VALENCIA, (EP). El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ya ha iniciado las comparecencias de testigos para determinar posibles irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. El expresident de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, es el que abre el turno de comparecencias, que se prolongarán hasta el 22 de febrero.
Trece personas declararán como testigos, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios.
Estas citaciones se enmarcan en la investigación abierta al expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Cultura Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Los primeros testigos en declarar serán, hoy, el expresident de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, y el empresario Fernando Roig, socio de Valmor, la empresa privada constituida por él, Aspar y Bancaja, encargada de gestionar la Fórmula 1 en Valencia.
El 28 de enero ha sido citado el expiloto Adrián Campos y la jefa de Relaciones Institucionales y Protocolo del Circuito, Natalia Meneu.
El 1 de febrero deberá comparecer el ex secretario autonómico de Hacienda, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y actual concejal del PP en Valencia, Eusebio Monzó.
El 8 de febrero han sido citado el exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos Nicolás Figueras y el exjefe de gabinete de Camps, Pablo Landecho; el día 15 la ex directora general de Organización en Presidencia Henar Molinero y el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos Luis Lobón; y el día 22 la exdirectiva de Proyectos Temáticos Belén Reyero.
El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra Camps, Johnson y "Aspar", meses después de que Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de Valmor ante la Fiscalía.
La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.
El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia asumió esta investigación tras la pérdida de aforamiento de Camps una vez disuelto el Parlamento valenciano, del que hasta entonces formaba parte como diputado autonómico.
El Gobierno valenciano ha acordado personarse como acusación particular en esta causa, al entender que ha podido haber "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la hacienda pública valenciana, y se puede desprender que "se han producido perjuicios económicos" para la Generalitat.
