MADRID (SERVIMEDIA). AP institute reunió a juristas, economistas, representantes institucionales, expertos del sector financiero y organizaciones de la sociedad civil para analizar la propuesta de Reglamento que crea la denominada EU Inc., la nueva figura societaria presentada por la Comisión Europea como primer paso hacia el llamado régimen 28.
La sesión, celebrada en la Universidad Nebrija bajo la regla de Chatham House, contó con la participación de representantes de instituciones europeas, miembros del Gobierno de España, mercados financieros, organizaciones empresariales, universidades, centros de pensamiento y entidades de la sociedad civil. Entre las organizaciones participantes se encontraban el Comité Económico y Social Europeo, EsadeGEO, el Real Instituto Elcano, BME (Bolsas y Mercados Españoles, grupo SIX), ADIGITAL, Fundación Mujeres, Fundación ESYS, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nebrija, entre otras.
Pese a los avances logrados durante décadas en la construcción del mercado único, Europa sigue teniendo dificultades para que sus empresas innovadoras puedan crecer, atraer inversión y competir a escala global. La iniciativa impulsada por la UE considera que las diferencias regulatorias entre Estados miembros continúan generando costes, complejidad e incertidumbre para la consecución de este objetivo, en el marco de un nuevo contexto geopolítico global que ha puesto la competitividad y la simplificación en el centro de las políticas de la Unión.
En este contexto, los participantes coincidieron en valorar positivamente la iniciativa de la Comisión Europea. La existencia de una figura societaria común, plenamente reconocida en los veintisiete Estados miembros, fue considerada un avance relevante para facilitar la actividad transfronteriza, reducir barreras administrativas y reforzar la integración económica europea.
Sin embargo, el consenso más destacado de la jornada fue que crear una empresa con rapidez no basta si después no puede crecer ni financiarse.De hecho, la rapidez y el bajo coste de esta nueva figura societaria europea se consideraron más propios de una medida puramente cosmética que no solucionará el problema real, que tiene más que ver con el acceso a la financiación, y las dimensiones fiscal y laboral, que no se abordan en esta iniciativa.
Por ello, los participantes considera que la EU Inc. difícilmente podrá resolver por sí sola los problemas estructurales que lastran la competitividad europea. Coincidieron en que el principal desafío no son los trámites para el registro de empresas, sino conseguir que estas puedan financiarse, operar a escala europea y competir globalmente. En ese sentido, la EU Inc. fue interpretada como la primera pieza de una agenda más amplia de integración económica, que deberá ir acompañada de avances en ámbitos como la unión de mercados de capitales, el acceso a financiación y la reducción efectiva de la fragmentación regulatoria.
Uno de los puntos que fue mencionado de forma recurrente fue el hecho de que la propuesta de la Comisión Europea haya adoptado la forma de reglamento y no de directiva que, se manifestó, obedece, por un lado, a la intención de reducir el riesgo de que la iniciativa termine fragmentándose en veintisiete desarrollos nacionales distintos; y, por otro lado, a la lógica europea de una base jurídica que permita la mayoría cualificada de Estados miembros, y no la unanimidad que exigiría la base jurídica empleada en ocasiones anteriores para la creación de figuras societarias paneuropeas.
Este es, precisamente, en estos momentos de su tramitación, uno de los principales escollos a los que se enfrenta esta propuesta en el Consejo, cuyo Servicio Jurídico, de acuerdo con los medios de comunicación europea, considera en un informe solicitado entre otros Estados miembros por España, que esta elección de base jurídica no es válida, y sugiere el replanteamiento del instrumento elegido para respetar el reparto competencial en las materias concernidas y las bases jurídicas previstas en los Tratados.
El debate puso de manifiesto una tensión recurrente en torno al diseño de la futura EU Inc. Por un lado, diversos participantes defendieron la necesidad de dotar a Europa de instrumentos más ambiciosos en términos de flexibilidad y digitalización para facilitar la creación y el crecimiento de empresas paneuropeas. Por otro, se subrayó la importancia de evitar que la simplificación administrativa pueda generar espacios de opacidad, fórum shopping o debilitamiento de las garantías que forman parte del modelo europeo que se basa, esencialmente, en la seguridad jurídica de los controles preventivos, en estándares laborales exigentes, y en la lucha por la igualdad. Se puso especial énfasis en que el resultado final debe lograr un equilibrio entre la flexibilidad de la libertad de establecimiento que promueve y las salvaguardias necesarias para garantizar que existen mecanismos eficaces para evitar la opacidad y la elusión de obligaciones legales mediante el empleo de esta nueva figura.
Las aportaciones realizadas durante la sesión permitieron identificar varios ámbitos susceptibles de mejora durante la tramitación legislativa. Entre ellos, la necesidad de reforzar la claridad jurídica de determinados aspectos de la propuesta, garantizar una adecuada coordinación con los marcos regulatorios nacionales, asegurar la trazabilidad efectiva de la titularidad real y preservar mecanismos suficientes de supervisión y transparencia. A este respecto, se incidió en qué la cuestión principal acaba por ser cómo y quién garantiza el cumplimiento de las normas de toda naturaleza sobre las que descansa el modelo europeo.
Los participantes insistieron, además, en la necesidad de garantizar la coherencia de la EU Inc. con otros instrumentos clave del ordenamiento europeo que aún se encuentran en proceso de implementación. Es el caso de la más reciente directiva en materia de Derecho de sociedades, cuyo plazo de transposición todavía no ha vencido y que está pendiente de la adopción de actos de ejecución por parte de la Comisión Europea, así como del nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo de capitales, igualmente en fase de transposición y desarrollo normativo. Se advirtió de que algunos aspectos de la propuesta podrían entrar en contradicción con esos marcos, por lo que se consideró imprescindible asegurar su adecuado encaje durante la tramitación.
“Europa necesita empresas capaces de crecer y competir a escala global, pero también instituciones capaces de preservar la seguridad jurídica, la transparencia y los derechos que definen el modelo europeo”, señaló Esteban González Guitart, director de AP institute.
También se debatió sobre algunos retos en la aplicación práctica de esta nueva figura y la coherencia con el principio de simplificación y con los resultados que esta propuesta pretende lograr. Se abordó la interacción entre el sistema de interconexión de registros mercantiles y la creación de una nueva interfaz europea sobre esta base, que podría generar una falsa seguridad jurídica si los datos de dicho mecanismo europeo no se corresponden con los de los registros mercantiles. Asimismo, también se llamó la atención sobre la relación entre la nueva figura y el acceso al mercado de valores, que en todo caso debe garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales. En este último ámbito se subrayó que la capacidad de la EU Inc. para contribuir realmente al crecimiento empresarial dependerá, en gran medida, de los avances que Europa logre en la integración de sus mercados financieros sin sacrificar las garantías de su apuesta por la transparencia que no sólo constituye un objetivo de interés general sino una condición imprescindible para un clima de negocios favorable.
Como resultado de este trabajo, AP institute impulsará la elaboración de un informe académico y de política pública junto con varias de las organizaciones participantes en la sesión. El documento recogerá las principales conclusiones y recomendaciones formuladas durante el encuentro y será trasladado a instituciones europeas, legisladores y otros actores relevantes con el objetivo de contribuir al debate sobre la futura configuración de la EU Inc. y del régimen 28 durante su tramitación. La iniciativa tendrá continuidad en los próximos meses mediante nuevas actividades de análisis y diálogo sobre el régimen 28 y otras propuestas orientadas a reforzar la competitividad europea.
