Efecto arrastre, cotizaciones o economía sumergida: la patronal valenciana dice 'no' a subir el SMI ahora

VALÈNCIA. Se veía venir y así ha sido. El Gobierno central cumplió su compromiso y cerró este miércoles con los sindicatos y pese al rechazo de la patronal la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas. El aumento es de 35 euros al mes que se suman a los 965 euros en los que estaba fijado el SMI desde el pasado mes de septiembre.

Tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el de CCOO, Unai Sordo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaron tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social la medida acordada, que suponía el alcance del SMI a una cifra "simbólica" que "rompe con el techo" y que "parecía difícil de conseguir", en palabras de Álvarez. Para Díaz, subir el SMI es la "mejor herramienta para combatir la pobreza laboral", y calificó de "ciencia-ficción" que el alza del salario mínimo vaya a destruir empleo. Y como recordó Sordo, el objetivo es que llegue al 60% del salario medio en España a final de legislatura.

Pero no estuvo en el acuerdo la patronal, como ocurriera en la subida aprobada el año pasado. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) rechazaron la decisión, con el apoyo unánime de sus órganos internos, y tal como refrenda la patronal valenciana, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Su presidente, Salvador Navarro, defendió la "incertidumbre" empresarial, el alza de las cotizaciones, el "efecto arrastre" para el resto de salarios y la tendencia de algunos sectores a la economía sumergida como motivos de su negativa.

Hay que recordar que los sindicatos y la patronal alcanzaron un acuerdo en 2018 según el cual se buscaría hasta 2020 fijar en los convenios laborales un salario mínimo de 14.000 euros anuales -1.000 en 14 pagas-. Y este fue este miércoles uno de los principales reproches de los representantes sindicales hacia la patronal. En ese sentido, Navarro admitió en conversación con Valencia Plaza este acuerdo, pero defendió aplicarlo "alargado en el tiempo" pero "no ahora". "Tenemos ese compromiso pero hasta 2023", aseveró el presidente de la CEV: "Nosotros no nos negamos a subir el SMI, pero decimos que no es el momento".

La incertidumbre y los costes

Navarro subrayó en esa línea que se está "en una situación de incertidumbre absoluta" para las empresas valencianas, que en los últimos tiempos están afrontando "el aumento de los costes y de las materias primas y el desabastecimiento, la subida de la electricidad", así como un especial estrés en determinados sectores como el turístico. "No hay certidumbre, seguridad ni confianza en el mercado, tampoco en cuanto al mercado energético, y este implica que este no sea el momento".

A todo ello hay que añadir, según comentó el presidente de la patronal, también el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, al que ahora se sumará para el de los autónomos. "Por el camino, en estos dos años, ha habido un incremento de las cotizaciones", recordó, para sumar ahora un nuevo repunte ligado al aumento del salario. "No estamos hablando sólo de los 35 euros de subida", incidió: "El mensaje no es sólo que se sube el salario, sino que también las cotizaciones vinculadas a ese salario". En definitiva, sintetizó Navarro, los costes empresariales "han aumentado exageradamente".

También el representante empresarial lanzó algún dardo a las administraciones públicas. Y es que en aquel acuerdo de 2018, también se instaba a las instituciones a que tuvieran en cuenta en sus procesos de contratación la subida de los salarios. "La administración no está aumentando el presupuesto de las licitaciones para estos servicios cuyas empresas están soportando estas subida de costes", explicó, por lo que consideró que las instituciones están también "haciendo una dejación de funciones" como empresario. Algo "recriminable al 100%".

¿Destrucción de empleo? ¿Inflación?

Uno de las principales defensas de la subida del SMI esgrimidas por el Gobierno y los sindicatos es que no provoca destrucción de empleo. De hecho, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, señaló como "evidente" que "los datos de empleo y la situación económica son positivos", de manera que el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional es "mínimo pese a los vaticinios de la CEOE o del Banco de España". Así, aunque se han aprobado ya varias subidas en los últimos años, "la realidad empírica demuestra que no ha ocurrido" el freno a la economía.

Precisamente, preguntado al respecto sobre dicho argumento, el presidente de la CEV apuntó que los sectores más afectados son, entre otros, la agricultura, el turismo y la limpieza, y que en ellos con la subida del SMI "es posible que se haya generado más economía sumergida: gente a la que le suben el sueldo por decreto pero no quiere pagar más impuestos y no quiere declararlo, esto está pasando". E insistió en que la economía sumergida es "algo en lo que todos, también el Gobierno, tendremos que meter mano".

También apuntó una posible repercusión al alza en la inflación que ya existe, e incluso en un "efecto arrastre" respecto al salario del resto de trabajadores. A su juicio, los empleados con condiciones salariales por encima del SMI pueden aprovechar para buscar mejoras en sus condiciones: "Con el IPC actual, ya hay convenios que están firmando subidas de en torno al 5% y al 6%". Medidas que se buscará, con los sindicatos, aplicar de una manera espaciada en el tiempo "lo máximo posible", entre dos y tres años, insistió, para añadir que "se pueden subir los salarios, las cotizaciones sociales y los costes; podemos hacer lo que queramos, pero las empresas tienen un límite".

Por su parte, Sáez insistió en que la subida del SMI se encuentra en torno al 3,5%, "muy lejos de la inflación". De hecho, los precios crecieron en España un 6,5% durante 2021 en términos generales. "¿Qué quieren, que subamos los salarios un 1%? ¿Qué esperan?", se preguntó el secretario general de UGT-PV en ese sentido. Una línea que también siguió el secretario de Empleo de CCOO PV, Juan Carlos Gallart, quien se mostró "satisfecho" por la medida y no encontró "lógico" el rechazo de la patronal.

Sobre la inflación y el contexto económico, Gallart negó la mayor: "No damos por bueno que un aumento del SMI de unos cuantos euros sea el culpable del aumento de la inflación". Y al hilo de lo anterior, incidió que subir el salario mínimo "no tiene un impacto sobre el empleo ni sobre los precios" porque "el comportamiento de la economía y del empleo en un contexto en el que ha crecido el SMI de manera considerable" no se ha visto afectado: "No ha habido contracción del empleo".

"No son subidas que puedan poner en peligro la generación de empleo", señaló en ese sentido la directora general de Empleo de Labora en la Generalitat Valenciana, Rocío Briones, para añadir que "durante mucho tiempo el SMI ha estado congelado y ahora hay que recuperar el nivel de vida" para "ir acercándose a los estándares europeos". Dijo que la subida se hace con unos porcentajes "razonables" y que se "ha desmontado el discurso de que cuanto más altos son los salarios, hay peligro de destrucción de empleo". Por ello instó a "no ver los salarios como un coste, sino como una inversión" y poner "el foco en la productividad y la formación de los trabajadores".

El rechazo de la CEOE

Navarro recordó también que la potestad de subir el SMI "la tiene el Gobierno" y que se trata de "un acuerdo político" y "no se encuentra en el marco del diálogo social". "No hacía falta que la CEOE dijera no, o dijera sí", sentenció sobre el asunto, para añadir que "siempre la posición del empresario de cara a la opinión pública sea mala por decirlo de alguna manera, pero teníamos que decir que no porque no es el momento".

En ese sentido, Sáez admitió a este diario que la medida supondrá "mayores costes para algunos sectores", los que no tengan convenio, pero quiso subrayar como uno de los motivos del rechazo de la CEOE a que está "sometida a enormes presiones políticas", pues el presidente del PP, Pablo Casado, "ha escenificado de manera pública discrepancias con el presidente de la CEOE", y en ese sentido, "la patronal juega también desde un punto de vista político".