MADRID (SERVIMEDIA). La crisis migratoria registrada en Ceuta desde finales de julio, con la llegada irregular de al menos 72.000 personas de acuerdo a las cifras oficiales reconocidas por el Gobierno de España, ha reabierto la polémica sobre la política de colaboración público-privada en la sanidad española.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido muy crítica en los últimos años con esa práctica e incluso ha planteado una reforma legislativa para limitar la externalización de servicios públicos a otras entidades para agilizar las prestaciones o mejorar la atención a los pacientes.
Ahora se ha conocido que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente expresamente del departamento que dirige García y que tiene las competencias de la sanidad en Ceuta y de Melilla, mantiene contratos con proveedores privados mientras el Ministerio impulsa una reforma destinada a restringir estas fórmulas en el Sistema Nacional de Salud.
La controversia ha surgido justo después después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio, una cifra que el Gobierno de la ciudad autónoma eleva a 80.000. Parte regresó en los días siguientes a Marruecos pero las autoridades ceutíes calculan que todavía permanecen en la ciudad alrededor de 9.000 personas.
La llegada extraordinaria ha provocado una fuerte presión sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre el sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad cifró en 5.800 las atenciones prestadas a migrantes durante las dos primeras semanas y reconoció un incremento cercano al 50% en las urgencias, aunque García negó que existe un colapso durante la visita que realizó el domingo a Ceuta.
La valoración del Ministerio contrasta con la del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), que desde el inicio de la emergencia ha denunciado una “auténtica catástrofe asistencial” y ha calificado la situación de “colapso absoluto”.
En este contexto, dirigentes del PP y organizaciones profesionales han recuperado las críticas contra García por la contratación de prestaciones sanitarias privadas en Ceuta mientras el Ministerio impulsa la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece la gestión directa como fórmula ordinaria del Sistema Nacional de Salud y pretende limitar la externalización mediante evaluaciones previas y mayores controles.
Uno de los casos más controvertidos es la contratación por Ingesa de la clínica privada Septem para prestar servicios de Psiquiatría en Ceuta. El PP denunció una contradicción con el discurso de García contra la colaboración público-privada, mientras el Ministerio de Sanidad defendió que se trataba de un recurso complementario para garantizar la continuidad asistencial en situaciones excepcionales.
El Sindicato Médico de Ceuta sostuvo, sin embargo, que estos contratos evidencian carencias estructurales de planificación y personal y cuestionó la coherencia del Ministerio al restringir estas fórmulas mientras las mantiene en Ceuta. La polémica afecta también a otras prestaciones concertadas con proveedores privados.
Algunas informaciones publicadas en los últimos meses cifran en unos 31 millones de euros el gasto acumulado desde 2020 en externalizaciones sanitarias de servicios contratados en Ceuta y en otros 19 millones el correspondiente a Melilla, incluyendo pruebas como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias o densitometrías.
La controversia ha devuelto además al primer plano este modelo sanitario madrileño, que García ha criticado reiteradamente desde su etapa como portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional. La ministra ha situado durante años la colaboración de la Comunidad de Madrid con empresas privadas, especialmente con operadores como el grupo Quirón, entre los principales objetivos de su discurso político sanitario.
Sus críticos sostienen que los contratos vigentes en los territorios gestionados por Ingesa evidencian una contradicción entre esa posición política y las necesidades de gestión que afronta el Ministerio cuando debe prestar directamente los servicios.
La polémica previsiblemente continuará en el Congreso, pues Mónica García ha solicitado comparecer en la Cámara Baja el próximo viernes para explicar la situación sanitaria de Ceuta y la respuesta de su departamento a la crisis migratoria. Será una de las integrantes del Gobierno que acudirán a la Cámara Baja durante la semana para informar sobre los distintos aspectos de la emergencia.
La comparecencia tendrá lugar después de que García haya rechazado las acusaciones de colapso formuladas por el PP y sectores sanitarios ceutíes, aunque ha reconocido la fuerte presión que soporta el sistema. El debate se centrará previsiblemente en los recursos movilizados por Ingesa, las condiciones de los profesionales, la capacidad hospitalaria y las medidas adoptadas para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad.
