En el fragor del debate sobre la financiación singular de Cataluña, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha realizado una propuesta sumamente acertada. Lamentablemente, él mismo la ha desvirtuado al desarrollarla, pues ha jugado con las palabras hasta hacerlas adquirir el significado opuesto al original. Es lo mismo que les ha ocurrido a los que han diseñado una financiación singular para una comunidad que, según ellos mismos, es extrapolable a las demás regiones, con lo que deja de ser singular. Pero, insisto, la propuesta inicial de Maíllo es sumamente acertada: la financiación debe ser, según él, federal, multilateral y orientada a las personas, que no a los territorios. La idoneidad del tercer punto resulta obvia: en efecto, el dinero debe ir a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y se corresponde con el hecho, no menos obvio, de que son los ciudadanos los que pagan los impuestos, que no los territorios. Nadie paga el impuesto de la renta en su condición de catalán o de murciano, sino en su condición de español. Así que no existe nada parecido a los impuestos catalanes o murcianos, sino que todos son impuestos españoles y deben dedicarse en beneficio de los ciudadanos españoles. Añado: mejor cuanto más equitativamente. Acierta, pues, Maíllo en este punto.

¿Y en los otros dos? También, pues la financiación debe ser federal y multilateral. Me apresuro a aclarar el significado del primer término, pues ya adivino el estupor de muchos de mis lectores. No crean que federal significa que cada región gestione los impuestos por su cuenta, como han propuesto los socialistas catalanes, sino que se pacte el sistema de financiación entre todos los implicados. Desde su experiencia como profesor de Latín, Maíllo sabrá perfectamente que la palabra “federal” proviene de latín foedus, que significa pacto o alianza. A su vez, proviene de la raíz indoeuropea bheidh, que significa fiarse, que ha dado la latina fidere, de donde vienen confiar y fiar. En resumen, lo federal no es un resultado, sino un método. Consiste en establecer pactos entre partes que confían unas en las otras. Así que tan federal es que cada región recaude por su cuenta como que se mantenga la caja común y luego se hagan trasferencias para los servicios públicos a las regiones.

No comparto ese optimismo revolucionario de que un Gobierno socialista jamás toleraría que Cataluña dejase de realizar sus sustanciosas aportaciones a la caja común"

Todo depende de lo que pacten los interesados, que, en este caso, son el Gobierno español y los quince gobiernos autonómicos del régimen común. De ahí que el pacto tenga que ser multilateral, como muy acertadamente señala Maíllo. Ya se entiende que multilateral es un antónimo de unilateral, e incluso de bilateral, de modo que el acuerdo bilateral establecido primero entre el PSC e IRC y luego entre el Gobierno español y el catalán solo vale como una propuesta a llevar al foro multilateral que tendrá que decidir. De hecho, según la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, los órganos bilaterales son inconstitucionales si excluyen o limitan la capacidad de las instituciones y organismos de carácter multilateral en materia de financiación autonómica. Así que las demás regiones tienen derecho a llevar sus propias propuestas al foro multilateral, la casi totalidad de las cuales incluirán el mantenimiento de la caja común. Y tienen sus argumentos.

El primero de ellos es que fragmentar la recaudación constituiría una seria amenaza a la solidaridad. El ejemplo del cupo vasco así lo demuestra. Demos los datos. Medida en euros, la renta pública en 2016 era de 4,100 en Vasconia, 3.266 en Navarra y 1.890 en el resto España. En 2024 esos números fueron 6.613, 5.879 y 3.399 respectivamente. En suma, los ciudadanos del régimen foral reciben el doble que los del régimen común. Y no hay misterio: Vasconia y Navarra no contribuyen al fondo común de solidaridad, sino que retienen todo lo que recaudan en sus territorios. Obviamente, lo mismo sucedería si Cataluña recaudase y gestionase todos los impuestos generados en su zona. Es fácil comprender que nadie pide controlar la recaudación para incrementar o mantener su aportación solidaria, sino más bien para todo lo contrario. Y ese pronóstico se ve reforzado por el hecho de que el gobierno autonómico catalán considera que Cataluña es una nación distinta de España. Lo normal es que su contribución tienda a cero en los sucesivos ejercicios, sobre todo en cuanto gobiernen Izquierda Republicana de Cataluña o Juntos por Cataluña. De hecho, se agravaría el problema, pues esa comunidad autónoma, que aporta el 19% del Producto Interior Bruto español, es uno de los principales contribuyentes al fondo de solidaridad.

Muchos me dirán que un Gobierno socialista, español o catalán, jamás toleraría que Cataluña dejase de realizar sus sustanciosas aportaciones a la caja común. No comparto ese optimismo revolucionario. Los socialistas vascos son socios del PNV en el Gobierno de Vasconia y eso no ha impedido que esa comunidad no ceda ni un euro al resto de España. Por otro lado, el sueldo de los consejeros catalanes es de 121.958 euros anuales, o sea 40.164 más que el de los ministros españoles. Como la experiencia demuestra, los gobernantes catalanes gastan mucho más que los del resto de España, habiendo acumulado una deuda superior a los 80.000 millones de euros a pesar de que su financiación está en la media española. Digan lo que digan nuestros bienintencionados socialistas y comunistas, conceder la independencia fiscal a Cataluña perjudicaría mucho a las otras regiones.

Si Madrid emplease el sistema de cupo vasco que quieren los separatistas catalanes no solo no quedaría nada para transferir a las demás regiones, sino tampoco para hacer frente a los gastos sociales en España"

Hay más motivos para oponerse a la fragmentación de la unidad fiscal. Uno de ellos es que saldría bastante más caro recaudar. Aproximadamente, según los expertos, unas tres veces más caro que hacerlo de forma única. Además, dificultaría extraordinariamente recaudar determinados impuestos, como los que generasen los trabajadores de empresas con domicilio fiscal en Cataluña que residiesen fuera de esa comunidad. Por motivos similares, facilitaría el fraude fiscal, pues se fraccionaría la base única de datos de los contribuyentes que, año a año, ha elaborado la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para colmo dicha Agencia, una de las joyas de la Administración española, se extinguiría o se vería muy mermada.

Con todo, quizás el motivo más fuerte para oponerse a la fragmentación fiscal es que la Administración Central (lo que los separatistas suelen llamar el Estado) se quedaría sin fondos para pagar las pensiones, el ingreso mínimo vital y las prestaciones por desempleo. Quizás el lector no se haya dado cuenta de que ni los gobernantes vascos ni los catalanes han incluido la transferencia de las pensiones en sus reclamaciones. Quieren recaudar y gestionar todos los impuestos generados en sus zonas, pero dejan al conjunto de los españoles el pago de sus pensiones. Si Madrid, la comunidad que más aporta a la caja común, emplease el sistema de cupo vasco que quieren los separatistas catalanes no solo no quedaría nada para transferir a las demás regiones, sino tampoco para hacer frente a los gastos sociales en España. Para evitar esa catástrofe conviene que apoyemos a Maíllo: queremos un sistema de financiación federal, (o sea, pactado), multilateral (o sea, con participación de todas las regiones) y orientado a los ciudadanos, que no a los territorios. Y quizás también haya llegado el momento de exigir a Vasconia y a Navarra que aporten cada año los varios miles de millones de euros de los que hasta ahora se han venido apropiando injustamente.