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admite el argumento de que fue “la solución menos perjudicial” para la generalitat

La nueva fiscal de Valmor pide el archivo de la pieza de la compra tras cuatro años de instrucción

27/07/2019 - 

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción envió el pasado 17 de julio un informe al Juzgado de Instrucción número 2 de València en el que solicita el archivo de la pieza 2 del caso Valmor, que investiga la compra por parte de la Generalitat Valenciana por un euro de la empresa privada Valmor Sports, organizadora de la Fórmula 1 en València. Una compra cuyo coste real para la Generalitat ascendió a más de 31 millones de euros, la deuda real acumulada desde el inicio de la organización del evento deportivo en 2009. Dicha compra se firmó con el hoy senador Alberto Fabra como presidente, pocos meses después de asumir al cargo tras la dimisión de Francisco Camps.

La petición la firma la nueva fiscal Anticorrupción encargada del caso tras la marcha de Vicente Torres como magistrado del TSJCV. Torres fue quien presentó la denuncia inicial en diciembre de 2014 en una causa que solo tenía una imputada, la exconsellera Lola Johnson, hasta que el propio Torres pidió el sobreseimiento para ella en junio de 2018.

Pese al coste de 31 millones, la realidad de esta compra, según el escrito de la Fiscalía, es que de no haberse producido la operación la Generalitat se habría visto obligada a pagar 76 millones de dólares a la FOA, organizadora del Mundial de F1 propiedad de Bernnie Ecclestone, ya que el contrato inicial tenía una cláusula que estipulaba que si el gran premio dejaba de celebrarse se debía abonar una penalización equivalente al doble del canon anual.

Además, también se mencionan los ingresos que València como ciudad habría dejado de recibir, de unos 100 millones de euros por año, así como el menoscabo a la imagen tanto de la ciudad como de la Comunitat, hecho que no se puede cuantificar económicamente, según explicaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a este periódico.

Imagen de 2011 de Fabra con José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, socia de Valmor. Foto: GVA

Esta cláusula leonina con la FOA la firmó la Generalitat al constituirse como avalista de Valmor Sports -propiedad de Bancaja, Fernando Roig, Jorge Martínez 'Aspar' y Vicente Cotino- en 2009 sin recibir nada a cambio, hechos por los que se abrió una pieza separada en la que estaba imputado Camps, entre otros, que fue sobreseída el pasado mes de diciembre, aunque el archivo fue recurrido por la Generalitat. 

Camps prometió una solución

En el informe se menciona que cuando surgieron los problemas reales, desde Valmor plantearon que "la situación era insostenible, insinuaron que se tenía que haber declarado en suspensión de pagos hace tiempo, pero que tenían que continuar por los problemas que podían derivarse de la no celebración del Premio Fórmula 1", y esperaban que por parte de la Generalitat se les "diese una solución como se les había prometido cuanto Camps les dijo que crearan esa sociedad para organizar, al menos nominalmente".

"Valmor Sports SL nunca llegó a pagar a Circuito del Motor por los servicios
prestados, por lo que la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia
corrió siempre a cargo de la Generalitat Valenciana a través de una empresa
pública", se afirma en el escrito de la Fiscalía.

Tras la decisión de realizar la compra, la misma fue denunciada por el PSPV. Según expone la fiscal del caso en su informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la entonces consellera de Deportes, Lola Johnson, habría engañado a los miembros de la junta general de accionistas de Circuito del Motor (CMPDSA) al no explicarles que existía una deuda millonaria. Sin embargo, tras cuatro años de investigación, finalmente Anticorrupción ha decidido que no hay delito de malversación de caudales públicos.

Rita Barberá, Ecclestone, Camps y los tres socios de Valmor, en 2007. Foto: EFE/Manuel Bruque

Afirma el escrito que "descartado el presunto engaño por parte de la señora Johnson a los miembros de la Junta General de Accionistas de CMPDSA, no se ha obtenido ninguna información indiciaria que permita sostener que el Pleno del Consell aprobó la adquisición de Valmor incumpliendo groseramente el procedimiento legal establecido para este tipo de operaciones mercantiles, ni que dicho acuerdo haya causado intencionadamente un perjuicio a la Hacienda Pública Autonómica".

Informes de Broseta y Garrigues

Expone que sí existían informes jurídicos, realizados por los despachos de abogados Broseta y Garrigues, que daban el visto bueno a la operación. Además, la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que desestimó íntegramente la demanda interpuesta por la Generalitat contra las exconselleras Lola Johnson y Trini Miró y cuatro exresponsables de la empresa pública Circuito del Motor, a raíz de la compra de la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en València, Valmor Sports, por un euro y la consiguiente asunción de una deuda de 31 millones, de los que 14 eran con la propia Generalitat, es otro de los pilares de apoyo para la decisión del Ministerio Público.

Asevera el informe que, como relevan los distintos estudios elaborados para dar solución al problema planteado por Valmor, en caso de que la mercantil privada se hubiese declarado en concurso de acreedores y hubiese incumplido el contrato primigenio firmado con la FOA (Ecclestone) en el año 2007, "las consecuencias económicas para la mercantil pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valaneciana (SPTCV) habrían sido muy perjudiciales, ya que habría supuesto la aplicación de la cláusula de penalización incluida en el punto 28 del citado contrato y que ascendía, aproximadamente, a 76 millones de dólares estadounidenses, atendido el canon pactado y sus correspondientes actualizaciones, así como a las condiciones de la penalización conveniadas".

Por lo tanto, a ojos del Ministerio Fiscal, la adquisición de la empresa Valmor por parte de la sociedad Circuito del Motor fue "la solución menos perjudicial para las arcas públicas, tal y como quedó plasmado en los diferentes informes jurídicos que han sido unidos al procedimiento, evitando un coste millonario para otra sociedad pública, titularidad exclusiva de la Generalitat Valenciana que fue, en último lugar, la principal beneficiada de este acuerdo". En consecuencia, tras el análisis de las diligencias practicadas, se estima que "no se aprecian indicios de infracción penal en los acuerdos adoptados por el Consell en relación con la adquisición de Valmor y con el proceso de fusión por absorción por la sociedad Circuito del motor", apostilla la fiscal.

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