VALÈNCIA. Los festivales de música que se han celebrado los últimos años en el recinto de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències de València (CACSA) también podían intuir el destino que les esperaba. Frente a la idea de que lo que la polvareda que levantó la publicación de la sentencia que ha alejado las citas musicales del recinto ha sido un suceso abrupto, la realidad es que estas semanas se ha precipitado una situación que se sabía que sucedería.
Concretamente, CACSA y los festivales se enteraron en 2023. Ese año es clave por dos razones. Primero, porque es cuando empieza el proceso judicial a través de una denuncia de los vecinos contra el Ayuntamiento de València porque, no solo no tomaban medidas frente a sus quejas, sino que ni siquiera contestaban a ellas.
Frente al silencio de la administración y la falta de mediciones para comprobar si se estaban cumpliendo (o no) la ordenanza municipal, un grupo de vecinos de dos edificios hicieron sus propias mediciones a través de un perito y fueron a la justicia. En enero de 2023, el Ayuntamiento le hace conocedor a CACSA de la situación y entonces se activa el primer intento de respuesta a sus posibles consecuencias.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el 14 de febrero, la institución remite una carta del entonces director general, Antonio Torres, a las promotoras a las que les podía afectar este proceso. En ella se hacía ponía en conocimiento la denuncia y se les hacía llegar, “cinco informes periciales que contienen el resultado de los ensayos sonométricos efectuados en las viviendas”. CACSA les pedía entonces un “informe de alegaciones manifestando lo que a su derecho convenga”.
Pocos días después, el 15 de marzo, CACSA convoca a todas las promotoras en su sala de juntas para abordar la problemática. Allí están presentes los festivales que se han visto desplazados, de una forma u otra, este año. Una fuente presentes en esa reunión explican que la institución les trasladó la gravedad del incumplimiento de la ordenanza municipal en materia de ruido y les pidió medidas para que no siguiera pasando.
Siempre según el relato de esta fuente, las promotoras se acogieron a una cláusula contemplada en la ordenanza autonómica de ruido 7/2002, pero esta habla del carácter “excepcional” del evento que habrían perdido citas musicales que se celebraban en el recinto año tras año. Por su parte, los técnicos de CACSA pidieron a las promotoras que contemplaran la idea de instalar paneles de aislamiento acústico para amortiguar su actividad, algo que estas rechazaron por el alto coste de su instalación.
De aquella reunión, se sacó una medida y una promesa. La medida fue adelantar la hora de cierre; la promesa fue cumplir con la normativa. Lo primero se llevo a cabo y lo segundo no. Esto es lo que provocó lo que este diario publicó ayer: la dirección general de CACSA se negó a formalizar la prerreserva del año siguiente ante las dudas sobre la implicación jurídica de seguir como si nada.
La segunda razón por la que es clave el 2023 el este proceso es que se vive un cambio de gobierno, tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de València. Esto provoca, que en septiembre se nombre una nueva directora general, Ana Ortells, y se renovara por completo el Consejo de Administración.
Desde entonces, en las actas públicas no aparece referencia alguna al proceso judicial. Tampoco aparece cuando CACSA decidió, no solo formalizar la prerreserva y la autorización a los festivales a partir del año siguiente, sino además sumar una nueva fecha, la del 9 d’Octubre: Som de la Terreta.
