribó conminó al ministro a "ajustarse a sí mismo", es decir, a "aplicar el Plan de Ajuste al propio Gobierno central, que es uno de los mayores causantes del déficit del Estado, y no los ayuntamientos, que hemos conseguido un superávit".
En cifras, el alcalde de Valencia recordó que, con un objetivo del cero por cien de déficit, el conjunto de ayuntamientos de todo el Estado ha conseguido un superávit del 0,53 por ciento, frente a las pérdidas de la Administración del Estado, la Tesorería de la Seguridad Social y las comunidades autónomas, que hacen situar el déficit global de España en el 5,1 por ciento, en el entorno de los 600.000 millones de euro. "En vez de intentar ahogarnos, el ministro tendría que dedicar su tiempo a financiar de una manera justa nuestro territorio", concluyó.
La reacción de Ribó es similar a la que ha habido en otros municipios valencianos, como Alicante, donde el alcalde también rechazaba este martes liquidar dos entes, el Patronato de Educación de Escuelas Infantiles y la Agencia de Desarrollo Local (ADL). Una postura en la que Gabriel Echávarri contó incluso con el apoyo del PP local.
Desde la Generalitat, Antoni Such, pidió al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, que remita "de forma urgente" el listado de municipios afectados por el cierre de empresas públicas".
Such mantuvo una reunión con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico con el fin de analizar el envío de cartas realizado por el Ministerio.
"Entendemos que la mayoría de empresas son fundaciones que gestionan servicios públicos, no tienen actividad económica real y no deberían estar sujetas a la liquidación que pretende Montoro", afirmó Such. Por eso, en cuanto llegue la relación de municipios implicados, la Dirección General va a convocar a los municipios afectados y a "brindar desde la Federación Valenciana de Municipios y desde la Generalitat Valenciana el total apoyo a aquellos municipios que estén prestando servicios públicos y no tengan una actividad económica". "Vamos a estar al lado de los ciudadanos", anunció.
De todas las conclusiones resultantes de la reunión, la "más grave" es, según el director general, que "Montoro utiliza de forma electoral estas acciones".
"De la Ley de Racionalización se deduce claramente que estas cartas tenían que haber sido emitidas, como muy tarde, el 1 de diciembre de 2015, pero estas no fueron enviadas por motivos electoralistas, porque estaban las elecciones convocadas". "Llegan ahora, siete u ocho meses después", criticó Such, quien lamentó que Montoro tampoco se "atreviera" a requerir la disolución de estas empresas en las segundas elecciones, sino que lo hace ahora, "en el mes de agosto". "Habla a las claras de cómo utiliza Montoro el Gobierno en contra de los ayuntamientos", señaló.
A juicio de Such, "es evidente que el señor Montoro, una vez más, utiliza a los ayuntamientos y a los servicios públicos que prestan como moneda de cambio para dar satisfacción a las pretensiones europeas de recortes y acciones que afectan al gasto público".
