VALÈNCIA. El presupuesto de la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de València (Aumsa) para 2026 se reduce en casi un 20%, pasando de 38,76 millones de euros a 31,04 millones, según se aprobó este jueves en el Consejo de Administración. Las cuentas han salido adelante con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV, que han criticado el recorte presupuestario por el contexto de crisis de vivienda.
Desde el gobierno local, el concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner, justifica que este recorte responde por una parte a que las consignaciones "se ajustan al ritmo real de las certificaciones de obra”. Giner insiste en que "un edificio no se construye en un año, vas certificando y vas gastando”. Además, el edil avanza que en 2026 se prevé ampliar la financiación externa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El edil también subraya que la política de vivienda del gobierno municipal "no depende únicamente del presupuesto de Aumsa”, puesto que el servicio municipal de Vivienda también prevé inversiones en la consturcción de vivienda en el próximo ejercicio.
Las cuentas reflejan una reducción notable de las inversiones reales, que pasan de 21,99 millones a 16,13 millones, es decir, un 26,6% menos que el año anterior. Estas partidas corresponden a la ejecución de proyectos en marcha y a nuevas actuaciones de construcción o rehabilitación.
En cambio, las operaciones corrientes aumentan ligeramente hasta los 13,88 millones (+4%), impulsadas por un incremento del gasto de personal (+4,4%) y un fuerte repunte de los gastos financieros (+72,9%), lo que refleja un mayor coste del endeudamiento. Los gastos en bienes y servicios se mantienen estables respecto a 2025. En el lado de los ingresos, las transferencias de capital procedentes de otras administraciones suben un 6,3%, hasta los 18,07 millones, mientras que los ingresos por tasas, precios públicos y enajenación de activos caen de forma significativa. En concreto, las ventas de patrimonio —que en 2025 aportaron cerca de 8 millones— se reducen casi por completo, hasta 0,5 millones.
"Falta de ambición"
Desde la oposición, tanto Compromís como el PSPV rechazaron las cuentas por considerar que reflejan una “falta total de ambición” ante la crisis de vivienda. La portavoz de Compromís, Papi Robles, reprochó que “ante la mayor crisis de vivienda conocida en las últimas décadas, el gobierno de Catalá baja un 20% el presupuesto de Aumsa”. Según la edil, la única inversión prevista en nuevas viviendas es la construcción de un edificio en el PAI de Moreres (parcela 18.1, sector NPR-5 ‘Moreres III’), con una inversión de 10,5 millones de euros, “una cifra totalmente insuficiente para la situación que sufre la ciudad”.
En la misma línea, la edil socialista Elisa Valía ha denunciado que el presupuesto aprobado “supone la paralización total de la construcción de vivienda pública”. A su juicio, “las promociones incluidas para 2026 son las últimas heredadas del plan del anterior gobierno progresista, lo que demuestra que Catalá no ha sido capaz de impulsar ni una sola nueva promoción”. Valía ha añadido que “esta decisión llega en el peor momento posible, cuando las familias están siendo expulsadas de la ciudad porque no pueden acceder a una vivienda”, y ha reclamado que el gobierno del PP y Vox “cumpla con la Ley estatal de Vivienda” declarando zonas tensionadas para controlar los precios del alquiler.
"Pero lo más grave es que Catalá tiene más de 50 viviendas de Aumsa por adjudicar cuando la lista de espera de la entidad pública supera las 2.000 peticiones. Nos dicen que están en proceso, pero la realidad es que las personas no pueden esperar a un Ayuntamiento lento y con poco interés por resolver el problema de la vivienda", reprochó Robles, quien sostiene que "el único interés que tiene el gobierno de Catalá es el de beneficiar a las empresas constructoras y fondos de inversión especuladores".
Unificar los registros de demandantes de vivienda
Precisamente los datos de los registros de demandantes de vivienda reflejan la dramática situación de la vivienda, que no en vano, ya es la primera preocupación de los vecinos de València. El registro de demandantes de Urbanismo cuenta actualmente con 1.247 personas inscritas, mientras que el de Aumsa suma 2.101 solicitantes. A estas se añaden 3.017 solicitudes pendientes de baremar, lo que eleva por encima de las 6.000 las peticiones registradas o en tramitación. Ante esta situación, el gobierno municipal ha anunciado su intención de unificar ambos registros en uno solo para “evitar duplicidades y agilizar los trámites” de adjudicación de viviendas públicas.
En paralelo, Aumsa adjudicó en la misma reunión del Consejo de Administración las obras para la construcción de un edificio de 90 viviendas de protección pública en el barrio de Quatre Carreres, destinadas a alquiler asequible, por un importe de 18.197.657,91 euros a la empresa Abala Infraestructuras. Giner explicó que con esta, Aumsa ya tendrá en marcha la totalidad de las 307 viviendas incluidas dentro del Plan +Vivienda que prevé un total de 1.000 a través de distintas fórmulas.
A la licitación, que contaba con un presupuesto base de 20,77 millones de euros, se presentaron ocho empresas, y tras completarse el proceso se elevó la propuesta de adjudicación al Consejo. El edificio se proyectó sobre una parcela de 1.428 m², con una edificabilidad de 8.288 m² de techo y un plazo de ejecución de 22 meses. El proyecto contempló viviendas de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas en diez plantas y un ático, con dos sótanos de aparcamiento, trasteros y espacios de instalaciones. En la última planta se habilitaron zonas comunes para los residentes, con una sala de trabajo compartido, lavandería y gimnasio comunitario.
"Prioridad"
"Desde el primer momento que comenzó el actual mandato en el Ayuntamiento de Valencia, la vivienda se convirtió en una prioridad para el gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá. Nos encontramos con una situación de absoluta dejadez y falta de impulso político para ampliar el parque público de viviendas. En ocho años de gobiernos de la izquierda solo se entregaron 14 viviendas de protección pública (VPP)", reiteró Giner. El edil señala que están en camino del objetivo de lograr el Plan + Vivienda, "con el que nos comprometimos a llegar a 2027 con la construcción o puesta a disposición de más de 1.000 VPP y de alquiler asequible". Ahora, según sus datos, "hay más de 450 viviendas ya habilitadas para dar respuesta a lista de demandantes".
