VALÈNCIA. El hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, Francis Puig, y su socio Juan Adell Bover, van camino del banquillo por haber creado un supuesto clan de productoras audiovisuales que recibieron subvenciones de manera irregular de varias administraciones públicas, entre ellas la Generalitat Valenciana. La Fiscalía ha solicitado para el primero una pena de cuatro años de cárce mientras que para el segundo, solicita tres años de prisión. En ambos casos, pide la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de una indemnización de casi 110.000 y 75.000 euros respectivamente, que sería el dinero defraudado tanto a la administración valenciana como a la Generalitat de Catalunya.
El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los dos investigados, administradores de las empresas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat. Ambas empresas habrían percibido de manera irregular subvenciones para el fomento del valenciano de la Generalitat entre los años 2015 y 2018. Para ello, según los indicios aportados por el magistrado, se habrían empleado facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
En su escrito, el Ministerio Fiscal ha solicitado apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, y considera probado que Francis Puig, al frente de Comunicacions dels Ports, "con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor".
También señala la creación de la firma Masmuts Produccions como una "empresa ficticia" a través de la cual Puig, "con la intención de beneficiarse económicamente, solicitó subvenciones" mediante la "simulación de gastos". Las ayudas, al final, "tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convocadas por las administraciones", según el Ministerio Fiscal.
Sobre su socio, Adell Bover, el Fiscal también considera que aportó, por parte de la empresa Canal Maestrat, facturación "que puede ser considerada como no auténtica" con los mismos fines. Es posible, señala, que algunas de ellas "hayan sido creadas bien por él mismo o por otra persona siguiendo sus instrucciones, con la única finalidad de incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención".
A juicio del Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada o, de forma subsidiaria, de un delito de apropiación indevida agravada. Además, añade que "otras personas pudieron haber intervenido en la autoría de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa", si bien la investigación ya está finalizada.
Aunque el juez descartó expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones por no alcanzar las cuantías defraudadas el mínimo que fija la normativa, sí cree que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.
La Generalitat Valenciana, dirigida por Carlos Mazón, anunció que se personaría como acusación para ejercer acciones civiles y penales contra los investigados, por lo que autorizó a la Abogacía para llevar a cabo estas acciones. Tomó así el guante lanzado por el juzgado, que le había ofrecido realizar acciones al considerar que la Generalitat Valenciana fue perjudicada en la adjudicación indebida de las ayudas.
