Ni transparencia ni buen gobierno

La transparencia es básica en una democracia. No solo es un derecho de los ciudadanos, es una obligación impuesta por la ley para asegurar la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, que están obligados a facilitar cualquier documento que un ciudadano solicite, excepto en casos muy excepcionales. A más transparencia, menos corrupción, menos tomaduras de pelo a la ciudadanía, más control de la acción política. La transparencia fortalece el Estado de derecho al arrojar luz sobre la gestión política; la falta de transparencia lo debilita.

Los malos gobernantes creen que la transparencia les debilita a ellos, y no les falta razón. Rendir cuentas les parece una carga que solo puede traer problemas. Si la transparencia arroja luz sobre la gestión, ¿para qué arriesgarse a quedar en evidencia, pudiendo ser opaco sin ninguna repercusión, más allá de algún artículo dominical que pasará sin pena ni gloria? Como nadie dejará de votarles por ello, toman el pelo con total impunidad a quienes les importunamos con preguntas.

Por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trilera de las cuentas públicas que lleva dos meses amenazando al PP y a Vox con un recorte en el gasto de las Comunidades Autónomas, basándose en un informe de la Abogacía del Estado que nadie ha visto y que se niega a hacer público.

Todo empezó el pasado 11 de diciembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando Montero presentó los objetivos de estabilidad y límites de déficit para 2024 y el PP le advirtió que el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, los rechazaría. Según la ley, si el Senado vota en contra, el Gobierno debe presentar una nueva propuesta –puede ser idéntica, como así ha ocurrido–, pero el Senado puede volver a rechazarla. Montero puede, así, acabar atrapada en el tiempo como Bill Murray, porque la ley no prevé ninguna solución a este toma y daca.

La ley no, pero la ministra sí. Según advirtió el 11 de diciembre, si el Senado rechaza la propuesta dos veces, se aplicarán automáticamente los objetivos de estabilidad enviados a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que eran peores para las CCAA –sin margen de déficit– que los finalmente presentados, que les autoriza un déficit del 0,1% y, por tanto, más gasto. ¿Y de qué chistera se sacó eso? Pues según afirma desde hace más de dos meses, de un informe de la Abogacía del Estado.

¿Dónde está ese informe? Montero lo guarda bajo siete llaves sin ningún motivo. Se lo han pedido las CCAA que se juegan poder gastar o no cientos de millones de euros en 2024; los partidos de la oposición a través del Congreso y el Senado, incluidos algunos de los que sostienen el Gobierno de Sánchez, y también los periodistas que hacemos seguimiento de este asunto. Pero Montero dice que no, que solo lo enseñará si el Senado rechaza por segunda vez su propuesta.

Valencia Plaza también ha pedido el informe. Primero, para comprobar que existe –la falta de credibilidad del Gobierno y el empecinamiento de Montero nos hace dudar–; de existir, para verificar que llega a la novedosa conclusión que dice la ministra; y si es así, para examinar y contar a los lectores los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado.

La petición a través del Portal de Transparencia la cursamos el 12 de diciembre al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que depende la Abogacía del Estado. Es obvio que la respuesta ha sido negativa; de lo contrario, esta columna habría versado sobre asuntos mucho más interesantes como la canción Zorra, la mortífera mascletà de Madrid o la última deriva de la nueva inquisición, que es escandalizarse por unos disfraces ¡en el Carnaval!

La Abogacía tiene fama de rigurosa, de que sus dictámenes van a misa. Pero, si rascas un poco, te das cuenta de que son capaces de firmar cosas infumables. Por ejemplo, la Administración tiene un mes para responder a una petición de acceso a información por el Portal de Transparencia como la que hizo este periódico. Un mes que se puede prorrogar, según la ley, "en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario". A medio camino entre la burla y la prevaricación, a punto de vencer el plazo, la Abogacía se acogió a ese artículo para retrasar la respuesta un mes más. Tratándose de un simple documento en pdf, me pregunto si la prórroga sería por el volumen o por la complejidad.

Transcurrido el segundo mes, la respuesta llegó el pasado martes 13, último día del plazo, lo que da idea de las pocas ganas de ser transparente que tienen la Abogacía del Estado y Montero, quien desde el Ministerio de Hacienda respondió en los mismos términos a otro ciudadano inocente.

No aburriré al lector con los pobres argumentos de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, para denegar el acceso a la información. Como no podía ser de otra manera, hemos recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ya nos dio la razón hace cuatro años en un caso similar, cuando Montero se negó a facilitarnos dos informes de la Abogacía del Estado que decían una cosa y la contraria según convenía a la ministra para fastidiar las CCAA.

Como ya relaté en otra columna, en aquel caso el Gobierno recurrió la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid y nos vimos obligados a personarnos, aunque finalmente Montero se allanó y reconoció que teníamos derecho a los documentos. Los enviaron cuatro años después de la primera solicitud.