VALÈNCIA. A la larga lista de frentes en los que batalla el campo valenciano se suma otro más: la nueva ayuda de la Política Agrícola Común (PAC). Y es que, según denuncian diversas asociaciones y representantes del sector en la Comunitat, estos fondos se han recortado más de un 23% y, además, su planteamiento deja fuera a 17.500 agricultores valencianos. Es la puntilla que le faltaba a un sector que lidia con la falta de reciprocidad en las exportaciones, un aumento del coste de producción por las nuevas obligaciones fitosanitarias y otras imposiciones como el cuaderno digital, que obligan a pequeños productores a tener que contratar ayuda externa para aplicarlo. Por no hablar de las sucesivas pérdidas de cultivo como consecuencia de los fenómenos climatológicos. En ese sentido, las últimas granizadas se cebaron con unas 8.000 hectáreas que suponen una spériddas de entre 25 y 29 millones de euros, según La Unió y AVA-ASAJA.

Mientras La Unió cifra el recorte de los fondos en más de un 23%, la patronal AVA-ASAJA lo cifra en un 25%. Según La Unió, el volumen de gasto comprometido para la PAC en el período de programación 2028-2034 sería de 295.699 millones de euros; lo que representa 90.067 millones de euros menos, lo que supone un recorte del 23,4%. Por su parte, AVE indica que el presupuesto pasa de 378.000 millones de euros a 302.000, un recorte del 20%, llegando al 25% si se cuenta la partida global en los valores actuales. Tanto estas dos asociaciones como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han denunciado el recorte y exigen un presupuesto suficiente para afrontar los retos del sector agrario. Ante el riesgo de que más de 17.500 pequeños agricultores se queden fuera de estas nuevas ayudas por tener más de 65 años, la Conselleria de Agricultura solicitó el pasado jueves, junto a otras ocho autonomías afectadas, una reunión con el Ministerio de Agricultura para abordar la situación, aunque todavía está esperando respuesta por parte de la cartera que dirige Luis Planas.

El "hachazo a la PAC", según AVA, también coincide con la falta de reciprocidad en los acuerdos con países terceros, la falta de controles que permite la entrada de nuevas plagas y enfermedades, y la "arbitrariedad" de medidas fitosanitarias como el tratamiento en frío aplicado únicamente a las naranjas sudafricanas, cuando hay otros cultivos que también son susceptibles de infectar la falsa polilla.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que "con este retroceso histórico, el equipo de Von der Leyen incumple las promesas dadas antes de las elecciones europeas y da la espalda al campo, lo que intensificará la crisis de rentabilidad, el abandono de campos y la dependencia de alimentos procedentes de países terceros con mayor huella de carbono y menor seguridad fitosanitaria. Esta PAC es mala para los productores, es mala para los consumidores y es mala para la lucha contra el cambio climático".

La Unió Llauradora i Ramadera, por su parte, critica que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea liquida la Política Agraria Común (PAC) y convierte la suficiencia alimentaria de la ciudadanía en una moneda de cambio por armas y fronteras. "Con la nueva propuesta, la PAC pierde su identidad, ya que desaparece como política propia para integrarse en un mega-fondo junto a empleo, migración, cohesión o defensa. Bruselas quiere convencer de que eso simplifica, pero lo único que simplifica es el recorte con un tijeretazo brutal sobre el presupuesto actual. Este ataque institucional vulnera además el Artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a mantener una política agraria común con entidad propia. En su lugar, nos quieren meter en una ruleta presupuestaria donde la agricultura competirá con la OTAN por los fondos europeos y ya se sabe quién gana", explican.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha advertido de que lucharán contra esta propuesta de Bruselas. Según explican, el presupuesto para la PAC se reduciría entre un 20% y un 30%, pasando de 386.000 a 300.000 millones de euros. "Esta reducción sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 % en 1980 a cerca del 24,6 % en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20%", señalan.

Frente común

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, junto a otras ocho comunidades autónomas, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León, remitió el pasado jueves una carta al ministro de Agricultura solicitando la convocatoria urgente y presencial de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ante la preocupación generada por la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028–2034.

Miguel Barrachina ha advertido sobre el grave impacto que tendría la nueva PAC en los agricultores jubilados que siguen trabajando sus tierras, ya que la propuesta les excluiría de las ayudas agrarias: "Esta medida golpea de lleno a la Comunitat Valenciana, donde cerca de 17.500 agricultores, casi la mitad del total, superan los 65 años".

En la solicitud remitida al ministro, las comunidades alertan de que el nuevo modelo planteado "rompe con esta política tal y como la conocemos" y "pone en riesgo el mantenimiento del sector agrícola" nacional.

"La propuesta presentada por Bruselas debilita gravemente una política esencial para el campo español. No podemos permitir que se diluyan sus fondos ni que se desdibuje su finalidad. Exigimos diálogo, consenso y claridad sobre el futuro del sector", ha afirmado el conseller Miguel Barrachina.

"Si se consuma este planteamiento, la PAC perderá su identidad, y con ella, buena parte del apoyo que hasta ahora permitía sostener la actividad agraria, especialmente en zonas rurales o con dificultades estructurales. Por eso, reclamamos una reunión inmediata con el ministro para analizar a fondo esta situación y exigir garantías", ha añadido Barrachina.

"Exigimos que los cambios se realicen de manera consensuada y acordada, y no de forma unilateral, como ha ocurrido con el cupo separatista de la financiación o con el agua, un recurso que es de todos, pero que igualmente ha sido recortado para nuestros regantes sin ningún acuerdo previo", ha concluido el conseller.