La sentencia que absolvió al ex director general de la CAM es un ejemplo de lo complicado que es condenar a quienes supuestamente arruinaron las cajas
A estas alturas del primer juicio contra exdirectivos de la CAM, y entre tanto fallo de jueces, fiscales y acusaciones, a uno sólo le queda la esperanza -y no mucha- de que la sentencia que debe rectificar la Audiencia Nacional obligue a devolver el dinero a los 19 jetas de la Comisión de Control que se embolsaron 1,4 millones de euros por, supuestamente, controlar una filial que fue a la ruina.
El proceso que acabó en la sentencia ahora anulada por el Tribunal Supremo fue un despropósito, empezando por la acusación de la Fiscalía, que por el tema de las dietas indebidas se dirigió sólo contra Roberto López Abad, director general que hizo y deshizo en la caja a su gusto durante más de una década, hasta que la hundió. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido una mínima relación con la CAM en aquella época. Al fiscal se lo contaron bien, pero lo planteó mal.
Y claro, para el tribunal, que sólo juzga lo que se oye en la vista oral, López Abad era poco menos que un mandado y la idea de poner dietas a través de una empresa -en 2008, 8.200 euros por barba por una sola reunión in extremis el 29 de diciembre- fue del presidente (ya fallecido). Si la propuesta la presentó y explicó el director general fue porque era lo habitual, pero la culpa fue del muerto. Y además, la aprobó el consejo de administración, ese cuyos miembros dijeron en las Corts que no sabían ni leían nada y que allí se aprobaba lo que decía el director general. Así que, en todo caso, habría que acusar al consejo y a los miembros de la comisión de control que se forraron, cosa que no hizo el fiscal. A quienes cobraron esas cantidades los eximió de responsabilidad penal, a todos, y los situó como "beneficiarios a título lucrativo", para que devolvieran el dinero.
Con estos argumentos de salón, la Audiencia absolvió a López Abad, y como la Fiscalía no había acusado a nadie más, pues no hay culpables de que se pusieran unas dietas indecentes burlando la ley. Y al no haber culpables, no hay delito, y al no haber delito, tampoco beneficiarios a título lucrativo que deban devolver el dinero. Y aquí paz y después gloria.
Para dar un toque de humor a esta tragedia, dejo aquí este razonamiento de la Audiencia Nacional, exculpatorio de López Abad: “Si se trata al acusado de administrador de hecho (de la CAM), flaco favor se está haciendo a la crucial función indelegable o indelegada, en ambos casos insustituible o intransferible, de los que han de conformar la voluntad del Consejo de Administración, a través de sus decisiones en el marco de sus asignadas competencias estatutariamente. Si por esa línea se les ubica en un segundo plano, es claro que no se parte de asumir que ejercía como tal el órgano de gobierno de la entidad, contrariamente a lo que marcan los estatutos de CAM. O dicho de otro modo, con ese planteamiento, tenía que ser el acusado el que moviera los hilos para que todo un Consejo de Administración se rindiera a unos planteamientos, que además, no eran suyos sino del presidente”.
España es ya un inmenso estudio de televisión en el que los candidatos van y vienen de plató en plató -cantan, bailan y hasta comentan partidos de fútbol- para representar aquello que más votos puede reportarles, les importe o no. Este sábado, Valencia ha sido plató de varios espectáculos con líderes nacionales, en los que hemos visto a Rajoy -con Montoro, ¡cuánto tiempo!- reinterpretar la promesa de bajada de impuestos de hace cuatro años, que no cumplió, y a Albert Rivera subirse al tren del Corredor Mediterráneo sin aclarar su postura sobre la financiación de los valencianos.
En ese gran plató, hasta en los informativos se sobreactúa para captar audiencia. Así se explica el papel de indignada de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa del pasado viernes porque, supuestamente, se acababa de enterar por la prensa de que el dinero del FLA no llegará hasta bien entrado diciembre.
Quien debió indignarse en su día fue Ximo Puig en lugar de salir tan contento de la larga cambiada que le dio Montoro (insisto, el president no debe mendigar al ministro, su interlocutor es o debería ser Rajoy). Ese 11 de noviembre ya publicó Valencia Plaza que el dinero llegaría en diciembre porque los plazos son los plazos, aunque se hayan acortado. Lo reiteramos hace diez días cuando se aprobó el reparto del Fondo, y así lo ratificó también el actual delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que sabe de qué va esto porque como conseller ya sufrió la parsimonia del ministro.
Pero el Consell prefirió que cundiera la idea de que el ministro le había prometido a Puig el dinero para noviembre y ahora lo que toca es enfadarse. Todo sea por la audiencia.