José Luis Olivas, en la Ciudad de la Justicia de ValenciaMADRID/VALENCIA (EP). El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha acordado desbloquear las cuentas bancarias del expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja José Luis Olivas (PP) con el fin de que pueda disponer de 3.500 euros mensuales para gastos personales, según fuentes jurídicas.
El magistrado ha acordado esta medida a petición de la defensa del que fuera vicepresidente de Bankia y contra el criterio de la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, que era partidaria de permitirle solo disponer de 648 euros al mes, cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional, según la Cadena Ser.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga a Olivas por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental, cometidos en la concesión de préstamos supuestamente fraudulentos por parte de Bancaja y Banco de Valencia al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar inversiones inmobiliarias en México.
Olivas, que está siendo también investigado por su gestión en Banco de Valencia --entidad que fue rescatada con 4.500 millones y acabó siendo vendida por un euro a CaixaBank en noviembre de 2012-- y por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, fue puesto en libertad el pasado 1 de julio tras declarar por la 'operación Coral'.
Se le investiga por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, entre otros
El magistrado le impuso entonces la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio, tras interrogarle por los créditos que Bancaja y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones en el Caribe.
Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad señala que Bancaja Habitat asumió un riesgo en concepto de financiación que ascendió a 597,24 millones de dólares (sobre un total de 784,41 millones de dólares), de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares.
El riesgo que permanecía vivo en esas fechas "como consecuencia de la gestión de los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat" en relación con los préstamos concedidos a Grand Coral alcanza los 467,17 millones de euros. Esta financiación ha tenido que ser provisionada por un importe de 292,84 millones.
operaciones aprobadas con Olivas causaron un "obvio perjuicio económico" a Bancaja Habitat
Estas operaciones, según la entidad, provocaron un "obvio perjuicio económico" a Bancaja Habitat que se tradujo en "un notorio beneficio económico para" los socios industriales del Grupo Grand Coral, en referencia a Ferri y Baldó.
Durante la presidencia de Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados "dudosos por razones de morosidad" desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad "no cumplía con las normas" del Banco de España.
Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo "la refinanciación y reagrupación de la deuda viva" de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.
El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por "la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones".
El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.
