El abogado del concejal hace referencia a RitaGate al afirmar que no se dice a quién se investiga por la campaña del 2007
València. El concejal del Partido Popular Alfonso Novo ha recurrido la decisión del Ministerio Fiscal de solicitar el expediente de contratación del Ayuntamiento de Valencia con la mercantil Jc Decaux tanto en relación con Valenbisi cuanto con el mobiliario urbano. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el recurso se interpone por “vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”.
Afirma el abogado de Novo que “ni el Fiscal especificaba el motivo de dicha diligencia, ni la providencia acordándola razona sobre la pertinencia y utilidad de la misma, poniéndola en relación con los hechos investigados. De ahí la infracción de derechos denunciada en este recurso”. Y prosigue explicando que: “En este caso desconocemos cual es el motivo de la petición de la diligencia así como qué relación tiene dicho expediente con los hechos investigados, dado que no hemos visto ni en el año 2007, ni en el año 2011, ni en el año 2014, razón alguna sobre la mercantil Jc Decaux”.
Una de las peticiones que hace el letrado es solicitar saber qué se investiga del año 2007 y a quién. El juzgado incorporó la investigación de la campaña de Rita Barberá de ese año después de que, este periódico entregara en el juzgado más de 1.000 páginas originales de la empresa Laterne Product Council, que llevó la campaña de las municipales de ese año. Según consta en los papeles del conocido como RitaGate, el PP municipal de Valencia gastó cerca de 3 millones de euros, 20 veces más de lo que había firmado (150.000 euros), que presuntamente procedían de empresas contratistas del consistorio.
En el escrito de Novo, se dice que “Ya dijimos en un escrito del mes de marzo que desconocíamos, desde el punto de vista material de los hechos investigados, quienes eran los investigados por los hechos de 2007 y alegamos entonces sobre la necesidad de dicho conocimiento. Igualmente hablamos sobre la falta de identidad subjetiva en relación con todos los “ejercicios” investigados (o con los investigados de todos los ejercicios) que permitiera acumular los procedimientos seguidos por los hechos del 2007, con los del 2011 y con los del 2015. Dicho escrito sigue pendiente de ser resuelto”.
Y continua diciendo que ahora se acuerda una diligencia de investigación que “no sabemos qué relación guarda con los hechos investigados, sin que sea admisible pensar que pueda no tener ninguna pues en tal caso sería inadmisible (en el sentido amplio de la palabra). Creemos tener el derecho a saber qué se persigue con la diligencia interesada en aras al correcto ejercicio de la Defensa. Y creemos que, siendo potestad del Juez admitir o inadmitir la diligencia, eso no le exime de motivar sobre la pertinencia y utilidad de la misma en relación con los hechos investigados para disipar siquiera la duda de que podamos estar en presencia de una investigación prospectiva”.
En esta causa, conocida como Operación Taula, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y cometió un delito electoral. Pero además se investiga si, desde el 2007, el PP de Rita Barberá acudió, presuntamente, dopado a las elecciones municipales.
La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la Ciudad de Valencia. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.