FOTO: INMA CABALLERVALÈNCIA (EFE). El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha informado este martes de que ocho funcionarios de diferentes Administraciones de la Comunitat Valenciana han solicitado acogerse al estatuto del denunciante tras revelar posibles casos de corrupción.
Llinares ha presentado en la comisión de Economía de Les Corts la Memoria de la agencia correspondiente al ejercicio de 2017, durante el cual la agencia dispuso de personal solo en el último trimestre.
El año pasado la Agencia recibió 35 denuncias (el 6 % de ellas anónimas) que han dado objeto a otros tantos expedientes, y aprobó una resolución de protección a un funcionario, un secretario-interventor de Administración local, según ha detallado Llinares.
Hasta la fecha no se ha aprobado ningún expediente sancionador (la Agencia puede aplicar multas de hasta 400.000 euros), si bien Llinares ha lamentado actitudes "no especialmente positivas" por parte de ciertas Administraciones a las que se ha pedido información, unos hechos que quedarán reflejados en la próxima memoria.
El diputado del PP Luis Santamaría ha preguntado si la Agencia Antifraude investiga al exalcalde de Gandia y asesor del president de la Generalitat, Ximo Puig, José Manuel Orengo, en relación a la puesta en marcha de la Fundación CICAL o a determinados "pagos a abogados con los que el PSPV tenía deudas", entre otros asuntos.
Llinares ha respondido que, por el momento, no han abordado ningún asunto de oficio, a pesar de que él piensa que los casos mencionados por Santamaría "son materia de la Agencia", pero se deberá esperar a "estar a pleno rendimiento" para abrir investigaciones sin que medie denuncia.
"Se pueden plantear como denuncia, y las propias Corts pueden reclamar a la Agencia que intervenga", ha planteado Joan Llinares.
En su intervención en la comisión, Llinares ha explicado que "los primeros meses de actividad se dedicaron a los elementos básicos de cualquier persona jurídica, porque la agencia no existía a efectos fiscales, no estaba dada de alta en la Seguridad Social ni en el registros de las entidades públicas, ni tampoco tenía presupuesto".
La entrada de personal se hizo a partir del 15 de octubre, ha explicado Llinares, quien ha lamentado: "A finales de noviembre trabajábamos unos siete funcionarios en un despacho de doce metros cuadrados y a finales de año seguíamos sin sede".
Sobre el presupuesto de 1,5 millones de euros que asignó Les Corts a esta agencia, Llinares ha explicado que "ha sido imposible de ejecutar", y apenas ha podido gastar un 10 %, de modo que el resto "ha regresado a las arcas de la Generalitat".
"El inicio ha sido ir salvando un problema tras otro. Se han perdido recursos por parte de personas que deberían haber estado haciendo su trabajo, y eso da cierta sensación de ineficiencia. En 2017 hemos hecho lo que hemos podido", ha agregado.
Respecto al funcionamiento de la agencia, ha advertido de que "habrá que hacer mucha pedagogía" respecto a la apertura de las Administraciones cuya actividad ha de ser objeto de examen por parte de la Agencia Antifraude, ya que "algunas acciones han generado sorpresas y alguna que otra actitud no especialmente positiva".
Llinares ha explicado que algunos de los funcionarios que han integrado la Agencia en sus primeros meses de funcionamiento han regresado a sus puestos anteriores y que otros ya han informado de que no participarán en los concursos para cubrir de forma definitiva la plantilla.
Preguntado por Hervé Falciani, ha confirmado que sigue colaborando con la Agencia de forma altruista, en el desarrollo de un programa de "trazabilidad de la contratación pública, por sus conocimientos en ingeniería informática".
Por último, ha expresado su voluntad de tener este organismo "a pleno rendimiento" en verano y ha insistido en que la ubicación "ideal" para la Agencia Antifraude habría sido "los locales decomisados a la trama de Cooperación", ubicados en la avenida Ausias March de València.
