José Luis Olivas. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. "No me informaron", "no tuve conocimiento", "yo no sabía nada"... José Luis Olivas defendió este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que, a pesar de presidir el Banco de Valencia, no conocía los problemas que condujeron a su nacionalización porque no tenía funciones ejecutivas y era el consejero delegado, Domingo Parra, quien controlaba la gestión.
El desconocimiento de la delicada situación en la que se encontraba la entidad financiera fue, según explican fuentes presentes en el interrogatorio, el eje argumental de la declaración de Olivas ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la denuncia contra el antiguo consejo de Banco de Valencia como presuntos responsables de un delito de falsedad contable.
Olivas, quien también ocupaba la presidencia de Bancaja y la vicepresidencia de BFA-Bankia, estuvo al frente del Banco de Valencia hasta el 28 de octubre de 2011, cuando dimitió de forma inesperada amparándose en que las normas de gobierno corporativo de la entidad recomendaban mantener la independencia entre bancos. La renuncia llegó cuando ya acumulaba ocho meses compaginando ambos cargos.
En esas fechas el Banco de Valencia ya atravesaba enormes problemas de solvencia y liquidez desde hacía meses que condujeron a su intervención por parte del FROB el 21 de noviembre de ese año, un día después de que se celebrasen elecciones generales.
Olivas declaró este miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa que él no tenía funciones ejecutivas en el Banco de Valencia y que ni siquiera tenía despacho. Al contrario, subrayó que el control lo ejercía el consejero delegado, Domingo Parra, quien también salió de la entidad en 2011 tras diecisiete años en el cargo.
Olivas admitió, según las fuentes consultadas, que sabía que existían ciertas tensiones con la inspección del Banco de España, pero la información que le llegaba era tranquilizadora. Como ejemplo puso el pago de dividendo en 2010 con cargo a acciones propias, autorizado por el Banco de España porque no afectaba a la solvencia.
El expresidente de la entidad aseguró también que no tuvo conocimiento de las reuniones que el consejero delegado mantuvo con los inspectores del Banco de España en los meses previos a la intervención. El consejo, por su parte, no tuvo información delas inspecciones del supervisor o la tuvo muy de pasada, relataron las mismas fuentes.
Olivas sostuvo que su desconocimiento de los reparos del Banco de España a las cuentas de la entidad por su nivel de provisiones era absoluto y también declaró al juez que no era consciente de que se hubieran presentado datos falsos a la junta de accionistas del banco.
La declaración de Olivas forma parte de los interrogatorios que está realizando el juez Santiago Pedraz como parte de la investigación de la conocida como pieza principal abierta tras la denuncia del FROB por la gestión en Banco de Valencia. Para este jueves está prevista la declaración como investigado de Domingo Parra.
El magistrado declaró compleja esta causa a instancias de la Fiscalía y amplió la fase de instrucción hasta el 6 de junio. Pedraz consideró "sin duda esenciales" las diligencias pendientes y justificó su decisión en que el número de investigados asciende a "más de veinte, todos pendientes de prestar declaración con asistencia letrada", la "ingente" cantidad de perjudicados y la exigencia de pericias que implicarán el examen de abundante documentación.
La Fiscalía solicitó declarar compleja la causa debido a que "se ha tenido que entrar de lleno en la revisión de la gestión de una persona jurídico privada de las dimensiones del Banco de Valencia". La Abogacía del Estado y la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) se adhirieron a su solicitud.
Pedraz amplió en noviembre de 2013 la imputación de los trece antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.
La medida afectó, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.
Pedraz, que adoptó esta decisión en la pieza principal en la que investiga el Banco de Valencia, se basó en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 señaló que los catorce imputados "deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la Inspección del Banco de España.
Este organismo detectó en 2009, según recogía el informe de la IGAE, "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros".
A juicio de Pedraz, resulta "pertinente y necesario" ampliar la imputación de falsedad contable al ejercicio de 2010 "en el supuesto de que los cálculos del Banco de España sean los concrectos o si existe un error en la cobertura genérica considerada y el efecto negativo en resultados es superior al señalado".
El expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, ha sido recientemente procesado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu junto a Rodrigo Rato y otros 32 exadministradores de Bankia en la investigación de la salida a Bolsa de la entidad. Se les imputan delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.
Además, Olivas fue condenado a un año y medio de prisión y a una multa de 151.800 euros por emitir, a través de su empresa Imarol S. L. una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones.
La entrega del dinero, "cuya causa y finalidad se desconece" según recoge la sentencia, la efectuó el empresario Vicente Cotino, a través de su empresa Sedesa Inversiones, que también ha sido condenado a la misma pena por computar ese pago (500.000 más 80.000 euros de IVA) como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades y "reducir de forma fraudulenta la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2008" dejando así de ingresar a la Hacienda Pública 150.000 euros.
