VALÈNCIA. I. Ya lo señaló con gran acierto el profesor Joan Romero: la construcción del Estado ha carecido de los mecanismos que permiten establecer vinculaciones sólidas y eficientes entre los distintos niveles de las administraciones públicas (AAPP): central, autonómica y local. Relaciones verticales entre las anteriores y horizontales entre las administraciones del mismo nivel, como es el caso de las autonómicas. Por el contrario, ha predominado una separación fundamentada, básicamente, en el color político de cada gobierno. Nuestro Estado no ha proporcionado hasta ahora los mecanismos federales de cooperación y lealtad presentes en otros países con una estructura política próxima a la española. Asistimos, en consecuencia, a un pobre desarrollo de la colaboración interadministrativa y a la parquedad de los automatismos y rutinas que deberían haber estado presentes ante las riadas provocadas por la DANA en la provincia de València.
II. A continuación nos enfrentamos a otra tara presente en algunos decisores de nuestras AAPP: su creencia de que cualquiera vale para cualquier cosa. Frente a los principios constitucionales de mérito y capacidad que deben estar presentes en los servidores públicos si son funcionarios y que merecen estarlo si son altos cargos, la práctica se ha desviado de la selección de los mejores para desembocar en la utilización abusiva de los criterios de confianza personal y política en la provisión de un creciente número de puestos. Una perversión que ha erosionado la confianza profesional y su relación con las exigencias del cargo como base para la selección del personal que ocupa posiciones de dirección y mayor responsabilidad en las AAPP.
De esta perniciosa orientación ha dado muestra la Generalitat Valenciana. Perniciosa, porque contribuye a justificar, con el inextricable comodín de “político/a”, a quienes son designados sin saberes ni experiencia ajustada al desempeño que se les encomienda; porque la buena política sufre cuando la selección de personal se fundamenta en relaciones de amistad y fidelidad. Una suerte de caciquismo cuyas consecuencias se agravan cuando el cargo público asume prácticas alimentadas por la frivolidad, la ignorancia de las reglas de juego internas de las AAPP o el desconocimiento en la gestión de los recursos a su disposición.
Sólo desde esa visión primitiva de la política puede entenderse que el presidente de un gobierno reinterprete sus prioridades y se dedique al casting de un director de la televisión, -cuando existen órganos y profesionales específicos para ello-, mientras el diluvio se desploma sobre el pueblo al que ha jurado proteger. O que se practique un estilo de gobernar que, impregnado de arrogancia, considera la experiencia personal sobre la climatología más creíble que las alertas rojas proporcionadas por los expertos que trabajan con modelos científicos.
III. Circunstancias como las anteriores intensifican su toxicidad cuando el estilo de gobernar se sumerge en el tacticismo. Cuando el corto plazo constituye el horizonte último del responsable público. Un cortoplacismo que observa la realidad por la ventana del día a día, improvisando respuestas, cambiando sin rubor de dirección y echando las culpas al otro (ya sea administración, adversario parlamentario, organización civil o sectores sociales disconformes). Una interpretación de lo que sucede que, además de estrecha y prejuiciosa, reacciona con negaciones, pereza o identificación con intereses particulares cuando se trata de prever y actuar sobre riesgos como la creciente frecuencia y virulencia de las DANAS en nuestro Mediterráneo.
IV. De igual modo, el mal gobierno se amplía cuando los actores principales de las administraciones se sienten llamados a anular obligadamente las decisiones de quienes les precedieron para marcar lo que llaman, pomposamente, “un estilo político propio”. Desde esta abstrusa lógica no sorprende que la creación de una fuerza autonómica de respuesta a las emergencias fuese despreciada por el gobierno del president Mazón al considerarla “un chiringuito”. Algo que calibra la importancia otorgada a aquello que por fortuna no se ve cotidianamente, pero que ayuda a salvar vidas en los momentos críticos.
