VALENCIA. Malas noticias para el Consell. A los problemas para elaborar el presupuesto del próximo año sin conocer el techo de gasto ni las entregas a cuenta del sistema de financiación se añade un nuevo problema que complica el horizonte más inmediato: el recorte de 400 millones en las transferencias del FLA previstas para este año para pagar facturas a proveedores.
El motivo es la no aplicación del acuerdo adoptado el pasado mes de abril en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para elevar el límite de déficit autorizado para las comunidades autónomas del 0,3% previsto inicialmente hasta el 0,7%, un cambio que fue bien acogido por las comunidades porque disminuye el esfuerzo a realizar para tratar de ajustarse a las exigencias del Ministerio.
En el caso de la Comunitat, que concluyó 2015 con un déficit del 2,51% sobre el PIB, el esfuerzo a realizar para encajar dentro de los límites pasó de 2.200 millones a 1.800, un ajuste de menor calibre pero igualmente irrealizable mientras no se reforme el sistema de financiación autonómica.
Pero ahora la Comunitat tampoco podrá contar con ese margen extra de 400 millones. El motivo, según fuentes del Gobierno en funciones citadas este domingo por Europa Press, es precisamente la incapacidad del Ejecutivo central de concretar ese cambio por encontrarse en funciones.
De este modo, el Gobierno añade un nuevo condicionante a la lista de la que ha venido alertando en los últimos días por la falta de Gobierno, como la paralización del órgano regulador de los mercados de la que avisó Luis de Guindos la pasada semana o el retraso en la reforma del sistema de financiación de las comunidades, un elemento que los populares han utilizado para tratar de desatascar la investidura de Mariano Rajoy y culpar al PSOE de bloqueo en el Congreso.
Según argumenta el Gobierno para no aplicar lo pactado en el CPFF, un Ejecutivo en funciones no puede llevar para su ratificación en el Parlamento los nuevos objetivos de déficit ni el aumento de la financiación que ello conlleva. Con ello, la cantidad que las comunidades acogidas al FLA dejarán de recibir en su conjunto se eleva a 4.000 millones de euros, según las estimaciones del Ministerio, de los cuales 400 millones corresponden a la Comunitat.
Este recorte sobrevenido del dinero que la Comunitat recibe para pagar a proveedores supone un nuevo elemento de presión del Gobierno en funciones. Así lo interpreta el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien este domingo consideró que, si el Gobierno incumple el acuerdo de elevar del 0,3% al 0,7% el techo de déficit para este año consumará un "chantaje intolerable a las comunidades autónomas en su pugna a la desesperada para perpetuarse en el poder a toda costa".
Soler lamenta que los 400 millones de euros para los que la Generalitat ya no tendrá financiación -aunque sea por la vía de un crédito como el FLA- se traducirán en "sufrimiento de miles de familias, de empresas y de ciudadanos que van a sufrir retrasos en cobrar por una decisión partidista, abusiva, incomprensible e irresponsable".
Además, el conseller de Hacienda asegura que si lo pactado en el seno del CPFF no sale adelante es por "falta de voluntad política" porque desde que se acordó el pasado 28 de abril "el Gobierno no ha movido un solo dedo para llevarlo adelante", ya que el Consejo de Ministros ha de aprobarlo antes de llevarlo al Parlamento y esto, según Soler, tampoco ha tenido lugar.
"Es una vergüenza que el Gobierno tome como rehenes a los proveedores para hacer un chantaje inaudito a las autonomías, dos días después de fracasar el candidato del PP, y así intentar allanarse el camino para la investidura. Es difícil encontrar un Gobierno tan irresponsable, antiautonomista y, en lo que afecta a la Comunitat, tan antivalenciano", abundó el conseller Vicent Soler.
Por su parte, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, advirtió este domingo que los socialistas "no van a consentir que se use el FLA como arma electoral", por lo que instó a Mariano Rajoy a que, "en lugar de estar en campaña permanente desde hace meses, y sin mover ni un solo dedo para generar aliados, lleve el decreto de ratificación del FLA y los acuerdos sobre el reparto del déficit para 2016-2017 a la diputación permanente".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral