Nadie controlaba a Eresa

VALENCIA. Cualquier irregularidad, abuso o error que hayan podido cometer Eresa y sus socios en el servicio público de resonancias magnéticas desde que se lo adjudicaron en el año 2000 ha sido con permiso de la Conselleria de Sanidad. El descontrol absoluto sobre la actividad del operador privado, al menos hasta 2013, queda patente en el demoledor informe de la Sindicatura de Comptes publicado el 31 de julio de ese año (sobre el período 2008-2012), pero también en una denuncia previa de un competidor, antiguo socio de Eresa, sobre el contrato anterior (2000-2008), con una retahíla de incumplimientos muy rentables para las empresas Eresa, Beanaca e Inscanner.

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Una denuncia que el tribunal archivó porque la legitimada para denunciar era la Conselleria de Sanidad, que no sólo no denunció la situación sino que justificó y/o restó importancia, sin desmentirlos, a cada uno de los incumplimientos reseñados, incluido el de no tener el número mínimo de radiólogos que exigía el contrato.

El departamento de Conciertos y Tecnología Sanitaria que dirigía José Luis Rey Portolés tampoco exigió a Vicente Saus y al resto de empresas ninguna compensación por el dinero que se habían ahorrado al incumplir las cláusulas. El magnate de las resonancias hizo de su capa un sayo desde el año 2000 durante el mandato de siete consellers del Partido Popular cuya trayectoria no ha sido precisamente ejemplar. El primero —José Emilio Cervera— dimitió por un escándalo de contrataciones irregulares; cuatro están investigados (imputados, según la antigua terminología) en diferentes causas de corrupción —Serafín Castellano, Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado, estos dos últimos a punto de sentarse en el banquillo—, y otro está en la cárcel condenado a ocho años de prisión, Rafael Blasco. El último, Manuel Llombart, en cuya etapa se moderó la facturación de la UTE Erescanner, controlada por Eresa, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia.

El informe de 150 páginas de la Sindicatura, firmado por el auditor Miguel Olivas y premiado por la revista Auditoría Pública por su rigor, señala que la Conselleria ni siquiera tiene indicadores básicos periódicos (número de pacientes e informes, pruebas realizadas, coste, tiempo de espera...) que permitan valorar la eficacia, eficiencia y economía del servicio sanitario prestado por Erescanner. Es decir, Sanidad no sabía en 2012 si este servicio se prestaba en las mejores condiciones ni si la empresa cumplía las obligaciones fijadas en el contrato. Lo peor es que tampoco le importaba lo más mínimo.

Tecnología desfasada

Una muestra: la cláusula 23 del pliego de 2008 obligaba a constituir una «comisión permanente de expertos integrada paritariamente por cuatro representantes de las empresas concertadas y otros cuatro de la Administración», que se reuniría «al menos» dos veces al año para revisar la adecuación del catálogo de prestaciones, los costes, la frecuentación y el escalado de precios. Esta comisión no se constituyó hasta julio de 2013, después de que la Sindicatura preguntara por ella, y se reunió tres veces ese año, una en 2014 y la última en mayo de 2015. Una queja reiterada en los quince años de concierto de las resonancias es la falta de actualización de las máquinas, a la que las empresas están obligadas por contrato.

La tecnología es una cuestión que incide directamente en la calidad del servicio y sirve de argumento a quienes defienden la gestión privada del servicio, por ser las empresas más ágiles a la hora de incorporar los últimos avances. La denuncia presentada en 2006 cifraba en más de 18 millones de euros el dinero ahorrado por las tres adjudicatarias al retrasar la adaptación de su tecnología a los nuevos avances.

Esa misma denuncia revelaba que Eresa e Inscanner ofrecieron la implantación de un sistema de almacenamiento y distribución de imágenes radiológicas (PACS), valorado en 2,4 millones. Este sistema lo implantó en 2004 la Conselleria sin que se produjera ninguna compensación por parte de las adjudicatarias.

El Síndic detectó listas de espera «relevantes» en  los hospitales donde más resonancias realiza Eresa para aseguradoras privadas

La sorprendente respuesta de Sanidad fue que todo eso era cierto y que la Conselleria no sólo estaba al tanto, sino que había dado su visto bueno. En cuanto al incumplimiento en el número de radiólogos, la Conselleria señalaba que esa exigencia era «un alarde garantista» del pliego de condiciones que no se cumplía «en los propios hospitales públicos », por lo que no tenía sentido mantenerla. Sobre los 29 millones en ocho años que, según la denuncia, se ahorró la empresa en sueldos, Sanidad no decía nada.

Lo extraordinario es que la Conselleria conociera estas deficiencias —ni una sanción en ocho años—, ya que, según la denuncia, entre 2000 y 2006 Sanidad no hizo ni una sola inspección de las instalaciones de la provincia de Alicante y sólo una en las de Eresa. Con el contrato de 2008, el control no mejoró. Según la Sindicatura de Comptes, tres de los cuatro centros privados donde Erescanner realiza resonancias derivadas los hospitales públicos no recibieron ni una sola inspección en el período 2008 - 2012.

