VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido a un empresario y ha practicado varios registros en una macrooperación policial dentro del caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por el presunto cobro de comisiones derivadas del amaño de dos adjudicaciones, el plan eólico y las ITV.
Además de la detención, la magistrada instructora ha ordenado diferentes registros entre los que se encuentra el de la casa de Fernando Castelló Boronat, exconseller de Industria de Zaplana y exsecretario de Estado en el gobierno de José María Aznar, al que los investigadores vinculan con el amaño de una de las adjudicaciones bajo sospecha.
Las fuentes consultadas por Valencia Plaza informan de que el detenido pasará este jueves a disposición judicial. Lo que está por determinar es si la declaración se efectuará en València o bien por videoconferencia en la ciudad en la que ha sido detenido.
Esta operación se ha desarrollado principalmente en València y Madrid, aunque también en otras ciudades, y se enmarca dentro de la nueva pieza declarada secreta por la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 que instruye la causa contra el expresidente. El nuevo secreto de sumario se decretó tras recibir varios informes de la UCO.
Según han confirmado a Efe fuentes próximas a la investigación, el registro que afecta al exconseller Castelló está relacionado con la búsqueda de documentación relacionada con la adjudicación del Plan Eólico valenciano, una de las piezas clave de la causa, declarada secreta, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.
El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
Fernando Castelló fue conseller de Industria cuando se puso en marcha en 2003, por parte del Gobierno valenciano, el Plan Eólico autonómico, y ese mismo año fue nombrado, con Zaplana como ministro de Trabajo, secretario de Estado de Seguridad Social y consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, a propuesta del PP.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, a Eduardo Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana; los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Asimismo están imputados el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
Los investigados están acusados por diferentes delitos como prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.