MADRID (SERVIMEDIA). La práctica profesional del lobby y los asuntos públicos se equipará a los principales estándares europeos con el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de los grupos de interés que aprobó ayer el Consejo de Ministros y se prepara para crecer con fuerza en España gracias al nuevo marco regulatorio, según la valoración de las principales organizaciones y actores del sector.
La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), AP Institute y H/Advisors Public Affairs Spain coinciden en considerar positivamente una regulación que "reconoce la legitimidad de la representación de intereses y proporciona mayor seguridad jurídica" a empresas, organizaciones, profesionales e instituciones.
Fuentes de empresas del Ibex 35 confirmaron también que se trata de “una muy buena noticia” que permitirá reforzar y ampliar sus áreas y necesidades de asuntos públicos, pues consideran que la existencia de reglas claras facilitará la integración de esta actividad en los sistemas de gobierno corporativo, 'compliance' y gestión de riesgos.
La norma crea un registro estatal, público y obligatorio e introduce la publicidad de reuniones, la huella normativa, un código de conducta y un régimen sancionador. España aproxima así su modelo al Registro de Transparencia de la Unión Europea y a los sistemas existentes en países de referencia como Francia y Alemania. Las principales compañías españolas y multinacionales llevan años trabajando bajo las reglas europeas, por lo que el nuevo marco nacional extiende a Madrid unos estándares ampliamente asumidos en Bruselas. España ocupa ya la cuarta posición entre los países de la UE por número de grupos de interés inscritos en Bruselas, con más de 1.000.
El presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Joaquín Mouriz Costa, valoró muy positivamente la aprobación de la regulación. “Después de muchos años de espera, es una muy grata noticia que España, finalmente, dé un paso decisivo hacia una relación más transparente, íntegra y responsable entre los grupos de interés y las instituciones públicas. La comunicación corporativa y los asuntos públicos forman parte de una misma responsabilidad: explicar con claridad qué intereses representa una organización, qué posiciones defiende y cómo contribuye al debate público. La nueva norma ayuda a ordenar esa relación y fortalece la confianza entre empresas, instituciones y ciudadanía”, afirmó.
APRI, organización de referencia de los profesionales de los asuntos públicos en España, considera que el decreto incorpora varias de las principales reivindicaciones planteadas por el sector durante más de quince años: registro obligatorio, publicidad de agendas, trazabilidad, supervisión independiente y un régimen efectivo de responsabilidades. Su presidente, Carlos Parry, destacó que la regulación constituye una cuestión de calidad democrática y pidió a las fuerzas políticas que garanticen su convalidación y proporcionen a España un marco “estable, exigente y duradero”.
El presidente de AP Institute, Joan Navarro, subrayó que la norma representa una muy buena noticia para seguir avanzando en la consolidación de los asuntos públicos como una actividad profesional de primer nivel. AP Institute, primer y único centro universitario español especializado en formación superior en asuntos públicos, considera que la regulación responde a una necesidad empresarial ya consolidada y anticipa un rápido crecimiento del mercado español hasta situarlo al nivel de los principales países europeos.
Por su parte, Guillermo Martínez, director general de H/Advisors Public Affairs Spain, consultora líder de asuntos públicos en España, afirmó que “la seguridad jurídica llega definitivamente a los asuntos públicos y esto es positivo para las empresas, las instituciones, los profesionales y la propia democracia”. “Para el Ibex 35, las multinacionales y las patronales empresariales, la norma permite integrar plenamente los asuntos públicos en los sistemas de gobierno corporativo. La transparencia no reduce la capacidad de influencia legítima de las compañías; la ordena, la profesionaliza y refuerza su legitimidad”, añadió.
El sector considera que la regulación producirá un doble efecto: aumentará la demanda empresarial de asesoramiento especializado y elevará los niveles de formación, cumplimiento y profesionalización exigidos a consultoras y responsables internos. La seguridad jurídica abre así una nueva etapa para los asuntos públicos en España. La influencia empresarial dejará de depender de percepciones sobre contactos personales para asentarse definitivamente sobre el conocimiento técnico, la transparencia, la trazabilidad y la calidad de las propuestas trasladadas a las instituciones.
