VALÈNCIA. Me van a perdonar o puede que a agradecer los lectores que no escriba sobre Cataluña, pero hay vida –y problemas– más allá de nuestros vecinos del norte, como bien saben, por ejemplo, nuestros vecinos del sur. Problemas que son orillados en los medios de comunicación nacionales como el que desde hace casi un mes concentra cada noche a cientos de vecinos de Murcia contra las obras del AVE, con heridos, detenidos, estopa policial y cortes de tráfico ferroviario ya en septiembre y que hasta hace pocos días pasaba tan inadvertido como los actos a favor del Corredor Mediterráneo de la Asociación Valenciana de Empresarios, que ha tenido que montar Boluda y Roig la apoteosis de todas las demostraciones –anunciada en TV– con 1.300 empresarios y un ministro, y en Madrid, para lograr unos minutos de gloria mediática.
Solo comentar, relacionado con el tema catalán, que el retorno temporal de entidades financieras a la Comunitat –Caixabank, Sabadell, Mediolanum– debería ser aprovechado por las fuerzas políticas y económicas valencianas para reforzar la vinculación de estas entidades con un territorio que en ocasiones ha parecido de conquista más que otra cosa. Hacer que quienes manejan el dinero de media España se sientan aquí como en casa, un poco lo que ocurre con Bankia y su presidente.
Y vamos al grano de los asuntos valencianos, que tienen cada día más carga política en esta víspera del 9 d’Octubre, a menos de veinte meses de las elecciones autonómicas y municipales. Parafraseando a Rafa Benítez, nos quedan 20 meses de aguantarnos.
La encuesta de SyM Consulting publicada por Valencia Plaza hace un mes, que dio inicio al curso político –más de 1.400 encuestados–, solo gustó a Ciudadanos. El PP está aún lejos de recuperar el Consell, Podemos cae ligeramente y PSPV y Compromís se disputan la segunda plaza –que puede significar la Presidencia– sin acortar distancias con Bonig.
La frustrada remodelación del Consell en verano sitúa a Ximo Puig ante el escenario de terminar la legislatura sin una sola crisis del Consell. Con crisis o sin ella, como ya explicaba en una columna dedicada al conseller Marzà a finales de julio, la segunda parte de la legislatura debería ser la de los resultados de las políticas puestas en marcha en la primera mitad y no la de decretos polémicos que conviertan al Ejecutivo de Puig o a sus consellers en un problema.
Marzà así lo entendió y ha renunciado a su polémico decreto de plurilingüismo, paralizado por la justicia, para tirar por el camino de en medio con una ley –del tripartito, no del Consell– que, como no podía ser de otra manera tratándose de educación, provocará el rechazo de la oposición pero con menos argumentos que en la anterior y sin un tribunal superior que deje en evidencia al conseller.
Sin embargo, no todas las consellerias llegarán a 2019 con las broncas del principio de legislatura resueltas. Ahí tenemos a Carmen Montón enfrentada a todo lo que no sea sanidad pública y a Elena Cebrián todavía dándole vueltas a un sistema de envases retornables que caería como una bomba de aquí a las elecciones. O lo de los horarios comerciales, que como no se cierre –el problema– de una vez por todas, figurará entre los grandes fracasos del Consell.
Pero hay más. El mínimo impacto político de la cuestión catalana en la Comunitat Valenciana, donde la indiferencia ha sido la tónica, hace pensar y desear que en la campaña electoral de 2019 se hable de gestión y no de banderas. Y en la gestión los logros van por barrios. En unos podrá vender logros el Consell y en otros tendrá que vender promesas, como los grandes equipos de fútbol que en primavera anuncian fichajes para la próxima temporada porque la actual se ha ido al garete.
Podrá vender logros María José Salvador, la consellera más aplicada y cumplidora pese a no tener presupuesto, rara avis entre los titulares de obras públicas y venta de humo porque no acostumbra a prometer aquello que no puede cumplir. Podrá presumir Manuel Alcaraz de haber hecho cosas donde tanto había que hacer y Vicent Soler de haber reducido el déficit a pesar de no haber logrado un nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que escapa a sus competencias, como es sabido.
En el lado contrario, Marzà no podrá presumir de haber acabado con los barracones –ya es físicamente imposible por mucho que corra– y Mónica Oltra tendrá que dar muchas explicaciones a los más desfavorecidos. Aunque es Gabriela Bravo la que tiene todos los números para el premio a la legislatura en blanco, al menos en lo que a modernización de la Administración de Justicia se refiere.
En la zona tibia, Montón con mucho hecho pero con las polémicas reversiones por hacer y Rafael Climent, con el viento a favor del crecimiento económico, que con poco que haga en la segunda parte de la legislatura va a parecer el doble que en la primera.
Por si no fueran suficientes piedras en el camino hasta mayo de 2019, arrecian las tensiones internas en los partidos y coaliciones de Pacto del Botánico, en el que la irrupción del Antonio Estañ al frente de Podemos no ha sido bien recibida por sus socios.
Las disensiones internas de la primera mitad, que Puig y Oltra solventaron con un meritorio equilibrismo, son peccata minuta al lado de la que se avecina. En el último Seminari ya hubo un clima enrarecido y en enero toca volver a escenificar el buen rollo. ¿Podrán?
Se piensa y actúa ya en clave electoral, se raja del de al lado sin disimulo, sea socio de gobierno, de coalición o del propio partido. Hasta en público empiezan a verse piques, como el que tuvieron el otro día Sandra Gómez y Clara Ferrando a propósito de la tasa turística. Nos quedan 20 meses de aguantarnos...