Entre ellas se encuentra el centró médico de Eresa en el barrio de Campanar de la capital, por donde han pasado decenas de miles de valencianos. La última inspección era de 2006 y cuando el Síndic preguntó, se programó otra para 2013, siete años después. En la mayoría de los hospitales públicos donde Erescanner trabaja Sanidad hizo sólo una inspección en cinco años, ninguna en el de Orihuela.

«Numerosas incidencias»

Si preocupante es la falta de control en lo que a atención médica se refiere, no lo es menos para las deficitarias arcas de la Generalitat la ausencia de comprobación de qué es lo que facturan las empresas de resonancias magnéticas. Según la Sindicatura, «en ningún hospital (excepto en La Fe de Valencia) se verifica la equivalencia entre la prueba realizada (rodilla, cerebral, cardiaca, abdomen...) y el tipo de exploración a facturar (RM Simple, doble, triple...)».

Esto dio lugar entre 2008 y 2012 a «numerosas incidencias», casi todas con exceso de facturación, que Erescanner reconoció y cuantificó en 1,87 millones de euros que debía devolver a Sanidad por errores en las provincias de Valencia y Castellón. La Sindicatura constató que en Alicante también había incidencias —por ejemplo, se facturaba el doble por una RM vascular cerebral— y la UTE realizó una comprobación con el sorprendente resultado de que el saldo a favor de la Conselleria se había convertido, al incluir Alicante, en un saldo total a favor de la empresa de 97.000 euros. Más sorprendente aún es que la UTE perdonara esa cantidad a la Conselleria, que, como siempre, estuvo a lo que dispusiese el emporio de Saus.

El Síndic muestra seis casos reales de pacientes por los que se facturaron distintos conceptos en pruebas idénticas. El informe recoge la praxis habitual en el sector médico, donde las exploraciones se clasifican en RM simple, doble o triple, en función de si cubre una zona anatómica, dos o tres. Las aseguradoras no admiten que se les facture dos RM simples o dobles al mismo paciente el mismo día. Erescanner registra en muchos casos diferentes secuencias de la misma prueba como pruebas distintas, lo que dispara la facturación.

Así lo constató también un informe de 2012 del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa de Valencia que proponía medidas para controlar el coste del servicio. Su director fue cesado poco después. Ese sistema de facturación trasladado a las estadísticas convierte a la Comunitat Valenciana como la primera en número de resonancias magnéticas por habitante, muy por encima de la media española.

La clave, el modelo C

Una de las claves de la debilidad de la Conselleria frente a Eresa reside en el modelo de facturación. Casi todos los hospitales donde opera Erescanner se rigen por el A, en el que los radiólogos de la pública no intervienen. En el modelo C la resonancia la hace Erescanner pero el radiólogo que informa es del hospital, lo que supone un considerable ahorro. El contrato preveía la implantación progresiva del modelo C no sólo porque es más barato, sino porque en 2018 cuando acabe el concierto no va a haber médicos de los hospitales públicos expertos en resonancias. De hecho, ésta es la principal dificultad que tiene la consellera Carmen Montón para devolver el servicio a la gestión pública, de ahí que su primera decisión haya sido extender el modelo C.

Este modelo sólo se implantó parcialmente en La Fe en 2011, con la oposición de Erescanner, que en 2012 firmó un acuerdo con la Conselleria para limitar ese año la facturación a 37 millones. A cambio, Sanidad renunciaba a exigirle la renovación de equipos y a extender el modelo C al resto de hospitales. El Síndic cuestionó la contraprestación. Otra grieta en el sistema es el de la sedación que se administra a algunos pacientes para que estén tranquilos durante la prueba.

«La sedación es realizada por la empresa concertada sin control de indicación ni procedimiento por parte del personal del hospital. La empresa no deja constancia en la historia clínica de este acto médico ni se aporta documentación justificativa junto con la factura», destaca la Sindicatura, que concluye: «No hay control efectivo sobre este concepto», cuya facturación ascendió a 0,9 millones de euros en 2012.

Tampoco hay constancia de los incumplimientos en cuanto a listas de espera, que por contrato no pueden exceder de 24 horas en pacientes urgentes y 30 días en no urgentes. La Conselleria no tiene ninguna información al respecto. La Sindicatura hizo un muestreo y detectó incumplimientos «relevantes» en Gandia y el General de Castellón, precisamente dos de los centros, junto a Xàtiva, donde Eresa hizo más resonancias para aseguradoras privadas, algo que el contrato sólo contempla en caso de que no haya demoras, previa autorización de Sanidad.

(Este artículo se publicó originalmente en el número de febrero de la revista Plaza)