VALÈNCIA. (EFE) La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de distintas comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, a ocho festivales de música al aire libre por presuntas malas prácticas, que podrían haber afectado a más de 400.000 personas.

Se trata, según informa la OCU este miércoles, de los siguientes: el Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), el Boombastic Costa del Sol (Málaga), el FIB (Benicàssim, Castellón), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y el Reggaetón Millennial Fest (Alicante).

Entre estas supuestas malas prácticas realizadas por la mayoría de esos festivales estaría el cobrar una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo que queda a los asistentes en la denominada pulsera o tarjeta 'cashless'.

Este sistema 'casheless' es un método de pago que reemplaza al efectivo por medios electrónicos, como tarjetas o pulseras, con tecnología, que se utilizan para cargarlas de dinero y realizar compras dentro del recinto.

Otra supuesta mala práctica sería cobrar un recargo por salir y volver a entrar al festival, algo, según la OCU, bastante común, que no responde a ningún servicio adicional, porque, argumenta, "el control de aforo es inherente a la organización del evento".

Puede tener además un coste de hasta 35 euros, tal y como asegura la OCU, que piensa que esto podría considerarse una retención ilegal.

Además consideran abusivo que no se contemple la devolución de la entrada por causas climatológicas o por el cambio del cartel, cuando en un festival los artistas que intervienen "son el elemento esencial para que los usuarios decidan comprar la entrada y asistir".

Otra situación, que este año -admiten- se realiza con menos frecuencia, es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que aunque se contempla en la normativa de varias autonomías, la OCU la considera abusiva, porque la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria.

Todo ello obliga, a su juicio, a que el Ministerio de Consumo desarrolle una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes que establezca además compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.

Hasta que llegue, la OCU anima a los afectados a que soliciten la hoja de reclamaciones para denunciar estas prácticas y si el establecimiento no dispusiera de ella, llamar a la policía local para que se persone.

Algunas de estas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del consumidor, como por ejemplo el transporte o el alojamiento.