MADRID (SERVIMEDIA). El Grupo Baraka, tras impugnar el acuerdo de los Estatutos de Crea Madrid Nuevo Norte y reclamar que se informe de la judicialización de dos parcelas antes de su subasta, ha pedido a ADIF, al BBVA y al notario que autorizó la escritura de compraventa de los terrenos de Chamartín que expliquen las razones por las que se realizó la operación sin la autorización "obligatoria" del Consejo de Ministros.
Señaló que la venta de terrenos públicos de ADIF al BBVA vinculados al megaproyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte se encuentra bajo el foco judicial por la ausencia de una autorización del Gobierno a la Operación Chamartín como exige un artículo de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
A esta controversia suma, además, la negativa del notario Antonio Pérez Coca, que autorizó la escritura de compraventa del 19 de diciembre de 2024, a explicar por qué no exigió una autorización expresa del Consejo de ministros para formalizar la transmisión.
El Grupo Baraka y la asociación ‘No Abuso’, que agrupa a los reversionistas afectados, mantienen abierto un procedimiento ante la Audiencia Nacional en el que solicitan la nulidad de la operación. La disputa se remonta al 28 de diciembre de 2018, cuando se firmó una novación de la concesión sobre los terrenos y derechos urbanísticos de Chamartín. En aquel momento, José Luis Ábalos era ministro de Fomento e Isabel Pardo de Vera presidía ADIF. Los recurrentes sostienen que aquel acuerdo y los contratos posteriores deberían declararse nulos por no haberse obtenido la autorización gubernamental que consideran legalmente exigible. Indican que el propio Ábalos reconoció en una entrevista en julio de 2025 en El Confidencial que, nada más llegar al Ministerio de Fomento, el CEO de BBVA le llamó con el velado mensaje de “dejar hacer”.
El conflicto gira en torno al artículo 135.3 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esta norma establece que la venta de inmuebles o derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos cuyo valor de tasación supere los 20 millones de euros requiere la autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda.
Los demandantes argumenta que se trata de una exigencia legal que no puede eludirse cuando concurren las condiciones previstas en la normativa. Por tanto, consideran que si la compraventa de los terrenos de ADIF al BBVA estuvo sujeta a este precepto, la autorización del Gobierno constituía un requisito necesario para formalizar la operación.
El BBVA sostiene que la operación contaba con la autorización correspondiente. Sin embargo, en las revisiones realizadas por Grupo Baraka de todas las referencias y acuerdos publicados del Consejo de ministros no han localizado ninguna aprobación expresa. Esta circunstancia constituye uno de los principales argumentos de la reclamación judicial.
La Audiencia Nacional deberá resolver ahora si la modificación de la concesión de 2018 y las posteriores transmisiones de terrenos y derechos urbanísticos estaban sujetas al requisito invocado por los demandantes. De confirmarse su obligatoriedad y la ausencia de autorización, el tribunal tendría que determinar las consecuencias jurídicas sobre los acuerdos impugnados.
El procedimiento abre así un nuevo frente para Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la capital, al cuestionar la legalidad de los trámites administrativos que permitieron la transmisión de activos públicos vinculados a la estación de Chamartín.