No sabremos nunca lo que podría haber dado de sí la Unidad Valenciana de Emergencias impulsada por el president Puig tras la DANA de la Vega Baja; pero hubiera permitido, como mínimo, alumbrar un Estado Mayor de Emergencias que observara fenómenos como la DANA del 29 de octubre desde equipos permanentes con saberes multidisciplinares, -meteorología, geografía, ingeniería, psicología social y comunicación, logística, telecomunicaciones…-. Un órgano proactivo de asesoramiento en tiempo real para el CECOPI que demandara información en lugar de esperarla y que sintetizara coherentemente, en forma de diagnósticos preventivos, toda la información analizada (incluida la procedente del 112, protección civil-ayuntamientos, CHJ, AEMET y Guardia Civil). Un órgano para ayudar a la coordinación real de las administraciones implicadas: la coordinación que existe cuando no hace falta dar muchas órdenes porque cada cual ya sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Una coordinación importante por arriba y aún más por abajo, sobre el terreno, para que no exista duplicidad de medios en algunos lugares y dolorosas ausencias en otros.
V. Lo cierto es que, sumados los factores coyunturales y estructurales arriba mencionados, la credibilidad de la Generalitat Valenciana ha experimentado un fortísimo golpe. Lo ratifican los 130.000 manifestantes de València y el recibimiento dispensado a los Reyes y a los presidentes en Paiporta: sí, había mucha rabia acumulada, pero también el virus de la animadversión hacia las instituciones. Y no sirve de consuelo sacudir los flecos y responsabilidades del gobierno central porque ello no evita que la DANA tuviera como víctima a una buena parte de la provincia de València: que fuera aquí y desde la Generalitat donde cabía esperar una primera y ágil reacción preventiva y una capacidad resolutiva firme en la activación de los medios de salvamento y en la posterior movilización de los medios, propios y ajenos, para la atenuación de los perjuicios básicos que soportaban los afectados. Visto lo visto, resulta más que doloroso, para quienes hemos vivido la Generalitat desde su etapa pre-autonómica, que algunos opinantes de los media la clasifiquen ahora entre las caquistocracias, esto es, entre las entidades políticas gobernadas por los peores.
VI. Ante la pérdida de confianza en la Generalitat, y particularmente en su president, la reacción más vistosa de éste ha consistido en nombrar vicepresidente del Consell a un teniente general retirado para que lidere la recuperación. Una reacción clásica de cierta forma de gobernar, nuevamente táctica, que busca a un “hombre fuerte” para disimular la propia debilidad. Ello no desmerece los méritos del general encargado de capitanear la respuesta a los daños de la DANA, que son abundantes y valiosos. Pero tampoco impide señalar que su elección erosiona la consideración de la Generalitat como administración eficaz dotada de los mejores responsables, como se dijo en su momento. Un hecho que conduce a profundizar la degradación reputacional que ya creíamos superada tras el tsunami de la corrupción.
VII. La designación del general Gan Pampols también añade un elemento de incertidumbre a la vista de sus propias declaraciones, en las que contempla su labor como meramente técnica y aislada de la política. Ello no es ni puede ser así: no hablamos de la mejor forma de construir un puente, sino del establecimiento de un plan de recuperación con sus correspondientes programas sectoriales y presupuestarios. Un plan que exigirá la fijación de prioridades, una estrecha relación con otras administraciones que actúan sobre el territorio y la consecución de financiación de la administración central y de la Generalitat que, aunque necesariamente menor, obligará a replantear su política de rebajas fiscales. Y bien sabemos que la determinación de prioridades, la coordinación de administraciones y la obtención de recursos económicos no se generan únicamente en el espacio técnico, sino también, y mucho, desde el político.
Un espacio que incluye, como es propio de una democracia, la dación de cuentas y la aprobación de las Corts Valencianes. Que incluye asimismo, desde el lado de la política, la pacificación de las relaciones con el gobierno de España: no se puede pedir a éste 31.400 millones de euros apresuradamente estimados y, al mismo tiempo, mimetizarse con el maniqueísmo desgarrador que destila Madrid D.F.; la elección es clara: o el enfrentamiento político polarizador o una solidaridad con los afectados cimentada sobre la concordia entre gobiernos, para que superen su sufrimiento cuanto antes y las instituciones recuperen la confianza ciudadana. Ésa es la cuestión a la que también tendrá que hacer frente el nuevo vicepresidente del Consell con el (esperemos) imprescindible, firme y continuado respaldo del señor Mazón.