Cristóbal Montoro, el martes, en el Congreso. Foto: EFEVALENCIA. Las contradicciones del ministro de Hacienda en funciones tras conocerse las cifras del incumplimiento del objetivo de déficit en 2015 suman otro capítulo que no ayuda al entendimiento con las comunidades autónomas, con las que está citado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una cita en la que Montoro llega con la mayoría de las comunidades indignadas con sus últimas declaraciones y decisiones, incluidas algunas gobernadas por el PP, como Castilla y León.
La última extravagancia de Cristóbal Montoro se produjo este martes, cuando votó en el Congreso de los Diputados, junto al Grupo Popular, a favor de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Compromís y enmendada por el Grupo Socialista que literalmente insta al Gobierno a garantizar la financiación de las comunidades autónomas "sin exigirles recortes ni cercenar su autonomía política y financiera".
La posición del ministro no tendría la mayor importancia, dado que no es una resolución de obligado cumplimiento para el Gobierno, si no fuera porque se produce una semana después de que Montoro enviase a 12 gobiernos autonómicos una carta con un ultimátum de 15 días para que apliquen recortes, bajo la amenaza de una intervención de sus cuentas, es decir, de cercenar su autonomía política y financiera.
En la carta a las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit en 2015, entre ellas la valenciana, les insta a que aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria.
La carta del ministro en funciones ya supuso una sorpresa para el Consell, pues la tarde anterior a su envío se había producido en Madrid una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y Montoro, en el que llegaron a un acuerdo para la creación de un Plan de Tesorería para evitar que la Generalitat tenga en un futuro problemas de pago. Montoro también dejó la puerta abierta a una consideración de la infrafinanciación autonómica e incluso de un resquicio para tener en cuenta en un futuro la deuda histórica valenciana.
Nada dijo el titular de Hacienda a Puig de la carta que le iba a enviar pocas horas después, que provocó la indignación de muchos de los presidentes autonómicos que la recibieron. El cambio de discurso de Montoro causó sorpresa en el Consell, igual que su voto del martes en el Congreso, que probablemente más de una comunidad le echará en cara el viernes en el CPFF.
Lo que se aprobó el martes en el Congreso de los Diputados fue una PNL de Compromís, enmendada por el Grupo Socialista -la defendió el alicantino Julián López- de acuerdo con el portavoz de Compromis, Joan Baldoví,
Joan Baldoví, en el debate del martes en el Congreso. VPEn ella, se insta al Gobierno a dar las indicaciones oportunas para que se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes para reformar el sistema de financiación autonómica y para su tramitación en el CPFF.
También se insta a que el nuevo sistema de financiación garantice la igualdad y la suficiencia financiera para todas las comunidades. Y debe garantizarse la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades, de manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
Otro punto que recoge la proposición se refiere al análisis de los déficits de financiación de las comunidades autónomas y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha mecanismos de compensación.
En el último punto, la PNL propone establecer sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas Administraciones Públicas, que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de dicho déficit. Es decir, el llamado déficit asimétrico que defiende la Comunitat Valenciana y la propia Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y que Montoro rechaza, lo que no fue óbice para que en el Congreso votase a favor.
La proposición fue aprobada por 325 votos a favor, 0 votos en contra y 6 abstenciones, las de los diputados del PNV, que nunca se pronuncian sobre financiación autonómica de régimen general, ya que el País Vasco tiene un régimen especial.
Resultado de la votación sobre la PNL. VPLa carta del ministro advierte de que si en 15 días no se toman las medidas de ajuste exigidas, que en el caso de la Comunitat Valenciana supondrían un recorte de gasto de entre 900 y 1.300 millones, el Gobierno aplicará las "medidas coercitivas" previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012.
La primera de esas medidas es el plazo de 15 días para detallar los recortes y para aprobar la no disponibilidad y retención de créditos, recursos que pasarían a estar destinados a cumplir los objetivos impuestos.
Esa situación se mantendría hasta que la Generalitat adoptase medidas que, a juicio del Ministerio de Hacienda, garantizasen el cumplimiento del objetivo del déficit impuesto. Adicionalmente, el departamento de Montoro se reserva la potestad para asumir las competencias de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos, que pasarían a ser ejercidas por el Estado.
Si el Gobierno valenciano se resistiese a aplicar esos recortes, como ya ha anunciado que hará, o lo hiciera en una medida insatisfactoria para el Gobierno, se produciría el envío de los temidos 'hombres de negro'. A saber, una "comisión de expertos" en Hacienda con potestad para acceder a "cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos" de la Generalitat. Con esa información, los técnicos de Hacienda harían una "propuesta de medidas" de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.
En paralelo, la Generalitat, si así lo estima conveniente el Ministerio de Hacienda, estaría obligada a constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. En el caso de la Comunitat serían unos 200 millones de euros, como garantía ante el Gobierno de que se aplicarán los recortes impuestos.
Si en tres meses no presentase un plan para cumplir el déficit, la región perdería hasta los intereses de ese depósito. Tres meses después, si persiste el incumplimiento del plan, el depósito se transformaría en una "multa coercitiva".
En último extremo, si no se aplicasen las medidas impuestas por los 'hombres de negro' o no se constituyera ese depósito en el Banco de España, el Gobierno, tras instar formalmente al presidente de la comunidad autónoma afectada a adoptar las exigencias, podría llevar al Senado la aprobación de un paquete de medidas para forzar a la región incumplidora a la "ejecución forzosa" del plan. Para ello, el Ejecutivo se reserva la potestad de dar "instrucciones a todas las autoridades" de la comunidad autónoma.
