Ni rebelión ni sedición: rendición

Tras meses negándolo (mintiendo), el presidente del (des)Gobierno Pedro Sánchez anunció, en programa televisivo, que al día siguiente PSOE y Unidas Podemos iban a presentar en el Congreso la “reforma” del delito de sedición. Eso, mientras su ministro Félix Bolaños, aseguraba en varios ‘whatsapps-trampa’ que “no hay nada de la sedición; es periodismo de autor y una no-noticia”. De inmediato, sus socios de ERC beneficiados por el tijeretazo al Código, dejaron claro que no era reforma sino derogación. Y que se crearía un descafeinado delito de “desórdenes públicos”.

Resulta desconcertante que la despenalización de hechos graves sea redactada por los condenados por delinquir y que la sedición desaparezca por imposición de los sediciosos. Sánchez cada día supera nuestra capacidad de sorpresa. Y lo peor es que aún no sabemos donde están sus límites, ni sus escrúpulos. Si los tiene.

Porque no hay que olvidar que es él mismo quien aseguraba, hasta que con ceses propició el cambio en la calificación del delito, que lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017, no era el delito de sedición que ahora le parece exagerado, sino el más grave de rebelión penado en el artículo 472.5º del Código por “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Como también afirmó que traería al Puigdemont fugado (“¿De quién depende la Fiscalía?. Pues eso”). Que no indultaría a los condenados. Que nunca pactaría con ERC, ni con Bildu. O que jamás gobernaría en coalición con UnidasPodemos, “porque no podría dormir por la noche, como el 95% de la población”.

Pero es que, además, ahora pretenden convencernos de que la declaración de independencia, el referéndum ilegal y todo lo que le rodeó, incluyendo el uso indebido de fondos públicos, no tendría más pena en Europa que una riña a la salida de un bar. Cuando la realidad es que los Códigos Penales de Alemania (Estado, por cierto, federal) Francia, Italia, Bélgica o Portugal, castigan de forma mucho más grave, se llamen como se llamen los delitos, las conductas que tengan como objetivo “cambiar el orden constitucional”, “atacar a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal la independencia” o “intentar separar de la patria una parte del territorio aunque sea sin violencia”.

Porque lo relevante es considerar cuál fue el objetivo de aquellos hechos, evitado al combatirlo en los tribunales con un Derecho idóneo para ello.

Y también es básico constatar con quién y para qué impulsa Sánchez la despenalización del secesionismo. Desarmando jurídicamente al Estado ante futuros ataques a su integridad territorial y aplicándola a quienes, sin arrepentimiento ninguno, repiten, una y otra vez, “ho tornarem a fer”. Por eso Oriol Junqueras lo considera un “gran éxito” y Pere Aragonés ha manifestado que ahora será “más difícil perseguir el independentismo”. Y anunciando, claro, que exigirán más: derogación del 155 CE, amnistía a los condenados o prófugos de la Justicia y referéndum de autodeterminación.

O que “tras eliminar el delito de sedición, toca reformar el de malversación”, por el que quedarán liberados los condenados por utilizar indebidamente fondos públicos en aquel ‘procés’ secesionista o por, como el presidente nacional del PSOE José Antonio Griñán,  haberse desviado en el “caso EREs” casi 700 millones de euros.

Y todo ello porque Sánchez persigue su beneficio personal: mantenerse un tiempo más en el sillón, cambiando independencia por supervivencia, y a sabiendas de que “desjudicializar delitos” es regalar impunidad. Acabará así la inhabilitación de Junqueras y otros para presentarse a las elecciones, retornarán los fugados como Puigdemont sin temor a ser condenados, o lo volverán a hacer como han anunciado, esta vez con el Estado debilitado en las herramientas para impedirlo.

Lo peor para la Comunitat Valenciana es que Ximo Puig sea el “barón” socialista que con más entusiasmo ha aplaudido la medida, manifestando incluso que se tenía que haber hecho antes y que “es un paso en la dirección correcta”. Una complicidad que se explica en que, en realidad, aunque ahora en pre-elecciones pretenda pasar por “moderado centrista”, él siempre ha estado ahí. Y por eso financia con recursos de los valencianos a entidades que apoyan el independentismo e incluyen en el territorio a segregar de España a Alicante, Valencia y Castellón. Como el Aplec dels Països Catalans 2022 previsto para diciembre en Alcoy y subvencionado por el Consell de Puig

La realidad es que llegado este punto, no hay medias tintas: o se está con la sumisión al independentismo o se defiende el Estado de Derecho y la integridad territorial. Y no se puede, nunca, olvidar a los muchos catalanes constitucionalistas que quieren seguir siendo españoles, y dentro de España, como queremos muchos a Cataluña. Porque no estamos mejor que estábamos y menos ellos. Ni los secesionistas tienen más lejos sus objetivos. Y no hay más que responder al “quid prodest” romano: a quién beneficia la derogación, que tanto gusta a Puig.

Sobre todo si Sánchez (que ha pasado de la rebelión a la sedición, para acabar en la rendición), y sus compañeros de viaje, siguen haciendo trajes legislativos a medida y despedazando el Código Penal. Que, en éste y en otros temas, de eso saben un rato.