La radicalización de los partidos que han representado la derecha democrática no es un mal menor que debemos aceptar para frenar a la derecha radical. No sería aceptable plantearlo, pero es que tampoco funciona.

Es cierto que ha habido un debate legítimo sobre como los demócratas debemos enfrentar la ultraderecha. Incluso parecía sensato que muchos defendieran durante años que la mejor estrategia era no comentar sus barbaridades.

Algo parecido a ese capítulo de Los Simpson en el que las mascotas gigantes de las marcas comerciales cobran vida y la única manera de acabar con ellas es no prestarles atención. A los monstruos no mirad.

Pero, aunque es cierto que han buscado incrementar su notoriedad a base de provocaciones, ya es imposible ignorar al elefante, o el monstruo, en la habitación. Si hubo un momento para eso, ya pasó.

De hecho, que en España la extrema derecha sea tercera fuerza ya sería razón suficiente para entender que no podemos ignorar su existencia. Pero si, además, el Partido Popular les ha incluido en gobiernos autonómicos o municipales o ya les abre la puerta a formar parte de la gobernabilidad de España, hay que tratar a las cosas con la gravedad que realmente tienen.

Y es que una idea trasnochada, algo que calificaríamos como locura, puede acabar publicándose en el BOE.

El ejemplo de todo esto lo hemos tenido esta semana, respecto a las políticas de inmigración.

En su congreso Feijóo asumía la línea dura y pronunciaba frases que habría firmado el mismo Abascal. Se preguntaba cómo vamos a reconocer derechos a algo ilegal. Olvidándose o no de que ese ‘algo’ es una persona. Y que no solamente tiene derechos simplemente por el hecho de serlo, sino que cualquier gobierno, también uno que presidiera él, debería respetarlos.

Y ante esto la respuesta de VOX no ha sido darse por satisfecho, por haber conseguido que un partido que reclama la propiedad de la centralidad política asuma un discurso ultra. Lo que ha hecho es seguir estirando la cuerda hacía el extremo. 

Y así, cada vez, el mal menor está más cerca del mayor de los males.

Por eso, pocas horas después del discurso de Feijóo apareció Rocio de Meer proclamando que la propuesta de VOX es expulsar a 8 millones. A los inmigrantes e incluso a sus descendientes. Es decir, sin distinción de su situación administrativa e incluso con nacionalidad española. 

Proponen romper el criterio de que ser español es una situación jurídica. Quieren devolver el debate al concepto de raza, construido directamente para discriminar a quienes no encajan en sus propios cánones.

Empezaron atacando a los que calificaban como delincuentes, porque pensaban que la mayoría se sumaría a expulsar a personas percibidas como peligrosas. Aunque casualmente nunca se buscaba expulsar a delincuentes patrios o de cuello blanco. 

Continuaron criminalizando a los menores no acompañados, a los que llamaron MENAs, porque no se atrevían a decir en alto que se estaban refiriendo a niños y niñas que estaban en un país nuevo sin sus padres y madres.

Ahora ya no solo van contra cualquier persona venida de otro país, sino también contra personas nacidas aquí. Al más puro estilo trumpista.

Y estos últimos días justifican e instan cacerías de personas migrantes en Torre Pacheco. Un pueblo con un alto porcentaje de población de origen magrebí y que quieren convertir en el ejemplo a seguir por muchos otros. Y lo hacen casualmente con muchos vídeos, difundidos por cuentas de ultraderecha, donde se alerta de que el problema más grave son las segundas generaciones.

El partido de los de Meer o el de Ortega Smith quiere imponer el marco de la pureza española. Un concepto inexplicable en términos racionales, porque, ¿desde cuándo uno es auténticamente español, si el criterio al que acudimos no es la ley? ¿Si tu apellido es neerlandés o anglosajón vale, pero si es marroquí o ecuatoriano no? ¿Si tienes dinero te convalidan la españolidad? ¿Si eres colaboracionista con los racistas se te perdona no tener aspecto de ser de Albacete? ¿Qué es esa pureza racial?

Estamos ante una salvajada que sitúa el debate, cogiéndome al ejemplo que utilizaba en redes sociales Jorge Dioni, en si España debe deportar a Lamine Yamal, porque sus padres provengan de Guinea y Marruecos.

Expulsar a 8 millones de personas del país significa tirar a 1 de cada 5 habitantes de España. Compañeros y compañeras de trabajo, niños y niñas de la clase de tus hijos e hijas, vecinos y vecinas…personas que forman parte del día a día. Que le moleste a quien le moleste son España. 

Y lo son sean la persona más productiva del mundo o no. Cuiden de personas mayores, hagan trabajos que no quiere hacer la mayoría o no. Porque nadie es español cuando cumple una cuota de producción, ni ese es el argumento para oponerse a esta barbaridad. Por mucho que la inmigración cree riqueza no hay que deslizarse a ese argumento, porque la ciudadanía y sus derechos no son algo que solo se reconoce cuando conviene más o si salen los números, tengamos el color de piel que tengamos.

Es un reconocimiento legal y democrático que está en la base de nuestro Estado de derecho, como lo está no hacer pagar a nadie por los crímenes de otro simplemente porque tengáis el mismo origen. 

De hecho, no deja de ser curioso que los mismos que tiraban a la cabeza de los independentistas la frase ‘¿qué pone en tu DNI?’ ahora defiendan que la nacionalidad ya no importa si provienes de un país que no les gusta o si tus rasgos físicos no son todo lo castizos que ellos exigen. 

La realidad es que quienes militan en el odio ni quieren, ni nunca han querido defender la legalidad, sino arrinconar e incluso echar a quienes no son como ellos. Y esa característica, la de no ser como ellos, la compartimos la mayoría. También mucha gente que es de derechas y debe plantarse.