Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. La mentira es ya una costumbre. Es especialmente grave cuando sucede en un tema con tanto sufrimiento donde las demoras en el tiempo y la falta de transparencia lo multiplican y extienden.
Fue el pasado 5 de noviembre cuando Pedro Sánchez afirmó en una comparecencia pública “Ya hemos solicitado formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo de Solidaridad para la Dana”. Mentira torticera.
Esta pasada semana, más de 2 meses después, nuestra alcaldesa, María José Catalá, confirmó a través de fuentes de la Comisión Europea que dicha solicitud no se había presentado.
En contra de lo que anunció el presidente, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra nuevamente que en lo que está centrado es en sus tácticas políticas con el objetivo de sacar rédito de esta situación trágica. Me viene a la mente el tuit difundido sin ningún pudor y luego eliminado por la Ministra socialista de Igualdad con apuntes sobre cómo abordar las consecuencias de la DANA en la Comunitat Valenciana: “Es nuestro momento”.
Todo vale con tal de no permitir que se desvíe ni una línea del relato político construido por el Gobierno de la Nación en el que se olvidan de su propia existencia como institución. El nivel de manipulación es tan grande, que sus aliados y distintos cargos socialistas han montado un auténtico espectáculo para convencernos de que la solicitud ya se había realizado formalmente hace meses, tal y como dijo Sánchez.
Han hecho tanto ruido que desde Bruselas se han visto obligados a corregir la información de manera oficial. El vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, confirmó que el Fondo no se había solicitado, animando al Gobierno a hacerlo dentro del plazo reglamentario de 12 semanas que vence mañana. Dicho de otro modo, Pedro Sánchez mintió: a pesar del anuncio de noviembre, la solicitud aún no estaba enviada cuando la alcaldesa así lo destapó.
Lo de siempre: manipulan y tergiversan para proteger sus intereses y los de su círculo más cercano, desviando la atención de errores y escándalos. Lo más preocupante es que parece que cuenten con todo el aparato del Estado trabajando para sus fines.
La táctica recuerda al principio de Goebbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El Gobierno intenta etiquetar cualquier crítica como un bulo o un ataque de la ultraderecha. Con esto, no solo pretenden deslegitiman las críticas, sino que también evitan dar explicaciones o asumir responsabilidades. Mientras nos entretienen con esta fabulación, siguen fabricando herramientas para controlar el relato público y alcanzar sus objetivos.
Un claro ejemplo de esto es la denominada “Ley Begoña”. Este bochornoso blindaje legislativo busca limitar la acusación popular en procesos penales, excluyendo a partidos políticos y asociaciones de este mecanismo constitucional. Su principal objetivo es lograr la impunidad para la imputada esposa del presidente, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios. Sánchez ha intentado presentar estas acusaciones como bulos, pero la realidad no puede maquillarse indefinidamente.
Lo mismo sucede con el caso de David Sánchez, hermano del presidente. Recientemente ha declarado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz. Escuchar su declaración en la que asegura no recordar nada de su puesto de trabajo, genera como poco vergüenza e indignación, pero para los socialistas basta con poner de nuevo la etiqueta de “bulo” y no dar ninguna explicación.
Estas estrategias de desinformación erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y generan una preocupante sensación de impunidad. Esta forma de controlar el relato público y esquivar el debate democrático resulta inaceptable. Por eso hay que alzar la voz y no callarnos: dejemos de normalizar las mentiras del presidente de nuestro país.
La instrumentalización del aparato estatal para proteger a unos pocos y la manipulación de la opinión pública es inaceptable en cualquier democracia. Solo una ciudadanía con espíritu crítico y bien informada puede exigir rendición de cuentas al poder. Demos la batalla por la verdad, única vía para restaurar la confianza en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes.