VALÈNCIA (VP). La Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita a la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha presentado al Consell el Informe anual correspondiente al ejercicio 2021 relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cuanto a incompatibilidades y conflicto de intereses de personas con cargos públicos no electos.
El informe incorpora la información contenida en el Registro de Control de Conflicto de Intereses (RECI) relativa al número de personas obligadas a presentar las declaraciones de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, además del número de declaraciones formuladas y las personas a las que corresponden.
Asimismo, incluye información sobre el número de resoluciones en materia de compatibilidad e incompatibilidad, sobre la aplicación del régimen sancionador y sobre otras incidencias o hechos relevantes, como comunicaciones de abstención, inhibición y recusación.
El informe pone de manifiesto que las personas obligadas a presentar las declaraciones de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales durante 2021 ascendieron a 327 y se formularon un total de 774 declaraciones. De ellas, 319 personas la presentaron en plazo, tres no lo habían hecho o fueron descartadas, mientras que cinco todavía estaban dentro del plazo previsto a 31 de diciembre.
En cuanto a las resoluciones dictadas reconociendo la compatibilidad de la actividad pública con otras actividades, han sido 81, mientras que no se ha dictado ninguna resolución declarando la incompatibilidad. La OCCI tiene que emitir resolución de compatibilidad después del nombramiento, en el momento del cese y durante los tres años posteriores, si se produce alguna modificación en las declaraciones presentadas al cese.
A su vez, señala que la Oficina de Control de Conflicto de Intereses inició 46 expedientes de verificación, de los que 40 fueron en cumplimiento del Plan de Control, cinco por iniciativa propia; y uno por denuncia. Todos ellos se archivaron excepto uno que se encontraba en tramitación a la fecha de cierre del informe. En ninguno de los casos se ha abierto ningún expediente sancionador. El único expediente iniciado por denuncia acabó en archivo.
También se iniciaron dos expedientes sancionadores por no haber presentado la declaración en plazo, un defecto que se puede subsanar.
Por último, el pasado ejercicio se comunicaron un total de una abstención, dos inhibiciones y ninguna recusación por parte de las personas con cargo público.
Para complementar la labor ordinaria de verificación, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses ha aprobado por segundo año un plan de control para comprobar si las declaraciones formales presentadas se ajustan al contenido material de sus disposiciones.
En caso de discordancia, es el motor para activar el desarrollo de las acciones previstas en la ley, que van desde el requerimiento hasta la proposición de apertura de expedientes sancionadores.
Para ello, se han seleccionado 40 personas de manera aleatoria, aunque aplicando criterios de ponderación como la antigüedad en el cargo o la posición jerárquica, entre otros.
La Oficina de Control de Conflicto de Intereses da cumplimiento a la obligación recogida en la ley 8/2016 de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos y el decreto que la desarrolla de elevar anualmente al Consell un informe, que será remitido a les Corts, sobre la información contenida en el Registro de Control de Conflictos de Intereses.