La nueva Ley de Industria mantiene la figura de los Perte más allá de los fondos europeos

VALÈNCIA (EFE). Los Perte, proyectos de carácter estratégico surgidos a raíz de los fondos destinados por Europa para reparar los daños provocados por la pandemia, pasarán de ser una herramienta meramente coyuntural a un instrumento de política industrial reconocido por la normativa española.

Es una de las novedades que introduce el anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, desde este martes en trámite de audiencia pública, que incorpora las bases para establecer, por primera vez, una hoja de ruta a seis años con las líneas generales de esta actividad, que se plasmará en un plan estatal a tres años con los programas concretos, medidas, recursos y procedimientos.

En su elaboración tendrá un papel relevante el nuevo Consejo Estatal de Política Industrial, que nace como órgano consultivo y de asesoramiento para la coordinación entre ministerios.

En concreto, participará en la elaboración de esa hoja de ruta, que se denominará Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica; coordinará las actuaciones de la Administración General del Estado en el desarrollo el plan estatal e informará de las propuestas de mejora de procesos administrativos.

Fuentes del Ministerio de Industria y Turismo apuntan a una Estrategia de país con horizonte 2030, que involucre a todos los actores, desde públicos a privados, de las comunidades autónomas a los agentes sociales y a todas las carteras del Gobierno. Por su parte, el primer plan estatal se extendería hasta 2027.

Proyectos industriales estratégicos

Entre las líneas rojas del documento destacan propiciar un entorno favorable para el desarrollo de la iniciativa industrial y la cooperación empresarial, y fomentar la industrialización y reindustrialización de España, para, en suma, volver a recuperar el orgullo de la industria manufacturera, apuntan las mismas fuentes.

En este marco se institucionalizan y regulan los proyectos industriales estratégicos, que deberán cumplir, al menos, con uno de estos criterios: un volumen de inversión relevante, ser empresas que cuentan con una certificación para la autonomía estratégica o facilitar una solución en un proceso de reindustrialización.

Su declaración permitirá beneficios como la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos estatales, reduciendo a la mitad los plazos; habilita la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva, así como una tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

No hay que confundirlos con los Perte, a los cuales la futura normativa reconoce como una medida estructural, no coyuntural, de política industrial y deberán de enmarcarse en, al menos, un ecosistema estratégico con seguimiento periódico, posibilidad de concesión de ayudas sin concurrencia competitiva y donde se trabajará en simplificar los permisos administrativos.

Los Perte tendrán futuro más allá de los fondos europeos

En su artículo 31, el anteproyecto de ley anuncia que podrán reconocerse nuevos Perte "más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España".

Todo "con el fin de promover la ejecución de proyectos tractores basados en la colaboración pública-privada que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía española".

En la práctica, significa que esta herramienta pervivirá incluso cuando finalice el programa de fondos europeos del Plan de Recuperación, lo que, con independencia de su posible prórroga, se prevé para 2026, aunque queda por ver de dónde procede su dotación.

Además, los sectores beneficiarios -actualmente hay aprobados más de una decena, siendo el más sonado el del Vehículo Eléctrico y Conectado o VEC- pueden cambiar en el futuro en función de las necesidades que recoja la Estrategia en vigor.

Mesas de reindustrialización

En el articulado aparece una nueva regulación para la ordenación de los procesos de reindustrialización, que permite explorar, evaluar y articular medidas que faciliten la adopción de decisiones y un seguimiento sobre un determinado plan ante la pérdida significativa de recursos o productos considerados de primera necesidad o estratégicos.

Lo mismo aplica si hay una pérdida significativa de capacidad industrial, esto es, si se produce una reducción de más de un 65 % de la capacidad de producción en un mismo centro de trabajo y/o de 500 personas o más de la plantilla o una reducción de 750 personas o más en el caso de un conjunto de empresas.

La empresa afectada deberá comunicar con nueve meses de antelación, como mínimo, su situación de cierre previsto o de reducción de actividad ante la Secretaría de Estado de Industria para que pueda iniciarse este proceso.

La Mesa de Reindustrialización será el órgano donde negociarán los representantes de los trabajadores, la empresa y las administraciones públicas involucradas, como ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado.

Para preservar el tejido industrial, el texto establece la obligación de los beneficiarios de ayudas públicas de mantener la actividad durante un periodo determinado de tiempo, que variará atendiendo al tamaño de la empresa en cuestión.

Así, los beneficiarios de ayudas computados a nivel de grupo empresarial que en el conjunto de las Administraciones Públicas superen los seis millones de euros en los últimos cinco años, deberán mantener la actividad, al menos, durante cinco años si es gran empresa, tres si es mediana y dos si es pequeña.