VALÈNCIA. El litigio entre la Sala Repvblicca y el Ayuntamiento de Mislata se ha saldado con un varapalo judicial para la administración local. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Valencia ha estimado íntegramente el recurso de la discoteca, declarando nula de pleno derecho la orden de cierre y condena al consistorio al pago de las costas procesales, según la sentencia adelantada por Las Provincias y a la que ha tenido acceso Culturplaza.

El conflicto se originó tras una inspección policial en noviembre de 2023 y la posterior orden de cese de actividad dictada por el Ayuntamiento un mes después, alegando entonces motivos de seguridad y falta de documentación. Sin embargo, la magistrada ha desmontado los argumentos municipales, señalando además graves defectos en el procedimiento administrativo.

El punto clave del fallo reside en los tiempos administrativos. El Ayuntamiento ordenó el cierre cautelar el 14 de diciembre de 2023. Según la Ley de Espectáculos, esta medida provisional debía ser ratificada por la Generalitat (la administración competente para sancionar) en un plazo de 15 días. Al no hacerlo, la medida decaía automáticamente.

A pesar de que la orden había quedado sin efecto el 29 de diciembre, permitiendo la reapertura de la sala, el Ayuntamiento emitió una nueva resolución el 24 de enero de 2024 ordenando una nueva ejecución forzosa del cierre. La jueza concluye que, en este segundo cierre, el consistorio intentaba ejecutar un acto que ya no existía jurídicamente (“Carece de todo rigor jurídico la medida cautelar que no es conforme a derecho al no obtener el respaldo por esta [la Generalitat], teniendo que ser alzada al no ser convalidada”, resume la sentencia).

Además, la jueza critica duramente que se omitiera el trámite de audiencia, impidiendo a la empresa defenderse antes del cierre bajo el pretexto de una urgencia no justificada. El Ayuntamiento argumentó en el cierre que faltaba una documentación que existía, pero no dio plazo alguno para que la sala la presentara y evitar así su cierre. Concretamente, el Ayuntamiento pedía una licencia que la sala dispone desde 1998 y una poliza de seguros que también tenía en vigor en el momento de la inspección que provocó el cierre.

Una decisión "política" de modelo de ciudad

La sentencia aborda únicamente la cuestión del cierre, y no el problema que sigue habiendo con el aforo. Cabe recordar que, aunque la sala tiene una declaración responsable que calcula un aforo para la sala de más de 1000 personas, el Ayuntamiento cambió la normativa urbanística para poner un techo de 430 personas, sean cuales sean las instalaciones.

Aunque esta sentencia no resuelve este conflicto, sí aborda el trasfondo urbanístico. El Ayuntamiento se amparaba en la modificación del Plan General de 2004 para justificar las restricciones. Sin embargo, la magistrada considera que no se trataba de una cuestión de seguridad técnica, sino de una estrategia “para expulsar las discotecas que generaban grandes eventos en la actividad de ocio nocturno del Polígono (…) Siendo ello como expresamente alega el recurrente una decisión política y no técnica del Plan originario”.

De hecho, la jueza valida los informes periciales de la defensa frente a los del técnico municipal. En la sentencia, se destaca que el local ha realizado mejoras a lo largo de los años pero que estas han sido legalizadas y que las condiciones de seguridad eran más que suficientes —incluso llega a señalar que hay más salidas de emergencia ahora que en el proyecto original.

Esta resolución que anula las acciones del consistorio y le obliga a pagar hasta 1.950 euros en costas. La Sala Republicca ya ha confirmado a este diario que reclamarán una compensación por los daños patrimoniales y reputacionales provocados por el cierre. El Ayuntamiento, por su parte, también ha anunciado que recurrirán esta sentencia "siguiendo el criterio de los servicios jurídicos municipales y defendiendo el interés general".

En un comunicado difundido esta mañana, también defiende que "ha actuado de acuerdo con informes técnicos, nunca por criterios políticos". "Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestra voluntad de trabajar para compatibilizar la actividad cultural y económica con el descanso y, sobre todo, la seguridad de la ciudadanía. Por eso, continuaremos defendiendo los intereses generales, actuando con responsabilidad y rigor jurídico", ha añadido.