Alberto Aznar, director del EVha. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. (EFE) La Generalitat ha detectado un aumento de ocupaciones irregulares en viviendas públicas durante las semanas de confinamiento debido a la covid-19, algunas de ellas, incluso, con estancias acondicionadas para el cultivo de plantaciones ilegales.
Ante esta situación, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha advertido, en un comunicado, de que la Generalitat "va a tener tolerancia cero frente al uso fraudulento e ilícito de viviendas públicas".
Durante este tiempo, la Vicepresidencia Segunda, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha mantenido su servicio de inspección activo para atajar las agresiones al parque público y ha intensificado la colaboración policial para evitar el uso fraudulento de las viviendas públicas y los daños al patrimonio.
"No podemos permitir que las viviendas se utilicen fraudulentamente y se cometan actos delictivos en su interior y por ello estamos utilizando los medios de que disponemos para impedir estas situaciones, trabajando conjuntamente con las fuerzas de seguridad y denunciando los hechos ante la Justicia", ha remarcado Martínez Dalmau.
Del mismo modo, ha asegurado que la Administración autonómica "debe ser contundente ante este tipo de hechos para que no exista la sensación de impunidad, de que se trata de zonas al margen de la ley en las que pueden hacer lo que quieran, machacando los derechos de muchas otras personas".
Durante las semanas de confinamiento, la Generalitat ha registrado varios incidentes en viviendas públicas de distintos municipios que iban a ser reparadas para entregarlas a familias en situación de vulnerabilidad.
Recientemente en Alcoi (Alicante), cuando se estaba procediendo a la inspección de dos viviendas solicitadas de manera urgente por el Ayuntamiento, se descubrió en su interior una plantación clandestina de marihuana.
Ahora, una vez recuperadas, la Generalitat se ve obligada a afrontar reparaciones por un importe aproximado de 40.000 euros para poder ofrecerlas en condiciones de habitabilidad a las familias adjudicatarias.
Al problema del uso delictivo hay que sumarle los casos de incendios en las viviendas provocados por la manipulación de las redes eléctricas para acceder al suministro ilegalmente.
Este problema que se hace extensivo a todas las ocupaciones irregulares de viviendas, ya que van acompañadas de conexiones ilícitas a la red, poniendo en peligro la seguridad de todos los vecinos y vecinas.
Hace unos días, cuando personal técnico de EVha inspeccionaba viviendas en Alberic (Valencia) acompañado por la Guardia Civil, detectaron que diez inmuebles estaban ocupados ilegalmente, por lo que inmediatamente se interpuso una denuncia.
Otro de los casos es una vivienda de Elx (Alicante) que, para evitar su ocupación reiterada y poder repararla, se colocó una puerta antivandálica, que a los tres días de su instalación ya había sido arrancada, y en Paterna (Valencia) una de las viviendas que estaba previsto reparar ha sido ocupada.
Ante este tipo de situaciones, el vicepresidente ha reiterado su compromiso de luchar para acabar con estas ocupaciones ilegales, ya que "vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes e impiden la rehabilitación del inmueble", además de suponer "un riesgo para el ocupante y el resto de vecinos y vecinas"
