VALÈNCIA. Nuevo capítulo en la polémica en torno a los 24 apartamentos turísticos situados en los bajos de un edificio del barrio de Patraix. La empresa propietaria de los locales reta ahora al Ayuntamiento de València a comprarles los bajos “para destinarlos a uso social, si realmente consideran que nuestro proyecto no es adecuado”. La promotora sostiene haber cumplido “estrictamente la legalidad vigente” y lanza un órdago al consistorio al que acusa de actuar con una “parcialidad impropia de un estado de derecho” y de “ceder a la presión” de colectivos vecinales. Cabe recordar que el consistorio aseguró a los vecinos que redoblaría “esfuerzos administrativos y legales” para paralizar la apertura de estos bajos turísticos.

Proceso de resolución de alegaciones

La propuesta de venta al Ayuntamiento, según sus responsables, es “firme y abierta al diálogo” y se produce mientras la Conselleria de Turisme mantiene abierto un expediente para dar de baja estos apartamentos del Registro de Viviendas Turísticas de la Comunitat Valenciana. Según la inspección, transcurridos más de dos meses desde la presentación de la declaración responsable, los apartamentos no habían iniciado la actividad turística, lo que vulneraría el artículo 25 de la normativa autonómica. La empresa ha presentado alegaciones, asegurando que la actividad comenzó en mayo, y el expediente se encuentra ahora en fase de resolución de dichas alegaciones.

Este expediente no es el primero que afecta al proyecto. A finales de 2024, la administración ya había incoado un primer expediente por inactividad, pero la empresa optó entonces por solicitar voluntariamente la baja del registro antes de que se resolviera, lo que permitió archivar el expediente sin penalización y volver a iniciar el proceso poco después.

La nueva inscripción se produjo en primavera de 2025, poco antes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que exige ahora el apoyo de 3/5 de los propietarios para permitir el uso turístico en comunidades residenciales. Gracias al nuevo registro —basado en una licencia anterior a la moratoria municipal y un certificado de compatibilidad urbanística expedido en marzo de este año por una Entidad Colaboradora Urbanística (ECUV)—, el proyecto pudo esquivar tanto la moratoria como la exigencia de consentimiento vecinal.

La promotora, encabezada por el empresario Rubén Zaballos, defiende que todo el procedimiento se ha llevado a cabo “conforme a la legalidad vigente”. También sostienen que os apartamentos tienen entrada independiente del resto del edificio, por lo que “no afectan a la convivencia vecinal”. Los propietarios de los bajos turísticos también denuncian "acoso y hostigamiento" por parte de un grupo de vecinos. 

El proyecto ha generado un amplio rechazo por parte de la comunidad vecinal, que desde el inicio ha manifestado su oposición a la transformación de los bajos comerciales en alojamientos turísticos. El caso ha reabierto el debate sobre los límites del modelo turístico en entornos residenciales y también ha evidenciado que pese a la moratoria de licencias, siguen proliferando las viviendas de uso turístico en bajos con permisos anteriores a la restricción.